El gobierno argentino habilita una base regional israelí en Buenos Aires, mientras empresas de Israel y Reino Unido avanzan con la explotación petrolera en Malvinas. Silencio oficial, pérdida de soberanía y una política exterior sin precedentes.

La presidenta del Superior Tribunal se habría reunido con jueces que luego firmaron una resolución a favor del camarista investigado por tenencia de pornografía infantil. Se impidió el peritaje de un celular sospechado de contener pruebas sensibles. La sombra del corporativismo judicial se extiende sobre el caso.

El avión pertenecía al empresario Leonardo Scatturice, ex SIDE, nuevo dueño de Flybondi y cercano al Gobierno nacional. El Ejecutivo había negado fallas en la supervisión y Adorni había asegurado que no era diez valijas.

Una escritura reveló que dos jueces de la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego son socios en un emprendimiento inmobiliario. Uno de ellos, Andrés Leonelli, está imputado por tenencia de pornografía infantil; el otro, Alejandro Fernández, firmó días atrás una resolución a su favor sin haberse excusado. La evidencia contradice declaraciones de la defensa y suma un nuevo capítulo de gravedad institucional en la causa.

Tras ver al Presidente en enero, Hayden Davis movió 500 mil dólares a una billetera virtual, además, antes del lanzamiento de la moneda, envió 1.275.000 a otra cuenta. A los días, Novelli abrió las cajas de seguridad.

El fiscal Fernando Ballester Bidau pidió anular resoluciones firmadas por el camarista Alejandro Fernández, quien no se excusó a pesar de mantener una sociedad comercial con Andrés Leonelli, el juez investigado por presunta tenencia de imágenes de abuso sexual infantil. La Fiscalía reclama que se perite el segundo celular secuestrado y se conforme un nuevo tribunal.