Es extranjera, el Gobierno la expulsó junto a su bebé por haber estado presa, pero dos hijos quedaron en Argentina y ruega que la dejen volver

Aunque camina libremente por las calles de Lima, Perú, Vanessa Gómez Cueva está presa, atrapada en su país natal. Esta enfermera de 33 años, que fue expulsada hace dos meses por un delito cuya pena cumplió en las cárceles de Argentina, no ve a dos de sus tres hijos desde el día que la Policía Federal se la llevó de su casa en La Plata junto a su bebé “para firmar unos papeles”, sin decirle que, en realidad, era para no volver nunca más, meterlos en un avión y sacarlos del país. Desde aquel día de febrero pasado, su niños, de 6 y 14, que se quedaron sin su mamá. “Me llevaron al aeropuerto de Ezeiza engañada, necesito volver, extraño mucho a mis hijos” le dice la mujer a Infobae, suplicante.

Vanessa añora la rutina de su vida cotidiana. “Yo tenía mi vida, nos levantábamos, los atendía, nos íbamos juntos a estudiar. Salíamos a las 7, mi nena se iba a la escuela, mis hermanas llevaban a mi hijo al jardín y a mi bebito lo dejaba con una prima. Regresaba a cocinar, volvían mis hijos, mi bebe, y me ponía a almorzar y luego me iba a trabajar, a cuidar a una abuelita en una casa particular. Tenía mi trabajo y los fines de semana hacía reemplazos, trabajaba de lunes a viernes por las tardes, no me pagaban mucho pero me alcanzaba para mantener a mis hijos“, relata conmovida Vanessa, sentada en la habitación de la Zona Norte de la capital peruana, que alquila su hermano para vivir con su familia, y que ahora la incluye a ella: “Me dio la cama de su hijo para que durmiéramos nosotros, me da vergüenza porque él maneja un taxi y ahora nos tiene que mantener a nosotros”.

Gómez Cueva nació en Perú y vino a vivir a Buenos Aires hace 15 años. Los ministerios del Interior y de Seguridad la obligaron a dejar su casa de La Plata y la vida con su madre, sus hermanas y sus hijos, que nacieron en Argentina. Ni siquiera le permitieron despedirse.

La orden de expulsarla del país se basó en una condena penal, por la cual Vanessa había cumplido una sentencia en 2014. “La Dirección Nacional de Migraciones debe revertir esta orden, que viola los derechos de los niños según el derecho nacional e internacional, y reunir a Vanessa con sus hijos”, reclamó días atrás un comunicado de Amnistía Internacional.

La mujer fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza en 2011 cuando intentaba ingresar cocaína. Había sido contratada como “mula” por un clan narco y fue descubierta por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Tiempo después, en un juicio abreviado, fue condenada a una pena de cuatro años de prisión.

Al año y medio de entrar a la cárcel de Ezeiza, Vanessa quedó embarazada de Michael, su hijo más pequeño, y recibió el beneficio de la prisión domiciliaria para poder estar con él. En 2014 recuperó la libertad. Gómez Cueva logró el objetivo teórico del sistema penal: se reinsertó en la sociedad rápidamente.

Inició los trámites para obtener la ciudadanía, se puso estudiar, terminó la carrera de Enfermería y consiguió trabajo cuidando ancianos. Es algo que siempre le gustó hacer desde que tenía 15 años y atendía a un familiar con problemas de salud en Lima.

A pesar de que la condena estaba cumplida, la Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, activó a finales de 2015 el proceso de expulsión de la mujer por tener una condena.

Vanessa intentó defenderse, asesorada por la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Pero luego renunció a su defensa y se quedó sin abogado. Encima, el Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nº5, cuya titular es María Alejandra Biotti, debería haberle asignado una defensa oficial y no lo hizo.

Sin abogados que la asesoren, Gómez Cueva nunca apeló la expulsión y la deportación quedó firme. Pero la decisión se basó en un error. La mujer figuraba en los expedientes como si hubiera cometido un delito de prostitución, proxenetismo o trata de personas, y su pedido de quedarse en el país estaba consignado no por la presencia de sus tres hijos argentinos sino por un supuesto “cónyuge nacional” que no existía.

En 2016 la Justicia notificó a Vanessa sobre la expulsión en un domicilio donde ellano vivía más. Lógicamente no hubo respuesta de la mujer, que nunca se enteró, pero para el Juzgado eso no fue considerado una anomalía: nunca intentaron confirmar que ella supiera ni la contactaron, a pesar de que tenían su teléfono y su mail.

Juan Carli, director de Permanencia de Migraciones, consideró a Vanessa notificada y activó su expulsión, que se concretó de manera como mínimo dudosa el 1° de febrero pasado, cuando dos agentes de la Policía Federal golpearon la puerta de su casa en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata.

“Salí de mi casa y no volví más”, solloza Gómez Cueva. No puede evitar recordar la imagen de su hijo del medio, que en ese entonces tenía 5 años, mirándola desde la vereda cuando ella se iba de su casa para no volver.

Pero eso no lo supo nadie hasta unas horas después. Hasta ese momento, los agentes federales le dijeron a la mujer que se quedara tranquila, que era un trámite, que no hacía falta que llevara al nene porque en unas horas volverían. Ella les pidió llevar al bebé, porque necesitaba amamantarlo, y le dijeron que sí.

Pero la camioneta de la Federal no fue nunca a Migraciones, sino a una comisaría en Villa Lugano, donde anunciaron que traían a una “prófuga” y a una oficina donde un médico revisó a ella y a su hijo, y a las pocas horas la mamá y el nene estaban encerrados en un calabozo de Ezeiza, donde estuvieron tres días hasta que el 4 de febrero los subieron al avión con destino a Lima.