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title: "La Justicia desestima el recurso de la Fundación de la Hemofilia contra el Ministerio de Salud"
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description: "La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal falló en contra de la Fundación de la Hemofilia, que había solicitado sanciones económicas al Ministerio de Salud por la suspensión de subsidios."
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# La Justicia desestima el recurso de la Fundación de la Hemofilia contra el Ministerio de Salud

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La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó un recurso presentado por la Fundación de la Hemofilia, que había demandado al Ministerio de Salud de la Nación por considerar que este último había incumplido una sentencia judicial relacionada con su solicitud de financiamiento estatal. Este planteo surgió tras la decisión del Gobierno de discontinuar los subsidios que la entidad recibía. No obstante, los magistrados concluyeron que los cuestionamientos sobre la validez de esa decisión no podían ser analizados mediante el procedimiento judicial que utilizó la Fundación.

La resolución fue adoptada por la Sala II, compuesta por los jueces José López Castiñeira, Luis Márquez y María Claudia Caputi. Ellos argumentaron que las objeciones de la Fundación respecto a la respuesta administrativa del Ministerio superaban el alcance del amparo por mora que había presentado para obtener una respuesta sobre su solicitud de financiamiento. Este conflicto se remonta a junio de 2024, cuando la Fundación solicitó un subsidio de $1.596.760.000 para el ejercicio 2025. Ante la falta de una respuesta definitiva por parte del Ministerio, la entidad recurrió a la Justicia y logró una sentencia que obligaba al organismo a resolver el trámite. Sin embargo, posteriormente el Gobierno comunicó que no otorgaría nuevos aportes institucionales, lo que llevó a la Fundación a realizar nuevas presentaciones judiciales, incluyendo un pedido de multa diaria de $400.000 contra el ministro de Salud, Mario Lugones, por el presunto incumplimiento de la orden judicial.

La Fundación de la Hemofilia, establecida en 1944, se dedica a la atención especializada, el seguimiento de pacientes, la investigación y la capacitación de profesionales relacionados con la hemofilia y otros trastornos de la coagulación. Esta enfermedad, que generalmente se hereda, dificulta la coagulación de la sangre, lo que puede ocasionar hemorragias prolongadas o espontáneas, especialmente en músculos y articulaciones. Según la información proporcionada por la institución en sus presentaciones judiciales, desde principios de la década de 2000, recibía apoyo económico del Estado Nacional para contribuir a la operación de sus servicios, que incluían la atención de pacientes de diversas provincias, el mantenimiento de registros especializados y la disponibilidad de factores de coagulación para situaciones de urgencia.

En junio de 2024, la Fundación solicitó al Ministerio de Salud un subsidio por un total de $1.596.760.000 para financiar sus actividades durante el año 2025. Este pedido generó un trámite administrativo en el que se evaluaron las necesidades presupuestarias de la entidad y los servicios que ofrecía. Durante este proceso, la cartera sanitaria elaboró un proyecto de resolución que contemplaba un aporte de $193.821.237, destinado específicamente a las tareas de atención y registro de pacientes. Sin embargo, esta propuesta no se convirtió en una autorización definitiva, y la solicitud continuó sin una resolución.

Ante la falta de respuesta, la Fundación presentó varios reclamos administrativos y, en octubre de 2025, recurrió a la Justicia mediante un amparo por mora, un procedimiento que permite exigir a los organismos públicos que se pronuncien sobre solicitudes pendientes. La institución argumentó que la demora ponía en riesgo el financiamiento de sus actividades y solicitó que se ordenara al Ministerio tomar una decisión respecto al subsidio solicitado.

El Gobierno, por su parte, negó que hubiera existido una demora arbitraria en el tratamiento del expediente. Argumentó que el mismo había registrado avances y que la concesión de una suma de tal magnitud requería controles técnicos, jurídicos y presupuestarios. Además, atribuyó parte de los retrasos a la reorganización de la cartera sanitaria tras el cambio de administración que se produjo en diciembre de 2023.

