No será una marcha atrás, como reclamó el grueso de la oposición y hasta la aliada de Cambiemos Elisa Carrió, ni cumplirá con lo que prevé la ley, pero servirá para dar una señal de cara a la sociedad y, sobre todo, hacia la Corte Suprema de Justicia, que debe definir sobre los fallos que frenaron el tarifazo. Ante la imposibilidad -por los plazos- de adelantar la realización de la audiencia pública, ya convocada para octubre, el Gobierno planea convocar a una audiencia “no oficial” para discutir el aumento de los servicios en todo el país.
La decisión de avanzar con una audiencia no oficial es una alternativa que, según confirmaron a Clarín distintas fuentes, se acordó durante la última reunión de la mesa chica del Gobierno que encabezó Macri el jueves, antes de partir a Río a la apertura de los Juegos Olímpicos. En la cita, con las declaraciones de Carrió la noche anterior retumbando en sus oídos, el Presidente instruyó a sus colaboradores más cercanos para intentar una salida intermedia al conflicto. “Es una señal a la Corte, que pide que estas cosas se resuelvan políticamente”, confió aClarín una importante fuente oficial. El anuncio se haría en los próximos días.
Esta posibilidad ya había sido deslizada por el jefe de Gabinete Marcos Peña el viernes, durante una recorrida en Lanús que realizó junto con la vicepresidenta Gabriela Michetti, donde ambos dijeron que el tema tarifas debía resolverse “lo antes posible”. “Estamos viendo si podemosacelerar más mecanismos de consulta“, señaló enigmático, cuando se le consultó por el reclamo de Carrió de replantear la estrategia.
La convocatoria a audiencia pública fue un punto que dividió aguas en el Gobierno desde que se avanzó con el tarifazo. El ala “técnica”, que en esta materia es liderada por el ministro de Energía Juan José Aranguren, sostuvo que no era necesario hacerlo. El argumento fue que la ley sólo lo exige cuando se discute la distribución y el traslado del gas, pero no cuando se modifica el precio de generación, el tercer factor que comprende el costo de la tarifa. Esto fue avalado, incluso, por el ministro de Justicia Germán Garavano, quien el mes pasado, en la conferencia de prensa en la que se anunció el tope del 400 por ciento para las facturas de gas, se puso al frente de la defensa de la estrategia “legal” del Gobierno. Pero el ala política, conducida por el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó, renegó desde el principio, a sabiendas de que se dejaba un flanco abierto para que la oposición aprovechara para castigar al Gobierno, lo que finalmente ocurrió. “Este es un tema político. La excusa son las cautelares, pero el objetivo es ponerle un freno a nuestra política energética”, dicen en Balcarce 50.
Y apuntan que el caso “testigo” fue la suba del agua en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano que, pese a las quejas -especialmente por las desigualdades que genera entre el que consume menos y el que gasta más- no le trajo tanto impacto negativo para el Gobierno. Atribuyen ello a los pasos formales que se cumplieron ante la Comisión Asesora de Usuarios del Ente Regulador de Agua y Saneamiento, que controla la prestación del servicio.
Aunque cerca de Aranguren insisten en que la audiencia “no es necesaria” y el ala política se lamenta por no haber pujado con mayor vehemencia, una convocatoria “no oficial” casi no encuentra oposición dentro del Gobierno. Al cabo, la audiencia pública que está prevista para octubre y también es “no vinculante”. “Es simbólico, pero sirve para demostrar que realmente escuchamos a todos los sectores”, evaluó un funcionario al tanto de la iniciativa, a este diario, La metodología sería similar: se convocarían a referentes políticos, representantes de empresas y estaría abierta a usuarios, asociaciones de consumidores y ONGs.
La medida, según creen en el Gobierno, permitiría descomprimir la situación en términos políticos y limar uno de los argumentos sobre los que se centró la presentación judicial que la Sala II de la Cámara Federal de La Plata tuvo en cuenta para frenar el tarifazo y que ahora debe analizar la Corte.
Fuente: Clarin
