PoloSur
Maricarmen, inquilina de un piso de 92 metros cuadrados en el barrio de Retiro, en el centro de Madrid, fue desalojada el pasado miércoles tras no poder hacer frente al incremento del alquiler exigido por la empresa propietaria del inmueble. Después de un prolongado proceso judicial que culminó en un fallo a favor de la empresa, el desalojo se llevó a cabo en el cuarto intento.
La anciana, que presenta movilidad reducida y una discapacidad del 50%, fue evacuada en camilla y trasladada a un hospital. Posteriormente, decidió alojarse con familiares. Fuera del edificio, un grupo de activistas se reunió para intentar frenar el desalojo, brindando su apoyo a Maricarmen y denunciando la difícil situación del acceso a la vivienda en España, caracterizada por el aumento de los precios de los alquileres.
La situación de Maricarmen también ha puesto en evidencia los contratos de renta antigua, que fueron firmados hace décadas y que están sujetos a normativas especiales sobre el precio del alquiler y su transmisión a familiares. La octogenaria ocupó el apartamento de la calle Alcalde Sainz de Baranda desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Tras su fallecimiento, su esposa continuó como inquilina, y tras su muerte en 2005, el contrato pasó a Maricarmen.
Maricarmen pagaba un alquiler de 500 euros al mes, una cifra notablemente inferior al precio de mercado actual, especialmente en una zona tan privilegiada de Madrid. Aunque la ley permitió que algunos contratos antiguos permanecieran vigentes, el Tribunal Supremo determinó que el contrato de Maricarmen no podía extenderse indefinidamente debido a que se trataba de una segunda sucesión. En 2018, la propiedad fue vendida a la empresa Renta Corporación, que en 2020 ofreció a Maricarmen la opción de comprar el piso por 247.000 euros, una suma que ella no pudo asumir.
Fuente original: BBC Mundo.
