El aumento de la pobreza al 42% en 2020 le puso mayor presión a la primera ronda de paritarias. La tensión no se debe solo a la posibilidad de que los salarios pierdan poder adquisitivo por cuarto año consecutivo.
También hay inquietud en la dirigencia sindical por un fenómeno que empezó a hacerse notorio en los últimos años: el de los “trabajadores pobres”, es decir aquellos asalariados cuyos ingresos si fueran los únicos disponibles en el hogar no permitirían superar la línea de pobreza.
En 2020, los salarios registrados subieron 31,6%, por detrás de la inflación del 36,1%, y el desempleo subió al 11% (350.000 personas más). En ese marco, el 70% de la población asalariada con descuentos jubilatorios percibió ingresos de hasta $40.000 netos en el tercer trimestre, por debajo de la canasta básica total de $47.000.
Recién en los últimos meses, los gremios intentaron recomponer su poder de compra, algo que se vio neutralizado en parte por nuevos ajustes en alimentos, combustibles y transporte.
De ese modo, la pobreza no solo golpea a los hogares con desempleo o ingresos informales. En rubros importantes, las remuneraciones de las categorías inferiores bajo convenio colectivo y con aportes a la seguridad social también ya se encuentran por debajo de lo que necesita una familia tipo de cuatro miembros para no ser pobre.
En febrero, ese monto subió 2,7% a $58.000. Y suponiendo que en marzo aumentó en la misma proporción, la canasta familiar se elevó a casi $60.000.
Esto no significa necesariamente que ese hogar sea pobre. Justamente, la medición de la pobreza pondera todos los ingresos de los hogares para determinar si tienen la capacidad de satisfacer necesidades alimentarias y no alimentarias esenciales. Si el ingreso familiar es inferior al valor de la canasta básica total, se considera que el hogar y los individuos que lo componen son pobres. Pero la comparación del sueldo de convenio con dicha canasta permite dimensionar la situación de los salarios formales.
“Si la remuneración del asalariado formal fuera el único ingreso en el hogar y no cubre la canasta, condenaría a ese hogar a la pobreza monetaria”, explica el investigador de la Universidad Nacional General Sarmiento. (UNGS), Luis Beccaria. “Si el salario real cae cuando hay muchos trabajadores en la orilla de la línea de pobreza, en ese caso la chance de que un hogar caiga en la pobreza es mayor“, sostuvo el también economista de la UBA y Cambridge.
Preocupación por las paritarias
En ese contexto, el salario inicial de un empleado de comercio fue en marzo de $67.600 brutos y $56.600 de bolsillo, un nivel inferior al nivel de la línea de pobreza. Con 1,2 millones de trabajadores, el gremio iniciará en las próximas horas la negociación salarial del 2021 para obtener una suba superior al 30%, similar al incremento del 33% por el año pasado que se terminó de percibir en marzo. El objetivo es lograr que los sueldos al menos cubran las necesidades básicas en 2021.
En la construcción, el obrero de la categoría inicial percibió en marzo un ingreso bruto de $67.500 y un neto de $54.300 incluyendo presentismo, un monto también insuficiente. El sindicato cerró el año pasado un aumento del 33% en dos tramos y renovará el acuerdo en las próximas semanas. En la salud privada, una enfermera de piso que recién ingresa cobró el mes pasado un básico de $49.900 brutos y $41.400 en mano, sin adicionales. El gremio acordó un 22% en 2020 y ahora busca sumar un 16%.
Dentro de la industria, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) también enfrenta el desafío de elevar su piso salarial por encima del nivel de pobreza. Hoy, el básico inicial con adicionales es de $44.000 brutos y $35.600 de bolsillo, después del incremento del 39,6% acordado para la escala más baja en 2020. Ahora, el sindicato pide una suba del 35% en general y del 40% del salario mínimo garantizado para elevar este último a $61.600, un monto que alcanzaría para cubrir la canasta en marzo y abril.
Los salarios del sector público se vieron aún más golpeados en un escenario con restricciones presupuestarias. El personal transitorio de la administración nacional sin antiguedad cobró en marzo $36.600 brutos y $30.400 netos. El gremio UPCN acordó el año pasado un aumento del 25% en cuatro tramos y un bono de $4.000 para remuneraciones de hasta $60.000 brutos. El Ejecutivo busca ahora sellar una suba del 31% para llevar el piso a $40.000, un valor aún alejado de la canasta de pobreza.
Bajo la órbita estatal, tanto los ayudantes de las universidades públicas que recién se inician como los jefes de trabajos prácticos con 6 años de antiguedad perciben un sueldo bruto de $19.136 y $15.500 en mano. Los profesores universitarios obtuvieron el año pasado un incremento del 25,23% en seis tramos. Ahora, 27 sindicatos anunciaron un paro para este martes y miércoles con desconexión de computadoras bajo la consigna “ningún docente bajo la línea de pobreza”.
