Este miércoles 10 de enero se cumple un mes de la asunción presidencial de Javier Milei. Desde ese entonces, el actual mandatario avanzó en cientos de medidas de corte “refundacional” de la Argentina. La mayoría, enmarcadas dentro del “mega DNU” o la “ley ómnibus” enviada al Congreso — que está siendo debatida en Comisiones de la Cámara de Diputados— en donde figuran embates contra los derechos laborales, despidos de empleados públicos, la criminalización de la protesta, recortes presupuestarios, reformas electorales y desregulaciones que derivaron en aumentos y tarifazos en distintas actividades.
Esta mega reforma de la matriz legal argentina se torna aún más cuestionable si se tiene en cuenta que gran parte de las medidas que fueron decretadas en el DNU 70/2023 —compuesto por más de 300 artículos y que se encuentra vigente desde la medianoche del 30 de diciembre de 2023—, son en realidad atribuciones del Parlamento. Facultades que, a su vez, el Poder Ejecutivo pretende formalizar a su cargo en el proyecto de la denominada “Ley Ómnibus”, que en sus 664 artículos impulsa la declaración de la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social.
Aumentos sin freno: alimentos, nafta, transporte, prepagas y el inminente tarifazo en los servicios
La desregulación económica del mega DNU generó aumentos indiscriminados y remarcaciones de precios en varios rubros. Además de la suba desbocada que registraron los alimentos, uno de los incrementos más fuertes fue el de la nafta y combustibles. Después de dos importantes subas en diciembre, volvió a aumentar un 27% promedio el 3 de enero tras un incremento en los biocombustibles ordenado por el área de Energía.
En tanto, las tarifas del transporte público volvieron a quedar en el centro de la escena a comienzos de este año. Sobre todo el boleto de los colectivos del AMBA, que las cámaras empresarias sostienen que debería estar por encima de los $800 si se sacan todos los subsidios. Actualmente el boleto mínimo está en $76,02, tras el último incremento del 1° de enero.
En materia de subsidios también se avecina una discusión en torno a los servicios públicos. En estos días, el Gobierno declaró la emergencia energética y comenzaron las audiencias públicas para definir la medida de la quita de subsidios al gas –las empresas ya solicitaron aumentos de hasta 704% en las tarifas– y se convocó a otras audiencias públicas para este 24 de enero, en donde se discutirá de qué magnitud será el tarifazo de luz.
La desregulación también fue una buena noticia para la medicina prepaga. A partir del mega DNU, las empresas privadas aumentaron sus cuotas un 40% desde enero, y pocos días después anunciaron una nueva actualización del 30% en febrero y otra del 10% en marzo.
