Los hipotecados UVA en Argentina atraviesan una difícil situación económica, enfrentando cuotas que aumentan de manera desproporcionada y afectan sus ingresos y calidad de vida. La falta de soluciones efectivas y la derogación de decretos que establecían topes a las cuotas, agravan aún más el problema, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad.
En Tierra del Fuego, un grupo de afectados por créditos UVA, representado por el Estudio Jurídico Rubio, presentó una demanda contra el Banco de Tierra del Fuego (BTF), solicitando una medida cautelar que estableciera un tope del 30% de sus ingresos para el valor de las cuotas. La Cámara de Apelaciones analizó el caso, dando lugar parcialmente a la medida cautelar solicitada.
Cristian Rubio, el abogado que representó a los demandantes, expresó su satisfacción con la sentencia, destacando que “este es el primer pronunciamiento de este tipo en la provincia, el fallo fue muy bien recibido tanto por los demandantes como por todo el colectivo de hipotecados UVA, quienes esperan que esta decisión siente un precedente en la búsqueda de soluciones para sus problemáticas”.
Por otro lado, Rubio enfatizó la relevancia de que el juez haya hecho referencia a los derechos constitucionales y a los tratados internacionales firmados por Argentina en su decisión, resaltando la necesidad de implementar medidas de acción positiva que fomenten el acceso a la vivienda propia y salvaguarden a los tomadores de créditos UVA.
El Juez Cappellotti resaltó que los principios convencionales y constitucionales enunciados en el decreto 767/20 no pueden ser soslayados por la finalización de su vigencia. Asimismo, el juez destacó que el estatuto del BTF establece como uno de sus objetivos principales facilitar el acceso a la vivienda propia y mejorar las condiciones de vida de la población.
El magistrado admitió parcialmente el recurso de apelación presentado por los demandantes, considerando necesario llevar a cabo una instrucción probatoria pertinente para determinar la naturaleza y alcance de la relación contractual entre las partes. Sin embargo, Cappellotti reconoció la situación de vulnerabilidad de los accionantes y la necesidad de adoptar medidas que garanticen sus derechos fundamentales.
El juez enfatizó la importancia de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos fundamentales de los accionantes en situaciones de vulnerabilidad económica y social. Instó a las partes a continuar con el proceso judicial y a aportar las pruebas necesarias para determinar si corresponde o no la aplicación de medidas que protejan a los accionantes en relación con las cuotas hipotecarias UVA.
Cappellotti finalmente hace un llamado al banco demandado para que reevalúe su política crediticia en términos de responsabilidad social y considere la posibilidad de ofrecer soluciones alternativas a los tomadores de créditos en situaciones similares a la de los accionantes.
