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title: "La Justicia condena a un hombre a indemnizar a su exesposa por violencia de género"
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description: "Un juzgado civil de San Isidro dictó una sentencia que obliga a un hombre a pagar $10 millones a su exesposa debido a los daños ocasionados por años de maltrato durante su relación. La decisión se fundamentó en diversos informes y testimonios que evidencian la violencia sufrida por la mujer."
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date_published: "2026-11-17T10:25:00-03:00"
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# La Justicia condena a un hombre a indemnizar a su exesposa por violencia de género

![](https://www.infobae.com/resizer/v2/OAU4CYAG2VE2LM3SECBKF7RS7I.png?auth=059b56528cb800217a0faaab92b01926abf5341eb09f4c51c6eb7adb35088cae&smart=true&width=1200&height=630&quality=85)

La mujer había iniciado el reclamo en 2019, inicialmente solicitando una indemnización de $5,5 millones. En su demanda, expuso que padeció agresiones físicas, psicológicas, económicas y amenazas a lo largo de su convivencia con el demandado. Además, destacó que estas situaciones también impactaron negativamente en su hijo, fruto de la relación. En su presentación, la demandante solicitó que se le prohibiera al hombre hacer referencia a ella ante terceros y ante el joven, buscando proteger su dignidad y la del niño.

Según la demanda, la pareja contrajo matrimonio en noviembre de 1996 y tuvo un hijo al año siguiente. La mujer afirmó que los episodios de violencia comenzaron antes del nacimiento del niño y que, cuando cursaba el octavo mes de embarazo, sufrió una agresión que comprometió su salud. También relató que existieron denuncias y actuaciones judiciales desde los primeros años de la relación, lo que evidencia un patrón de violencia que perduró en el tiempo.

El escrito inicial describió una convivencia marcada por insultos, descalificaciones y agresiones físicas. La mujer, que actualmente tiene 60 años, sostuvo que el hombre cuestionaba constantemente su rol como madre y esposa, desacreditaba a su familia y mantenía actitudes hostiles en presencia de su hijo. De acuerdo con su relato, el niño también fue víctima de malos tratos y requirió asistencia psicológica en distintos momentos de su vida, lo que subraya el impacto de la violencia en su desarrollo emocional.

La demandante mencionó que había promovido actuaciones por violencia familiar en los años 2002, 2007 y entre 2010 y 2011. Indicó que en varias ocasiones se dictaron medidas de exclusión del hogar contra el hombre, aunque no las hizo efectivas porque él le pedía perdón y prometía que no volverían a ocurrir episodios de agresión, lo que refleja un ciclo de violencia y reconciliación que dificultó su decisión de dejar la relación.

Un hecho central en el reclamo se relacionó con una denuncia presentada por el hombre en 2011. La mujer sostuvo que intentaba utilizar un teléfono para solicitar ayuda durante una situación de violencia, y que, en medio de un forcejeo, él sufrió un corte en una mano. Según su versión, esa denuncia derivó en su exclusión del hogar, donde permanecieron bienes que ella había adquirido y mejoras que, según afirmó, había financiado con su trabajo, lo que añade una dimensión económica a su sufrimiento y a la injusticia de la situación.

La demanda también incluyó un reclamo por los efectos económicos derivados de la separación. La mujer demandante manifestó que había tenido que hacerse cargo de manera exclusiva de los gastos relacionados con la alimentación, la educación, la vestimenta y los tratamientos psicológicos de su hijo. Afirmó que el demandado no contribuía de manera adecuada al mantenimiento del hogar y que, incluso después de haber sido excluido, continuó utilizando servicios de salud que ella financiaba.

El hombre, por su parte, rechazó la demanda y negó los hechos que se le imputaban. En su respuesta, argumentó que la mujer distorsionaba la historia de la relación con el objetivo de obtener una compensación económica. Reconoció la existencia del matrimonio, el nacimiento del hijo y la posterior separación, pero negó haber ejercido violencia contra la demandante, alegando que él había sido víctima de amenazas, denuncias y litigios iniciados por ella.

El demandado, de 62 años, sostuvo que la exclusión del hogar dispuesta en 2011 también afectó a la mujer y cuestionó la validez de los conceptos reclamados. Además, indicó que las denuncias de violencia presentadas por hombres suelen recibir menos atención. Por estas razones, solicitó que se desestimara el reclamo y que los costos del proceso fueran impuestos a la demandante.

La jueza, quien está al frente del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de San Isidro, fundamentó su decisión en informes elaborados durante el juicio. Uno de estos informes, proporcionado por un área municipal especializada en género, indicó que la mujer había buscado asistencia por primera vez en 1997 debido a situaciones de violencia ejercidas por su esposo. El documento también registró nuevas consultas en 2006 y 2011, así como tratamientos grupales, entrevistas legales y derivaciones a espacios terapéuticos.

