PoloSur
La política, comunicada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se basa en la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite la negación de ingreso a extranjeros cuyas actividades puedan tener consecuencias adversas para la política exterior estadounidense. Además, se implementó una designación pública contra el fiscal general boliviano Roger Mariaca, en virtud de la sección 7031(c) de la ley de asignaciones de 2026.
Esta iniciativa se enmarca dentro de los compromisos adquiridos en la Cumbre de Doral y reafirmados el 22 de septiembre en una declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas. Según el gobierno estadounidense, este mecanismo busca coordinar sanciones y restricciones de viaje contra aquellos individuos que, según su evaluación, socavan la seguridad y las instituciones democráticas en la región.
La decisión no implica una prohibición general de ingreso ni afecta a todos los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, sino que se dirige a personas específicas que han comprometido la integridad de gobiernos democráticos. En este contexto, se revocarán visas ya emitidas y se declarará la inelegibilidad para quienes no cuenten con una visa vigente, lo que también se extiende a sus familiares inmediatos.
En Bolivia, se registraron 12 casos de ciudadanos afectados, incluyendo fiscales, jueces y un exministro, mientras que en Colombia se revocaron visas a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y al empresario Euclides Antonio Torres Romero. La comunicación oficial no detalla si los implicados recibieron notificaciones previas ni los mecanismos para solicitar revisiones de las restricciones impuestas.
Fuente original: Infobae América.
