El Gobierno Nacional confirmó que los aumentos en las tarifas de gas tendrán un tope de entre 300 y 400% para las usuarios residenciales y del 500% para las pymes y comercios. De acuerdo con las modificaciones que se realizaron tras la extensa audiencia pública de setiembre, se anunció además, una baja en el precio del gas en boca de pozo y la incorporación de 250 mil usuarios al universo de quienes acceden a la tarifa social.
Después de meses de idas y vueltas, el nuevo cuadro tarifario, quedó oficializado a través de la resolución 212, publicada ayer, en el Boletín Oficial. Las subas,en promedio van a ser del 203% para los usuarios residenciales de menores consumos (R1) y entre 277 y 369 % para los comercios y las pequeñas industrias, según sus consumos.
Así lo anunció, en conferencia de prensa, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien explicó que “podrán solicitar la tarifa social los usuarios que cobren hasta $15.120 mensuales, el equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles“, comprendiendo en ese monto a jubilados y pensionados. Y que “se considerarán los ingresos del titular del servicio“, aclaró.
Según la información oficial, el segmento de usuarios con tarifa social involucra a “1,7 millones de hogares“. A partir de ahora, también se incluirá en la tarifa social a las personas electrodependientes y sus convivientes, los que reciban pensiones vitalicias, los veteranos de Malvinas y una tarifa social.
Mientras mostraba los gráficos de su presentación en el microcine del Palacio de Hacienda, Aranguren dijo acerca de las tarifas de los residenciales que “en los meses cálidos, el 97% de los usuarios pagará menos de $500 pesos por mes y el 87% menos de $250 por mes, mientras que en los meses de invierno, el 79% de los usuarios abonará menos de $500 y el 60% menos de $250“ mensuales.
Respecto del valor de gas en boca de pozo, Aranguren destacó que el aumento que se aplicará a las tarifas será del equivalente a U$S3,42 por millón de BTU, (en vez de los U$S4,72 previstos originalmente por el Gobierno y que quedó desestimado por la Justicia) lo que implica “un subsidio del 50% de su valor“, según el funcionario, considerando un precio de U$S 7.
Sobre el punto mencionó que, en las revisiones semestrales que se harán en abril y octubre de cada año, el importe subirá a $3,77 en abril del año que viene hasta llegar a U$S6,80 en octubre de 2019.
En el caso de las provincias que integran la Patagonia y la Puna, el subsidio será de 81% ahora hasta llegar a cero en 2022.
“Vamos a mantener el esquema de ahorro”, insistió Aranguren al referirse a las bonificaciones a los usuarios que consuman menos gas. Y señaló que se tomará como única base de comparación para el cálculo, el mismo período de 2015. Con lo cual, los usuarios residenciales que logren un ahorro tendrán bajas del 50%, para el segmento de menor consumo, del 30% para el intermedio, y del 20% para el más alto.
Hacia adelante, teniendo en cuenta la Revision Tarifaria Integral (RTI) que se hará en la primera quincena de noviembre, se discutirán nuevos umbrales de consumo, cambios en la conducta de la población en cuanto a la utilización del servicio y un nuevo diseño de facturas para que mejoren su comprensión.
Según finalizó Aranguren, el objetivo de la política tarifaria es “lograr en los próximos tres años una reducción gradual de las importaciones, que hoy llegan al 30% del consumo, la protección de los sectores más vulnerables y la generación de conciencia respecto del uso racional de la energía”.