Otro informe que se incorporó al expediente señaló que un centro de salud no conservaba la historia clínica de la mujer debido al vencimiento del plazo legal de guarda. Sin embargo, una profesional recordó que ambos miembros de la pareja habían sido derivados a un centro especializado para recibir tratamientos individuales relacionados con situaciones de violencia. La sentencia también hizo mención de antecedentes de ansiedad persistente en la reclamante.

La resolución también subrayó las constancias enviadas por la fiscalía general de San Isidro. El análisis del sistema informático del Ministerio Público reveló investigaciones penales relacionadas con el demandado por lesiones, amenazas, falsa denuncia y hurto. Aunque la jueza no consideró esos registros como condenas por los hechos mencionados, sí los tuvo en cuenta junto con el resto de las pruebas recopiladas, lo que contribuyó a la valoración del caso.

Asimismo, se valoraron los expedientes provenientes de tribunales de familia, la entrevista que el hombre realizó en 2007 con un programa municipal dirigido a varones y las declaraciones de testigos. La magistrada argumentó que, dada la naturaleza de los conflictos familiares, los testimonios de parientes y personas cercanas podían ser aceptados, aunque su fuerza probatoria debía ser evaluada conforme a las reglas de la sana crítica, lo que implica un análisis cuidadoso de la credibilidad de los testigos.

En su fundamentación, la jueza aclaró que la ausencia de una secuela psicológica clínica no implica que no haya existido maltrato. Destacó que una persona puede desarrollar mecanismos de defensa o resiliencia ante experiencias de violencia y enfatizó que el derecho protege la dignidad, la integridad física y psicológica, así como el proyecto de vida de quienes han sufrido daños, subrayando la importancia de reconocer el impacto del maltrato en la vida de la víctima.

El fallo se enmarcó dentro de las normas de protección contra la violencia hacia las mujeres y en los artículos del Código Civil y Comercial que obligan a reparar los daños ocasionados. La magistrada determinó que las agresiones comprobadas vulneraron derechos personalísimos de la demandante y estableció una indemnización de $10 millones, cantidad que supera el monto inicialmente solicitado al comienzo del proceso, reflejando la gravedad de los hechos.

Esta suma generará un interés anual del 6% desde el 28 de agosto de 2019, fecha en la que comenzó la mediación, hasta la emisión de la sentencia. A partir de ese momento y hasta el pago efectivo, se aplicará la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a 30 días. Las costas del juicio serán asumidas por el demandado, y la regulación de honorarios se diferirá para una etapa posterior, asegurando que la responsabilidad financiera recaiga sobre quien causó el daño.

La Justicia determinó que la mujer sufrió un accidente el 28 de junio de 2019 al tropezar en una acera que presentaba baldosas rotas y faltantes. La Cámara de Apelaciones concluyó que el municipio había incumplido con su obligación de mantener y controlar las condiciones de las veredas, lo que llevó a la decisión de otorgar indemnizaciones que incluyen compensaciones por incapacidad física, daño moral, tratamiento psicológico y gastos médicos.

En otro caso, un matafuego que se cayó sobre el pie de una vecina de Villa Crespo obligará al consorcio del edificio a indemnizarla con más de $14 millones. El incidente tuvo lugar en febrero de 2020, cuando la mujer se dirigía desde su departamento hacia el ascensor. El matafuego se desprendió de un soporte en el pasillo, causándole una fractura expuesta en el dedo gordo del pie izquierdo. La Cámara Civil ratificó la responsabilidad objetiva del consorcio y aumentó el monto de la indemnización que había sido establecido en primera instancia.

Por otro lado, la Justicia desestimó un recurso presentado por la Fundación de la Hemofilia en contra del Gobierno por la suspensión de subsidios. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó el planteo de la organización, que había solicitado cerca de $1.600 millones al Ministerio de Salud para financiar sus actividades durante el año 2025. Este conflicto también incluyó una solicitud de multa diaria de $400.000 contra el ministro Mario Lugones, debido a un supuesto incumplimiento de una sentencia judicial.

Finalmente, se rechazaron las apelaciones de tres individuos condenados por una estafa que ascendió a $1.590 millones, afectando a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Banco Nación. Estos condenados intentaron impugnar el juicio abreviado en el que admitieron su culpabilidad y acordaron una pena de prisión por desviar fondos mediante el uso de correos y documentos falsos en dos facultades.

Fuente original: [Infobae Judiciales](https://www.infobae.com/judiciales/2026/11/17/violencia-de-genero-la-justicia-condeno-a-un-hombre-a-indemnizar-a-su-exesposa-por-anos-de-maltrato/).

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