Hace cinco años se iniciaba un nuevo ciclo de sobreendeudamiento en nuestro país, cuando el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciaba la aprobación de un acuerdo de Stand-By por USD 50.000 millones para la Argentina. Un 20 de junio, Día de la Bandera, el país volvía paradójicamente a endeudarse tomando el préstamo más grande de su historia y de la historia del propio organismo internacional de crédito.
“Es una gran tragedia, tanto desde el punto de vista económico como social, político, institucional, que nos condiciona durante muchos años”, así lo definió en diálogo con El Destape la economista Noemí Brenta, especialista en historia de la deuda externa argentina. Según describió, se trata de procesos que conllevan “una desposesión por deuda, que traen empobrecimiento de las mayorías, y derivan en el saqueo del país al endeudarnos más allá de nuestra capacidad de pago”. El préstamo de 2018 estuvo justificado, de acuerdo con el comunicado oficial del FMI, por “un cambio reciente en la actitud de los mercados y una funesta confluencia de factores que han sometido la balanza de pagos de Argentina a presiones significativas”.
El monto total se amplió luego, y pese al incumplimiento de las revisiones iniciales, a USD 57.000 millones, que no llegaron a desembolsarse en su totalidad. “Si se hubieran realizado todos los desembolsos se habría superado la mitad de lo que el FMI desembolsó en pandemia a 85 países. Si se toman los desembolsos reales (USD 44.000 millones), supera lo dado a países fuera del hemisferio occidental en pandemia”, destacó un informe del centro CEPA.
En un informe posterior, difundido en 2021, el mismo FMI reconoció que el acuerdo fue un “programa frágil desde el principio” y que “no cumplió con los objetivos de restablecer la confianza en la viabilidad fiscal y externa, y de promover al mismo tiempo el crecimiento económico”.
Un combo de irregularidades
Entre los aspectos que marcan las condiciones y formas en las que se concretó el préstamo de Stand-By solicitado por la gestión de Juntos por el Cambio se destaca el monto “histórico” aprobado, ya que representó “127 veces la capacidad de endeudamiento del país”, según lo indicó el informe realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN), que agregó además que “impactó de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”.
En relación, el informe La corresponsabilidad del FMI en la crisis argentina 2018-2019 del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) también destacó que “el monto desembolsado y el compromiso monetario con la continuidad del gobierno de Cambiemos fue superior al compromiso del organismo con otros 64 países para hacer frente a la crisis desatada por la pandemia” siendo así “el más grande de la historia del organismo”.
Otros puntos cuestionados tienen que ver con que “no se cumplieron los procedimientos internos específicos para la aprobación de préstamos provenientes de organismos multilaterales, según lo establecido en la Resolución N°108/09 del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas”, en tanto que expedientes administrativos que debían respaldar el acuerdo “fueron generados con informes insuficientes, a posteriori de la firma de aquel instrumento”, informó la AGN. Además, no existió dictamen por parte del Banco Central (BCRA) sobre el impacto que implicaba para la balanza de pagos del país, violando así al art. 61 de la Ley N°24.156 de Administración Financiera.
Un detalle no menor que destacaron los auditores en el informe conocido hace un mes atrás es que el acuerdo fue firmado por funcionarios que no tenían competencia para hacerlo. Al respecto tuvo la rúbrica de los entonces presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, “que no tenía facultades respecto de deuda pública”.
En el mismo sentido, el informe del CEPA destacó que “al menos 3 de los 4 criterios de un préstamo de ‘acceso excepcional´ del FMI que permiten superar la cuota límite de 187%, fueron incumplidos”. Uno de esos criterios establece que “la deuda pública debe encontrarse en un sendero de alta probabilidad de repago en el mediano plazo”. Sin embargo, “la deuda pública bruta como porcentaje del PBI pasó de 57,1% a 86,2%, y a pesar de las recurrentes correcciones al alza en cada una de las revisiones -por ejemplo, en octubre del 2018 alcanzaba 81,2%-, la sustentabilidad de la deuda igualmente permaneció caracterizada como sustentable, pero con baja probabilidad”.
Un segundo criterio señalaba que “el país miembro debe tener una perspectiva favorable de regreso a los mercados internacionales de crédito” pero “no había ninguna señal de retorno a los mercados”. Otro punto refiere a la necesidad de que exista “una perspectiva de éxito fuerte” no sólo en términos técnicos sino también de apoyo político, no obstante, ello “se ignoraron las declaraciones y planteos del principal espacio opositor de entonces que reclamó que el acuerdo pase por el Congreso”. En todo este marco los desembolsos continuaron hasta el evidente cambio de gobierno.
Si en 2018 el FMI señaló en el comunicado oficial que “la implementación decidida de los planes de política le permitirá al país aprovechar de lleno su potencial económico y lograr que todos los argentinos gocen de la prosperidad nacional en el futuro”, en su evaluación ex post del acceso excepcional al préstamo analizó que “las líneas rojas trazadas por el entonces gobierno pueden haber descartado medidas que podrían haber sido críticas para el programa” y que “el acento puesto en el compromiso del gobierno también puede haber conducido a pronósticos exageradamente optimistas”.
