PoloSur
De acuerdo con el análisis realizado por el Instituto Consenso Federal, los fondos fiduciarios del Estado nacional presentan excedentes no utilizados que alcanzan aproximadamente los u$s4.000 millones entre 2024 y 2026. Este informe, liderado por Alejandro “Topo” Rodríguez, señala que una parte significativa de estos recursos no se ha destinado a los fines específicos para los cuales fueron creados, sino que han sido redirigidos a inversiones financieras bajo la dirección del ministro Luis Caputo. Esto se produce en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei enfrenta críticas por la verdadera efectividad de su estrategia de equilibrio fiscal.
El informe se basa en los datos de la “Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”, proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía. Según los hallazgos, el superávit de los fondos fiduciarios en 2024 fue de u$s2.030 millones, mientras que para 2025 se reportó un excedente de u$s973 millones. A esto se suma un superávit de u$s239 millones en el primer trimestre de 2026, lo que, proyectado anualmente, sugiere un excedente de u$s956 millones.
El informe destaca que, a pesar del compromiso inicial del Gobierno de eliminar fideicomisos públicos por más de u$s2.000 millones, los fondos fiduciarios que permanecen activos han continuado acumulando recursos que sobrepasan sus gastos. La crítica principal no solo se centra en la existencia de estos superávits, sino en la dirección en la que están siendo utilizados. El Instituto indica que parte de los fondos no se han ejecutado según su asignación específica y han sido desviados hacia inversiones financieras.
Entre los fideicomisos analizados se encuentran el Fondo Fiduciario Sistema de Infraestructura del Transporte, el Fondo de Infraestructura Hídrica y el Fondo Fiduciario Pro.Cre.Ar, entre otros. Uno de los aspectos más alarmantes que resalta el informe es la situación de las rutas nacionales, donde se evidencia una “desinversión” vinculada al manejo de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Aunque el Gobierno ha recaudado este impuesto de manera constante, no habría destinado todos los fondos a los fines establecidos por la ley.
Finalmente, Rodríguez cuestiona la estrategia del Gobierno de transferir la administración de rutas a las provincias sin proporcionarles los recursos necesarios para su mantenimiento. Además, advierte que la lógica de no ejecutar recursos para generar superávits podría estar presente en el Fondo de Descuentos en Gas por Zona Fría, lo que sugiere un enfoque similar en la gestión de fondos fiduciarios. Con esta situación, se plantea un interrogante sobre la verdadera intención del Gobierno para alcanzar un equilibrio fiscal sostenible.
