Las empresas de obras públicas atraviesan uno de sus peores años. Algunas están a punto de quebrar; otras entraron en concurso preventivo de acreedores (justamente buscando evitar ese escenario); y el resto sobrevive como puede, a la espera de nuevas obras. Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA) pertenece al último grupo, con una ventaja y una desventaja.
La primera es que no integra los otros dos grupos, como por ejemplo Green S.A., con la cual compartió Unión Transitoria de Empresas (UTE) para construir el Tramo B del Paseo del Bajo Porteño. La desventaja de CEOSA es que, si se mira la película y no la foto, parece justamente acercarse al grupo de empresas con posibilidades de concursarse. Su listado de cheques rechazados, los antecedentes de obras sin terminar en varias provincias (Catamarca, Tierra del Fuego y hasta la propia Mendoza, donde nació), e inclusive algunas causas judiciales que arrastra, hacen de CEOSA un mal candidato a ganar futuras licitaciones.
“Los funcionarios de diferentes provincias hablamos entre nosotros. Si alguien me cuenta que Porretta (por el dueño de CEOSA) cobró una obra que no terminó, también se lo cuenta a otros. La bola se corre. Por eso actualmente sólo lo defienden en Mendoza, de donde es originario”, le contó a Minuto de Cierre un funcionario provincial. “Además -agregó- si su situación económica es delicada, quizás le pagás el adelanto de una obra y esa plata va a otro destino. A esta altura, CEOSA es un riesgo político y puede serlo también en lo judicial”, agregó.
El listado de cheques rechazados de Porretta y las empresas a las cuales está vinculado, según información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA), evidencia los problemas que tiene la empresa. Entre principios del 2019 y la actualidad, CEOSA y otras empresas vinculadas a Porretta emitieron 143 cheques que no pudieron pagarse por falta de fondos, por un total de $ 42.915.439,69. Después regularizó 132 de esos cheques, por algo más de $ 39 millones. Pero hay $ 3 millones todavía en situación irregular.
El problema de CEOSA no es tanto el presente o la foto sino la película. Cuando se mira hacia atrás, sus problemas se aceleraron en los últimos once meses. Hasta septiembre del 2019 solo tuvo tres cheques rechazados, pero por defectos formales; en enero, mayo y septiembre. Pero desde octubre del año pasado comenzó una catarata de rechazos por falta de fondos, sin respiro hasta la actualidad. Por valores desde $ 5.622 hasta $ 1.620.900.
En total, 140 cheques a lo largo de once meses. De ellos, la mayoría fue rechazado, pero quedan 3 millones de pesos impagos. La situación parece haber llegado al propio dueño de CEOSA, Fernando Porretta, que sólo en julio gastó más de $ 2 millones con tarjetas de crédito de seis bancos. Todas esas acreencias, desde 32.000 pesos con el BBVA, hasta $ 834.000 con el Banco Macro, están en situación regular. Pero es demasiado dinero para alguien que tiene flujo de caja propio. O tenía.
Apuestas fallidas, y Mendoza como resguardo
En la actualidad, la obra que puede “salvarle la ropa” a CEOSA es Portezuelo del Viento, hidroeléctrica de gran envergadura sobre el Río Grande, en Malargüe. La única oferta que se presentó por la misma fue de la UTE Malal Hue, conformada por CEOSA, IMPSA y Obras Andinas. La oferta económica se presentará el 16 de noviembre, pero su costo se estima en 1.203 millones de dólares.
El problema, para CEOSA, es el tiempo hasta cobrar por lo menos el anticipo de esa obra. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en baja su principal apoyo político, Felipe Miguel, el jefe de Gabinete; en Provincia de Buenos Aires la bajó de una licitación que había ganado María Eugenia Vidal, por supuesto cuando era gobernadora; en Tierra del Fuego cobró el 80% del Microestadio de Río Grande pero hizo el 53%; mientras que de su paso por Catamarca le quedó una acusación de sobornos por u$s 240 millones.
A lo largo del tiempo, la estrategia de CEOSA parece ser ganar una obra ofertando poco, luego pedir redeterminaciones de precios, dejar algunas sin terminar, y apoyarse en el poder político. Pero como este último cambia, en su estrategia de “jugarse un pleno” puede fallar, como en Capital Federal con Felipe Miguel. El detalle de las fallidas apuestas políticas y económicas de Porreta y CEOSA es el siguiente:
Capital Federal: Felipe Miguel en baja y el Paseo del Bajo
En Ciudad de Buenos Aires, CEOSA realizó junto a Green S.A. (actualmente concursada) el Tramo B del Paseo del Bajo, obra que será recordada por aquel acto de campaña en el cual Mauricio Macri (presidente y candidato a la reelección) tocó el piso declarando “este pavimento que estoy tocando no es relato, es real”. La obra fue adjudicada en tres tramos: A, B y C.