Dólares para la fuga
El artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI establece que “ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos se destinen a tal fin”. Sin embargo, las evidencias indican que “los dólares del acuerdo se usaron para la salida rápida y abundante de capitales” destacó Noemí Brenta a este medio y agregó, “el Banco Central hizo un estudio detallado sobre esta cuestión, se sabe muy bien quiénes compraron los dólares y por eso la necesaria investigación sobre las irregularidades”.
En sintonía, el informe de la AGN mencionado dijo que en dicho período la salida de capitales fue “considerable y continua, alcanzando el máximo de la década” y que “el 30% de los desembolsos del FMI se usaron para financiar la salida de capitales financieros”. Y la investigación del CEPA relevó que “entre enero de 2018 y diciembre de 2019 los desembolsos fueron de USD 44.86 millones y la formación de activos externos (FAE) fue de USD 54.099 millones. Es decir que, cada 3 meses los fondos ya no estaban”.
Los tres ciclos de endeudamiento -el de la última dictadura cívico-militar, el del menemismo y el del macrismo- se sucedieron en procesos que dan lugar siempre a los mismos resultados. “Primero aparece la entrada masiva de capitales, que es presentada como un ‘éxito’ para la economía argentina, pero después de un tiempo el país ya está sobreendeudado, tanto el sector público como el privado, y con una balanza comercial en rojo por el ingreso sin control de importaciones siguiendo la ideología del libre cambio que destruye a la industria local. Después de eso terminan recurriendo al prestamista de última instancia (FMI) para sostener ese modelo que solo lleva a más empobrecimiento para las mayorías”, describió en detalle Brenta, autora del libro Historia de la deuda externa argentina: De Martínez de Hoz a Macri.
Préstamo político
“En vista de los profundos déficits fiscales de los últimos años, el programa económico del Gobierno está anclado en el objetivo de lograr un equilibrio primario del gobierno federal para 2020. Esto será clave para restablecer la confianza de los mercados”, sostenía el comunicado del FMI en 2018 que confirmaba el préstamos al país.
“Sin dudas, fue un préstamo otorgado por motivaciones políticas, como lo dijo el propio Claver-Carone, (asesor de Trump y representante de Estados Unidos en el organismo al momento del préstamos) y mismo Dujovne, que le agradeció al Tesoro de Estados Unidos por haberlos ayudado a conseguir este préstamo brutal”, consideró Noemí Brenta al respecto.
Por su parte, los economistas del CEPA sostuvieron en el informe sobre la deuda que “el acuerdo tuvo la finalidad de intervenir en la política local, blindando al gobierno de Mauricio Macri de los costos de sus propias políticas y desfinanciando al gobierno siguiente, así casi el 90% de los pagos se realizaría antes de las PASO de junio de 2019”, y sumaron que “la estructura de repago firmada en 2018 fue siempre impagable para el país. Para el año 2021, correspondía abonar USD 5.072 millones, representando el 45% del total de los vencimientos. Y en 2022 y 2023 vencimientos cercanos a los USD 20.000 millones”
Brenta puso el ojo también en las condiciones que conlleva la idea de “pagar la deuda cueste lo que cueste” y analizó que “la experiencia internacional muestra una doble vara, si para los acreedores la estabilidad del deudor reviste interés geopolítico, estratégico, económico, las deudas pueden aligerarse e incluso anularse, un ejemplo es la condonación del 80% de la deuda de Irak por iniciativa norteamericana en 2004, pero sino apuntan a despojar al deudor se imponen las condiciones más duras”.
Consecuencias presentes y futuras
Un problema central de los procesos de sobreendeudamiento es el condicionamiento directo en las decisiones de política económica soberana de los países deudores, y la imposición de medidas de ajuste que afectan los recursos, las actividades económicas y la calidad de vida de la mayoría de la población.
“Una de las grandes desgracias que implican estos acuerdos tiene que ver con cómo afectan la estructura de toma de decisiones del Poder Ejecutivo, ya que son condicionantes tanto del área económica, como productiva, monetaria, fiscal, y solo saben imponer políticas de ajuste que entonces se vuelven lo habitual, lo exigible, lo esperable” analizó Brenta, de larga trayectoria en el estudio de las consecuencias de la deuda externa para el país.
En esa línea dijo que “las políticas de ajuste no pueden ser un plan de desarrollo para ningún país. Por un lado, lo que hacen es reducir la demanda, especialmente el consumo de los sectores mayoritarios, para frenar el crecimiento y dejar más divisas para afrontar los pagos de dólares al Fondo, y por otro lado también reducen el tamaño del sector público, para dejar más espacio fiscal para afrontar la deuda”. En el mismo sentido evaluó que “no es casualidad” que el nuevo programa electoral presentado ahora por Juntos por el Cambio “sea exactamente un plan de ajuste, aunque las presentan como si fuera lo que hay que hacer sí o sí, es más ajuste, y las consecuencias ya las sabemos”.
Los ciclos de endeudamiento nos dejan a las y los argentinos “el peso muerto de la deuda que termina de perfeccionar el despojo”, señaló la economista que agregó “ojalá el espíritu de Belgrano nos inspire para encontrar la mejor solución, hay que tener una agenda sustentable del crecimiento y mejorar la estructura productiva, por nuestro destino como país y para no caer en las trampas que algunos le tienden a nuestra Patria”.
