Casi un mes después de que se decretara la prohibición de despidos sin justa causa o por fuerza mayor, la Justicia falló por primera vez a favor de un trabajador desvinculado el 30 de marzo, un día antes de que se dictara el decreto, pero que recibió el telegrama una semana después.
Como la fecha legal del despido es cuando se notifica fehacientemente al empleado, es decir, el momento en el que recibe el telegrama, el trabajador demandó a su empleador, una agencia de viajes, por considerar que se lo desvinculó por razones de fuerza mayor mientras regía el decreto.
La jueza laboral Ana Alejandra Barilaro obligó a la firma a “reinstalar el actor en su puesto de trabajo” bajo apercibimiento de “ordenar la aplicación de astreintes (multas)” y de elevar el caso a la Justicia por la posible comisión de un delito penal.
Juan Carlos Cerutti, abogado laboralista y director del Área de Derecho del Trabajo de Plan A, explica que este podría ser el primero de una serie de fallos que podrían dictarse cuando se flexibilice un poco más la circulación de las personas.
Serán demandas de casos de empleados que tal vez fueron d espedidos antes del 31 de marzo, pero que recibieron su telegrama con días de retraso. “Sucedió que desde el 27 de marzo y durante el fin de semana anterior al decreto, muchas empresas mandaron notificaciones porque creían que se venía la prohibición de despidos, y luego hubo retrasos en la entrega”, describe.
Las empresas, hasta ese entonces, se amparaban en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que permitía a los empleadores pagar un cuarto de la indemnización vigente (hoy doble indemnización) cuando los despidos son “por fuerza mayor”, una figura que se podía utilizar durante la cuarentena y en el marco de una caída abrupta de la demanda propiciada por la pandemia global.
Cerutti detalló que algunas compañías utilizaron esa figura en los últimos días previos al decreto que prohibió despidos sin justa causa o por fuerza mayor durante 180 días y que hoy se encuentran ante la posibilidad de fallos desfavorables. A su juicio, las empresas deben asesorarse de forma correcta para evitar, “además de la crisis económica y de pandemia, una serie de juicios y costos añadidos”.