Aunque la obra está inconclusa, pues prometía hasta jardines sobre la autopista subterránea, CEOSA y Green cumplieron con dejar operativo el Tramo B. Cuando se les adjudicó el mismo, en 2017, se cuestionó el tamaño y los antecedentes de ambas empresas. Pero entonces los salvó el vínculo con el lobista Orly Terranova, también mendocino, el que pretendió comprarle C5N a Cristóbal López; como también la mano del jefe de Gabinete, Felipe Miguel.
El problema es que, después del Barbijo-Gate a 3.000 pesos la unidad de tapaboca, Felipe Miguel está en baja. “Las empresas que entraban de la mano de él ahora tendrán que hacer doble esfuerzo para que las consideren”, apuntó un exitoso proveedor del Estado porteño. “Quizás Horacio (Rodríguez Larreta) lo sostenga a Felipe, pero políticamente está terminado”, agregó.
Tierra del Fuego: cobró el 80% de una obra, hizo el 53%
En la provincia más austral del país, CEOSA fue objeto de cuestionamientos, luego de cobrar por una obra mucho más de lo que hizo. Se trata del Microestadio de Río Grande. La presupuestó originalmente en $ 360 millones, ya le pagaron $ 500 millones (redeterminaciones de precios mediante), equivalentes al 80% de lo obra. Pero sólo realizó el 53% de la misma.
Además, gran parte de los cobros y predeterminaciones fueron en plena campaña electoral, como también en la larga transición entre las elecciones y el traspaso de mando, del 16 de junio al 17 de diciembre. En ese período, el avance de la obra fue mucho menor del relativo a los cobros. Y era la época apta para la construcción en Tierra del Fuego, a contramano de lo que se llama veda invernal.
Provincia de Buenos Aires: María Eugenia Vidal la vetó
En mayo del 2018, CEOSA ganó la licitación de un acueducto de 120 kilómetros, entre Pedro Luro (a orillas del Río Colorado) y Bahía Blanca. Se impuso nada menos que a Techint, desarollando una de sus estrategias favoritas: ofreció un precio bajo, de $ 3.369 millones. La empresa comandada por Paolo Rocca, en cambio, superó por 20% el presupuesto tope de la obra.
El triunfo de CEOSA no dejó conforme a la gobernadora María Eugenia Vidal, quien pidió al Colegio de Ingenieros provincial que “determinen cuál es la empresa mejor capacitada técnicamente para hacer esa obra”. La misma fue finalmente cancelada en marzo del 2019, aunque la Corporación Andina de Fomento le había asignado u$s 150 millones sobre el costo total de u$s 187 millones.
Catamarca: acusación de enriquecimiento ilícito y soborno
En esa provincia, CEOSA es recordada por las obras de riego en los distritos de Rincón y Belén-Pomán, con el financiamiento -originado en organismos internacionales- del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), dirigido por Jorge Neme, actual funcionario de la Cancillería.
Las licitaciones que ganó CEOSA terminaron con una causa judicial y una investigación abierta (producto dos denuncias) en la Oficina Anticorrupción. La causa es la 18.511/2017 y tramita en el Juzgado Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, caratulada “sobre averiguación de delito”. En tanto que las denuncias ante la OA fueron agrupadas bajo el número 12.538.
En el expediente de la Oficina Anticorrupción se describe un modus operandi que luego tendría CEOSA en otras provincias. Allí se dice que la empresa, entre el 2010 y el 2015, “fue adjudicataria de licitaciones por un monto histórico de $ 1.536 millones (a la cotización de esos años, u$s 200 millones o más), esto sin contar predeterminaciones, posibles mayores costos u otras sumas que pudieron haber percibido”.
La denuncia sostiene que “habría existido una connivencia entre las autoridades públicas que estaban al frente” del PROSAP, entre ellos Jorge Neme, “y que también habrían participado otros funcionarios”. En la segunda denuncia presentada ante la Oficina Anticorrupción, “se mencionan posibles sobornos por u$s 240 millones, equivalentes al 20% del monto total de financiamiento, que ascendería a u$s 1.200 millones”.
Fuente: Minutodecierre.com
