La difícil situación que atraviesa la provincia gobernada por Alicia Kirchner no da tregua. Al paro de cuatro días que decretaron los docentes, se suma ahora un nuevo foco de conflicto. Esta vez ocurrió en pleno edificio de la Cámara de Diputados, donde la policía tuvo que sacar con matafuegos a un numeroso grupo de gremialistas que querían ingresar para estar presentes en una importante sesión.
Son miembros de la denominada Mesa de Unidad Sindical, que nuclea a los principales gremios estatales y que desde hace meses lleva adelante una serie de protestas contra la administración de la ex ministra de Desarrollo Social en reclamo de mejores salarios. Y es justamente el tema de los sueldos el que tiene directa relación con los incidentes ocurridos esta mañana.
En la jornada de hoy, el Ejecutivo provincial busca que se apruebe un nuevo endeudamiento por más de $10 mil millones para hacerle frente a gastos como los salarios. Ante la importancia del debate, los sindicalistas quisieron ingresar al edificio. Sin embargo, la policía provincial lo impidió.
Provistos de matafuegos, los efectivos enfrentaron a los trabajadores en la entrada de la Legislatura provincial y los sacaron tras descargar el contenido sobre los manifestantes. Patadas, empujones, trompadas y mucha tensión fueron el telón de fondo de esta nueva jornada de protesta en la provincia patagónica. Por los incidentes, el debate no pudo comenzar todavía.
La Cámara de Diputados santacruceña, además, intentará debatir un proyecto que implica una fuerte suba de tarifas en los servicios de la provincia, todas iniciativas pedidas por la gobernadora Kirchner.
Parte de los gremialistas que intentaron ingresar son los docentes de ATE, quienes llevan adelante desde el lunes una huelga de 96 horas. Los trabajadores mantienen protestas por el fracaso de las paritarias, al considerar insuficiente la propuesta de Alicia Kirchner.
La última propuesta de la provincia fue de un 10% de aumento en el básico y la modificación del puntaje docente. El gremio estimó que la oferta implica un 15% de incremento total, lo que calificaron de “irrisorio e insignificante”.
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