Las estafas por medio electrónicos crecieron con fuerza en los últimos meses y la justicia busca agilizar las investigaciones para frenar los delitos informáticos
La justicia porteña asumirá, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, la competencia por los delitos de defraudación que se comentan mediante el uso de una tarjeta de crédito o débito, falsificada, robada, perdida u obtenida del legítimo emisor a través de un engaño.
La resolución firmada por el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, también incluye los fraudes cometidos mediante el uso no autorizado de los datos de una tarjeta, aún cuando se hiciere por medio de una operación automática
De esta forma, los delitos de defraudación que se comentan mediante el uso de una tarjeta de crédito o débito son competencia de las Fiscalías Penales Contravencionales y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires.
En esa línea, se instruyó a los Fiscales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires a que asuman la competencia en los casos que pudieran comprender alguna de las conductas descriptas y se le asignó a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas la competencia exclusiva para el tratamiento de casos de fraude que se realicen a través de cualquier técnica de manipulación informática que altere el funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos, previstos en el inciso 16 del artículo 173 del Código Penal de la Nación.
Esta medida se inscribe en el marco de una política de especialización en materia de delitos y contravenciones informáticas, que colocó al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad a la vanguardia en investigación y juzgamiento de este tipo de conductas.
Por caso, días atrás el ministerio de Seguridad de la Nación informó que se logró desbaratar en la Ciudad una banda que se dedicaba a realizar estafas bajo distintas modalidades, y que así logró acumular unos doscientos millones de pesos.
La División Investigación de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal Argentina (PFA) llevó adelante la investigación que se prolongó durante dos años y permitió identificar a los miembros de una organización criminal, con ramificaciones fuera del país.
De acuerdo con el informe oficial, una de las modalidades de la banda de estafadores fue la identificación de personas con deudas monetarias, mediante el uso y adulteración de base de datos informáticos que extraían de manera ilegal de distintas empresas.
Luego, como si se tratara de una organización, les ofrecían a las víctimas formas de pago para saldar sus deudas con descuentos respectos del monto total.
De esta manera, y al brindarles a los deudores números de cuentas bancarias que supuestamente pertenecían a los acreedores, los estafadores se hacían del dinero pagado por las víctimas.
