Las 26.900 balas de goma que se encontraron en poder de la Policía de Bolivia pertenecen a un lote de 91.750 cartuchos que compró en 2018 el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich para la cumbre del G20. Los balines, que evidentemente no se usaron durante el encuentro que se realizó en Buenos Aires, terminaron exactamente un año después en poder de las fuerzas que derrocaron a Evo Morales. El hallazgo de esas municiones y las otras pruebas que aportó el gobierno nacional en la última semana están siendo analizadas por el fiscal Claudio Navas Rial, quien la semana próxima decidirá si amplía la imputación a otros funcionarios o integrantes de las fuerzas de seguridad o fuerzas armadas. Desde Zurich, Mauricio Macri, ya imputado por contrabando agravado, presentó un escrito en el expediente en el que repetía un guión conocido: que es víctima de una persecución. Lo curioso es que designó como su abogado a Pablo Lanusse, que es quien le cuida las espaldas en las causas vinculadas al espionaje durante su gobierno.
En el macrismo empezó a subir la preocupación por la investigación. Hubo reuniones, llamados y agitación en los últimos días. Macri estampó su firma en el escrito que deja el asunto en manos del exfiscal Lanusse, que es quien diseña su estrategia defensiva en las causas sensibles que empezaron a aflorar en el último año. La preocupación del letrado no es nueva. Horas después de que este diario dio a conocer la carta de la Fuerza Aérea Boliviana que agradecía la recepción de 40.000 balas antitumulto, Lanusse estalló en Twitter diciendo que se trataba de una “opereta” y calificó como un “absurdo” las denuncias de los gobiernos de Argentina y de Bolivia. Más allá de las calificaciones, Lanusse ya tomó contacto con Julián Curi, el abogado de Bullrich.
Las cumbres de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la del G20 fueron presentadas por el macrismo como la vuelta al mundo. En la práctica, se supo que fueron la ocasión para hacer espionaje masivo y para la adquisición de parafernalia bélica. La causa del espionaje en las cumbres le preocupa a Macri, pero particularmente a Bullrich, que tuvo una voz de mando en todo el asunto. Como parte de los preparativos del G20, que tuvo lugar entre el 30 de noviembre y el 1 de diciembre de 2018 en Buenos Aires, la entonces ministra de Seguridad firmó en junio de ese año un acuerdo bilateral con Fabricaciones Militares –que depende del Ministerio de Defensa– para la provisión consolidada de municiones y disuasivos químicos con destino a las fuerzas policiales y de seguridad.
El 15 de noviembre de 2018, a quince días de la cumbre, llegó a la Gendarmería una partida de 91.750 balas antitumulto 12/70. Eran parte del lote 8/18 que había producido la Fábrica Militar Fray Luis Beltrán y distribuido entre las fuerzas de seguridad antes del G20. Las 26.900 balas que se hallaron la semana pasada en un depósito de la Policía de Bolivia pertenecían a ese lote, por lo que se presume que la Gendarmería de Bullrich, que no tuvo oportunidad de usarlas en Buenos Aires, las terminó sacando el 12 de noviembre de 2019 con destino Bolivia en el Hércules C130 que partió del aeropuerto de El Palomar. Las 70.000 balas de goma no fueron declaradas, lo que es una prueba contundente para el delito de contrabando agravado que investiga el juez en lo penal económico Javier López Biscayart.
En las últimas horas, el juez López Biscayart corrió vista al fiscal Navas Rial para que conteste a la ampliación de la denuncia que presentó el gobierno nacional, a través de los ministros Martín Soria (Justicia) y Sabina Frederic (Seguridad) junto con la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Mercedes Marcó del Pont. El gobierno denunció el hallazgo de las balas antitumulto en manos de la Policía de Bolivia y que el material salió sin ser consignado en el manifiesto de carga del Hércules argentino.
