Para un presupuesto anual de $ 3.785 millones, el atraso de $ 309 millones equivale a casi un mes de ingresos. Si, además, este se realiza a dos meses de las elecciones a gobernador, se presume que hay en el mismo intencionalidad política. “Bertone nos está ahogando financieramente, porque Gustavo (Melella) le saca una importante ventaja en las encuestas para la elección a gobernador del 16 de junio”, le apuntó a Minuto de Cierre un importante funcionario del Municipio de Río Grande, una de las dos grandes ciudades de Tierra del Fuego (la otra, claro, es su capital Ushuaia). El conflicto podría escalar hasta un juicio de Melella, como intendente, contra Bertone, que seguiría vigente aún si ella deja de ser gobernadora. “Espero que, entre tanto obra pública a (las constructoras) Gancedo y Canga, haya ahorrado para pagarse los honorarios futuros de abogados”, ironiza un funcionario del círculo más cercano al intendente de Río Grande.
En el Ejecutivo que conduce Melella apuntan que el atraso en los pagos de coparticipación no ocurre con los otros dos municipios: la mencionada capital y Tolhuin. Por eso, apuntaron todos los cañones contra la gobernadora, en una guerra que no se sabe hasta qué instancia política y judicial puede llegar. El primer paso formal del reclamo fue pedirle al ministro de Economía de la provincia, José Labroca, que realice el pago en el curso de las 72 horas de recibida la notificación. Labroca fue echado del municipio de Río Grande en 2006, tras aparecer filmado realizando un pedido de coima. En su gobernación, Bertone lo recicló como ministro de Economía. Como era previsible, Labroca no giró el dinero reclamado a Río Grande: $ 309.045.188,07.
El segundo paso del Municipio de Río Grande fue emitir la Resolución 0339 de este año, fechada el 28 de marzo del 2019. Allí, el secretario de Finanzas Públicas de ese municipio, Oscar Bahamonde Barría, no sólo detalla el origen de la deuda, y señala cuál sería la forma de regularizarla, sino que además acusa a la provincia de discriminar explícitamente a Río Grande. En esa resolución se habla de un “trato desigual a los distintos municipios por parte de la Provincia, lo cual quedó evidenciado con la firma de dos convenios suscriptos con la Municipalidad de Ushuaia” por un total de $ 420 millones no reintegrables.
También se apunta en la resolución que los otros dos municipios reciben la coparticipación correspondiente antes que Río Grande. “Los municipios de Ushuaia y Tolhuin gozan de un privilegio injustificado, pues el Gobierno de la Provincia remite a dichos entes los recursos de coparticipación de forma previa al Municipio de Río Grande, conculcando las garantías constitucionales de igualdad, propiedad, legalidad y autonomía municipal”, dicta la resolución.
Tercer paso: Tribunal de Cuentas y Fiscal de Estado
Tras la publicación de esta norma, el 28 de marzo, un día después el municipio de Río Grande buscó que intervengan el Tribunal de Cuentas provincial (TCP, teóricamente independiente, pero manejado por Bertone) y el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre. La comuna que conduce Melella le pidió al TCP que establezca cuáles son los saldos impagos de la provincia.
El Tribunal de Cuentas es presidido por Miguel Longhitano, y tiene fuerte influencia uno de sus tres vocales, Luis María Capellano, un ex AFIP de la máxima confianza de Bertone. Ese organismo respondió que la certificación de la deuda debe ser realizada por el mismo organismo, pero de orden municipal. “Río Grande tiene su propio Tribunal de Cuentas, ellos deben resolver el monto de la deuda y la intimación a la provincia. La presentación ante nosotros y el fiscal de Estado fue para meter ruido político”, la apuntó a este medio una fuente del TPC provincial.
Sin embargo, la Resolución 394 del mismo efectuó un par de guiños a Río Grande. Por un lado, abrió una “investigación especial” para “determinar si se habrían producido transgresiones normativas por parte de los funcionarios del Ministerio de Economía provincial, respecto al cumplimiento de la remisión en debido tiempo y forma de los fondos coparticipables al Municipio de la ciudad de Río Grande”. Por otra parte, en una especie de admisión de jurisprudencia favorable al municipio, el TCP recordó un expediente del 2009 (número 2220), en el cual ante el incumplimiento (como ahora, de la provincia con Río Grande) se formulaba “un severo llamado de atención al Poder Ejecutivo de la Provincia”.
Además, el TCP admitió que Tierra del Fuego privilegia a Ushuaia y Tolhuin, perjudicando a Río Grande: “respecto a los días de retraso en las transferencias percibidas durante los meses de noviembre 2018 a enero 2019, podemos concluir que las demoras no se deben a los argumentos expuestos por la Tesorera General, toda vez que sobre un mismo expediente liquidado el pago a los restantes Municipios se efectúa hasta 30 días antes que al Municipio de Río Grande”.
Pulseada política, ¿y juicio en puerta?
La batalla por la elección a gobernador es encarnizada. No hay una sola encuesta que de ganadora a Bertone en primera vuelta. La más favorable, encargada y promocionada por ella, habla de 6 puntos de ventaja a favor de Melella, mientras que otras estiran la ventaja hasta 18 puntos para el riograndense.
Ante este panorama, la ex ahijada política de Néstor Kirchner y Julio De Vido realizó varios jugadas. Le mandó a decir a Melella que debía presentarse para senador nacional, armó una causa con denuncias de acoso sexual en su contra (luego se develó que uno de los denunciantes recibió una casa del Ejecutivo provincial), y ahora no le gira el dinero, creyendo que así frena la financiación de su campaña.
Los rumores hablan de un juicio personalizado: de parte del intendente de Río Grande a la gobernadora de Tierra del Fuego. Con la coparticipación atrasada como acusación. Sería de una enorme gravedad institucional, que quizás se evite si la provincia regulariza sus pagos. Algo que nadie garantiza que ocurra antes de la elección provincial del 16 de junio.
