Sospechan favoritismo de Kicillof con APR Energy en licitaciones por u$s 1.000 millones

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La última y más importante licitación de “usinas delivery” de la administración kirchnerista desató un fuerte tironeo entre los funcionarios camporistas que controlan dos estamentos estatales clave del sector energético: la CAMMESA (la compañía administradora del mercado eléctrico) y la empresa estatal ENARSA.

El motivo de la disputa gira en torno a los puntos de localización que deberían tener las nuevas “usinas delivery” que ENARSA se apresta a licitar por medio de programa “Generación de Energía Eléctrica Distribuida VIII (GEED VIII).

A ese cortocircuito oficial se han sumado en los últimos días los cuestionamientos de algunos proveedores locales y extranjeros por las supuestas “ventajas” que el pliego de bases y condiciones le estaría otorgando a la compañía APR Energy, la multinacional que opera en 25 países y cotiza en la Bolsa de Londres.

Al elaborar el pliego licitatorio para la contratación temporal de pequeños y medianos generadores, los técnicos de ENARSA enrolados con Juan José Carbajales (el virtual vicepresidente de la empresa que reporta al ministro de Economía, Axel Kicillof) habían priorizado la instalación de la mayor parte de los equipos en los puntos críticos del área metropolitana y de la provincia de Buenos Aires.

Pero desde la CAMMESA (la sociedad que termina comprando y pagando la energía entregada al sistema y cuya conducción está cargo de los camporistas Esteban Kiper y Juan Manuel Abud) salieron al cruce con otro listado de lugares para los equipos generadores que tiene como principales beneficiarias a las provincias de Mendoza, Chubut, Salta y Córdoba.

En principio, la controversia habría sido zanjada por el subsecretario de Energía Eléctrica, Paulo Farina y la titular de Energía, Mariana Matranga a favor de la postura de la CAMMESA, enviando la mitad de las usinas a reforzar la generación en zonas sensibles del interior y la otra mitad, a la provincia de Buenos Aires.

El pliego que está por salir a calle establece que los puntos a cubrir con generadores no inferiores a 1 MW serán: Comodoro Rivadavia, Las Catitas y Pedro Vargas en Mendoza, Pichanal (Salta), Villa María y Totoral (Córdoba) y los partidos bonaerenses de La Matanza, Campana, Junín, Cañuelas y Baradero.

En total, la licitación del GEED VIII prevé sumar unos 905 MW que implicarán un desembolso estatal para el próximo gobierno del orden de los US$ 1.000 millones.

Los contratos que están en juego comprenden la provisión del “servicio de generación producida por unidades o plantas transportables con motor alternativo de combustión interna o a turbina de gas por un plazo que oscilará entre los 3 y 5 años”.

El precio máximo mensual que pagará ENARSA por la potencia disponible será de US$ 30.000 por MW/mes y el plazo de habilitación será de 180 días a partir de las adjudicaciones de los contratos que tendrían lugar en noviembre y los primeros días de diciembre.

De los 905 MW en danza, hay 210 MW planificados para Chubut y Mendoza que deberán operar exclusivamente con gas natural. En tanto, para los restantes sitios tendrán que ofrecerse equipos que funcionen con gas natural, gasoil, biodiesel.

Tras tomar conocimiento del borrador del pliego que comenzó a circular la semana pasada, los voceros de Agrekko, Energyst y Sullair cuestionaron una de las condiciones clave que habría sido “hecha a medida” de APR Energy, uno de los principales jugadores del negocio de la energía delivery.

Los técnicos de ENARSA solicitan equipos generadores nuevos o usados con una antigüedad inferior a los 4 años y menos de 10.000 horas de uso.

Según advierten sus competidoras, la que se ve más favorecida con esa exigencia sería APR Energy que tiene disponible y listas para usar más de 40 turbinas que retiró hace pocas semanas de Libia donde le anularon un megacontrato de provisión de energía de 450 MW.

Más allá las suspicacias, la licitación del GEED VIII que impulsa la gestión bicéfala de ENARSA que comparten Kicillof y De Vido fue duramente descalificada en el último informe de la consultora de Daniel Montamat.

En su reciente edición de “Carta Energética”, el ex secretario de Energía y ex titular de YPF destaco que esta iniciativa “es todo un símbolo de la era kirchnerista que desnuda la falta de planificación, la ausencia de sentido común y la carencia de criterios lógicos para con el sector eléctrico”.

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