PoloSur
La reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia confirma que Argentina deberá cumplir con el laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que en 2017 ordenó al país abonar 320 millones de dólares, más intereses y honorarios legales, tras la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. A medida que el tiempo ha pasado y el fallo no ha sido ejecutado, la suma total a pagar ha crecido, alcanzando casi 391 millones de dólares.
Titan Consortium, que heredó la demanda del grupo español Marsans, inició el proceso tras la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral. En este contexto, el fondo Burford Capital también estuvo involucrado en litigios relacionados, incluyendo la expropiación de YPF, antes de que el caso fuera transferido a Titan Consortium. A pesar de los argumentos presentados por el gobierno argentino sobre la prescripción del reclamo, tanto el tribunal de primera instancia como la Corte de Apelaciones han rechazado esta postura, permitiendo que el proceso legal continúe.
La situación se complica aún más, ya que Titan Consortium busca la autorización de la justicia estadounidense para identificar y ejecutar activos argentinos en varios estados del país, en caso de que el gobierno no muestre disposición para realizar el pago. Entre los activos que podrían ser objeto de interés se encuentran las garantías de los Bonos Brady, depositadas en la Reserva Federal de Nueva York, considerados como uno de los bienes soberanos más significativos en suelo estadounidense.
Este fallo representa un nuevo golpe para Argentina en el ámbito judicial internacional, sumándose a otros litigios en curso por laudos impagos del CIADI, lo que pone de manifiesto la complejidad de las relaciones entre el país y sus acreedores en el exterior. La decisión también reactiva el caso Webuild, que había quedado en espera a la resolución del conflicto por Aerolíneas Argentinas.