En diciembre de 2025, el juez federal Santiago Carrillo, quien se desempeña como titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 3, dio lugar al reclamo presentado y ordenó al Ministerio de Salud que resolviera la solicitud en un plazo de 20 días hábiles administrativos. El magistrado argumentó que las explicaciones proporcionadas por las autoridades no justificaban el tiempo transcurrido sin una decisión definitiva. A pesar de que el Gobierno apeló esta resolución, en marzo de 2026, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia y mantuvo la obligación de emitir una respuesta.

### **La decisión del Gobierno de suspender los subsidios**

En abril pasado, el Ministerio de Salud notificó a la Fundación de la Hemofilia que había tomado la decisión de no otorgar nuevos subsidios institucionales. La comunicación fue firmada por Héctor Flores, secretario de Gestión Sanitaria, quien justificó la medida en la necesidad de reorganizar la distribución de los recursos públicos y priorizar programas de alcance general, como el Calendario Nacional de Vacunación y diversas políticas de prevención.

En la notificación se reconocía la relevancia de las actividades realizadas por la institución, aunque se afirmaba que el Gobierno había decidido modificar los criterios de asignación de fondos. Además, se mencionaba que las autoridades de la Fundación habían sido informadas sobre esta decisión en conversaciones mantenidas en julio de 2025, con el fin de que pudieran buscar fuentes alternativas de financiamiento.

La controversia también abarcaba diferencias respecto a los aportes realizados en años anteriores. Según la documentación oficial, el Ministerio había aprobado un subsidio de $740.337.137 en octubre de 2024 y había otorgado un refuerzo adicional de $400 millones en mayo de 2025. En total, la cartera sanitaria reportó transferencias por $1.140.337.137 durante el bienio 2024-2025.

No obstante, la Fundación cuestionó la forma en que se habían contabilizado esos recursos. Argumentaba que existía una partida presupuestaria de $594 millones para 2025 y reclamaba el pago de aproximadamente $400 millones que consideraba pendientes, al sostener que el Gobierno había imputado incorrectamente al ejercicio 2025 fondos que estaban relacionados con necesidades del año anterior.

El Ministerio de Salud rechazó la interpretación realizada por la Fundación de la Hemofilia, aclarando que el refuerzo de $400 millones había sido devengado y pagado en mayo de 2025. Según las normas de administración financiera, este monto debía contabilizarse dentro de ese ejercicio fiscal. Además, el Ministerio argumentó que la existencia de una partida presupuestaria no implicaba automáticamente la obligación de transferirla, y que los aportes recibidos por la Fundación en años anteriores no generaban un derecho adquirido a su continuidad.

Mediante una resolución firmada el 31 de agosto, la Secretaría de Gestión Sanitaria desestimó un recurso de reconsideración presentado por la Fundación y decidió mantener la discontinuación de los subsidios institucionales correspondientes al año 2025.

El Gobierno también afirmó que esta medida no afectaba la atención sanitaria de las personas con hemofilia, ya que podían acceder a tratamientos a través de hospitales públicos como Posadas, Garrahan, El Cruce y Cuenca Alta. Como respaldo a esta afirmación, se informó que el Programa Federal Incluir Salud había asistido a 329 pacientes con hemofilia en el último año, y que otros 446 beneficiarios continuaban incluidos en el régimen de subsidios individuales establecido por la legislación nacional.

La respuesta del Ministerio no puso fin al conflicto judicial, ya que la Fundación argumentó que la comunicación emitida en abril no constituía un acto administrativo válido para cumplir con la sentencia que había ordenado resolver su solicitud. Por esta razón, la Fundación volvió a presentarse ante el juez Carrillo, quien había intimado en dos ocasiones a la cartera sanitaria para que acreditara el cumplimiento de dicha decisión, siendo la segunda bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas.

En agosto, la Fundación solicitó que se declarara incumplida la sentencia y que se impusiera una multa diaria de $400.000 al ministro de Salud, Mario Lugones. Este planteo fue presentado por la presidenta de la Fundación, María Belén Robert, con el patrocinio del abogado Paolo Petrecca.

