Las ganancias millonarias de las pesqueras que operan en Malvinas con licencia británica es tan grande, que los diarios españoles expresan las expectativas de las empresas gallegas, al destacar las declaraciones del titular del Gobierno ilegal isleño, Barry Elsby, en cuanto a que está “dispuesto a trabajar para lograr un acuerdo” con Argentina en materia pesquera y constituir una Organización Regional de Ordenación Pesquero (OROP); poniendo al descubierto el real interés del Reino Unido, de obtener a través de una entidad de control conjunto, la condición de estado rivereño; lo que significaría dar finalizado el reclamo de soberanía mediante un tratado que eleve a la condición de país vecino, al propio espacio del territorio nacional que usurpa Inglaterra.
La entrevista que realizó el diario La Nación al titular de la Asamblea Legislativa británica de Malvinas, Barry Elsby, y que publicó este 2 de abril en coincidencia con el Día de los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas; tienen más repercusión en el exterior que en la propia República Argentina. Y tampoco provocó reacción o respuesta de la Cancillería, del Congreso de la Nación, y ninguna voz de alerta por parte de la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone; provincia dentro de la cual se encuentran las islas.
Tanto es así, que el diario español faro de Vigo con absoluta interpretación de la naturaleza jurídica del tratado que busca Gran Bretaña y del interés que existe en España por las ganancias que le deja a su país la pesca y comercialización del calamar que captura en el atlántico sur y que comercializa en toda Europa; detalla que “Barry Elsby, presidente de la Asamblea Legislativa de Malvinas (Falkland Islands) ha abierto la puerta a la creación de un acuerdo regional para la pesca junto a Argentina. Lo que supondría “la creación de un ente que controlase la pesca en una zona cuyas aguas internacionales están colapsadas por cientos de buques asiáticos que faenan sin control”, por lo que da saber que los “armadores gallegos, representados dentro de la patronal pesquera española Cepesca, ya mostraron su apoyo a la creación de una organización regional de pesca (OROP) en la zona”.
En la entrevista, el funcionario británico recordó que “tanto Argentina como Malvinas” están “involucrados en la exploración de potenciales áreas de mutuo beneficio”. Además, señaló que se llevó a cabo una “reciente y exitosa” investigación científica conjunta sobre la pesquería de calamar en el Cono Sur, producto que el gobierno del presidente Mauricio Macri reactivó en mayo de 2018, el comité de pesca con Gran Bretaña que había cancelado el presidente Néstor Kirchner y que permitió por primera vez en la historia, la participación del ilegítimo gobierno de las islas.
Las dos partes señalan como un grave problema las capturas incontroladas que realizada la flota asiática en la llamada milla 201, en el límite marítimo controlado por Argentina. Allí se llegan a concentrar más de 500 buques en algunas épocas del año que buscan principalmente pota (calamar Illex argentinus). La situación ha llevado a fuertes encontronazos entre las autoridades del país sudamericano y los buques asiáticos cuando estos últimos entran sin permiso en aguas argentinas”, resalta el medio español.
Sobre esto último ya se había referido el mes pasado el ministro de Obras Públicas de la provincia de Tierra del Fuego Luis Vázquez, cuando declaró que, en la última reunión del Consejo Federal Pesquero, funcionarios nacionales informaron que “el perjuicio económico para la Argentina y nuestra provincia a partir de la venta ilegal de permisos de pesca por parte del Reino Unido”, llega a los “170 mil millones de dólares”.
Los instrumentos, aunque ilegales que habilitan semejante saqueo, no son otros que los ACUERDOS DE MADRID I y II firmados por Carlos Menem en 1989 y 1990 y el PACTO FORADORI DUNCAN del martes 13 de septiembre de 2016 alcanzado entre el Gobierno del presidente Mauricio Macri y el británico de Theresa May.
Aún así, habiendo manifestado clara conciencia del perjuicio que significa para el futuro del recurso, como cuantificadas las pérdidas financieras para la Nación, la gobernadora de Tierra del Fuego Rosana Bertone presentó un proyecto de ley pretendiendo prohibir lo prohibido; que todos aquellos que sean electos para hacerse cargo del Poder Ejecutivo Nacional (Macri y los sucesivos), no puedan firmar acuerdos con otros países con relación a Malvinas, sin aprobación de Diputados y Senadores -aspecto medular contemplado con precisión, claridad y contundencia en el Art. 77 Inc. 22 de la Constitución Argentina- pero sin ir al fondo del problema y plantear la urgente necesidad de su rechazo parlamentario de los ACUERDOS, que sin haber pasado por el Congreso de la Nación, se han constituidos en los instrumentos que le permiten a Gran Bretaña afianzar su posición de usurpador colonial y expandirse más allá del archipiélago malvinero, al encontrar gobiernos argentinos que habilitan la firma de tratados sin tener que abrir un proceso de diálogo por la soberanía, en los términos establecidos por Asamblea de las Naciones Unidas.
Artículo publicado en agendamalvinas.com.ar
