La iniciativa fue presentada por el representante de Neuquén del Frente de Todos, Oscar Parrilli, y hace hincapié en la denuncia por defraudación contra el estado nacional que se tramita en el Juzgado Criminal y Correccional Federal 10 y que involucra a Guido Sandleris, presidente del Banco Central de la República Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri.
La Bicameral propuesta por el senador oficialista debería investigar la posible “defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida en los últimos cuatro años”.
Entre sus facultades, Parrilli propuso conocer “si existieron movimientos de fondos entre empresas vinculadas efectuando posibles maniobras espurias a efectos de ocultar y/o simular la verdadera realidad económica, de provocar el déficit económico y financiero que ocasionaron el proceso concursal“.
También abogó por “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.
Asimismo, señaló que la Comisión “deberá indagar si existieron desvíos de fondos a empresas vinculadas al grupo en el país y/o en el exterior, ejecutadas por los directivos y/o responsables, si evadieron tributos y otros compromisos fiscales, dejando de ingresar a las arcas estatales, ya sea a nivel nacional, provincial y/o municipal, montos correspondientes a sus obligaciones tributarias; en definitiva, si han efectuado giros o movimientos financieros a sus vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.
Cabe recordar que el pasado 6 de febrero ingresó por Mesa de Entrada de los Tribunales de Rosario el primer pedido de quiebra de la empresa Vicentín, el principal exportador de aceite y harina de soja de Argentina.
La presentación estuvo a cargo de la firma “Gagliardo Agrícola Ganadera SA”, que pertenece al grupo de la Constructora Obring. A partir de ahora, será el Juzgado Civil y Comercial N° 14, a cargo de Marcelo Qaglia, quien deberá resolver esta situación.
Además, diciembre pasado, Vicentín anunció que enfrentaba una cesación de pagos con sus proveedores debido a un “estrés financiero”. Sus compromisos comerciales adeudados con privados rondan los 350 millones de dólares y con bancos por otros 900 millones de dólares.
A todo esto hay que agregar la deuda de la empresa con el Banco de la Nación Argentina, a partir del otorgamiento de un crédito que superó los 18.300 millones de pesos.