La Fundación de la Hemofilia argumentó que la respuesta emitida por el Gobierno no cumplía con los requisitos legales en términos de forma, competencia, procedimiento y motivación. En particular, criticó el hecho de que se hubiera utilizado una nota en lugar de una resolución administrativa formal y que la firma correspondiera al secretario de Gestión Sanitaria, en lugar de al ministro. Además, solicitó, de manera subsidiaria, que se declarara la nulidad de dicha respuesta.

El juez Carrillo desestimó el pedido al considerar que la validez de la decisión administrativa no podía ser evaluada a través de un amparo por mora. Ante esto, la Fundación apeló y argumentó que su pretensión no era discutir la conveniencia de la suspensión de los subsidios, sino verificar si el Ministerio había cumplido efectivamente con la orden judicial que requería una respuesta a su solicitud.

Al revisar el recurso, la Sala II de la Cámara de Apelaciones concluyó que los cuestionamientos planteados por la entidad estaban dirigidos a impugnar los requisitos legales de la comunicación ministerial. Los camaristas señalaron que “no se trata, por tanto, de un cuestionamiento relativo a la correspondencia entre la sentencia y la respuesta brindada por la Administración, sino de una impugnación de la validez de esta última”.

En este contexto, los jueces recordaron que “el amparo por mora tiene por finalidad obtener un pronunciamiento expreso de la Administración sobre la petición formulada, sin imponer el sentido en que debe resolver”. Con base en este criterio, entendieron que el análisis de los supuestos defectos de la respuesta ministerial excedía el ámbito del procedimiento judicial iniciado por la Fundación.

La entidad también había invocado una disposición de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos que permite cuestionar, en el marco de la ejecución de una sentencia, ciertos actos posteriores que contradigan lo resuelto judicialmente. Sin embargo, la Cámara desestimó su aplicación al caso en cuestión, precisando que “en atención a la naturaleza y al objeto acotado de esta acción, no cabe concluir que dicha previsión resulte aplicable al trámite ejecutivo de un amparo por mora”.

Con estos fundamentos, el tribunal de alzada rechazó la apelación presentada por la Fundación de la Hemofilia y confirmó la decisión de primera instancia, imponiendo además las costas a la entidad.

Se intentó impugnar el juicio abreviado en el que se admitió la culpabilidad y se acordó una pena de prisión por la desviación de fondos a través de documentos y correos falsificados en dos facultades. Uno de los acusados, identificado como $LIBRA, busca apartar a la jueza Ledesma para detener la revisión que podría reactivar el caso.

Mauricio Novelli, quien figura entre los once sobreseídos junto a Javier Milei, ha cuestionado la imparcialidad de la magistrada, argumentando que sus conexiones con organizaciones que promovieron la investigación afectan su objetividad.

Se ha restituido al Estado un terreno del astillero Tandanor que había sido adquirido mediante una licitación irregular. En agosto del año pasado, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, siguiendo el dictamen del fiscal general Diego Luciani, ordenó el decomiso y la devolución al Estado del predio, que había sido otorgado a Puerto Retiro S.A. a través de un proceso licitatorio que fue objeto de cuestionamientos. Como resultado de esta maniobra, dos empresarios y un exfuncionario del Ministerio de Defensa fueron condenados en 2018.

El exjefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, se presentará mañana en Comodoro Py para defenderse de las acusaciones en su contra. El gremialista solicitará su sobreseimiento, argumentando que no hubo ninguna actividad "irregular o delictiva" en su desempeño.

En el ámbito jurídico, surge la pregunta sobre la existencia del “derecho de admisión” en los colegios. La frase “la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia” es común en ciertos establecimientos y comercios. Sin embargo, se plantea si un colegio podría limitar la matrícula de un alumno, considerando los límites a la discriminación y la necesidad de conciliar esto con el derecho a la educación.

Fuente original: [Infobae Judiciales](https://www.infobae.com/judiciales/2026/11/16/la-justicia-rechazo-un-recurso-de-la-fundacion-de-la-hemofilia-contra-el-gobierno-por-la-suspension-de-subsidios/).

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