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title: "Detención de cinco individuos vinculados a una red de lavado de activos y narcotráfico en Río Gallegos"
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description: "En operativos realizados en Río Gallegos, se detuvieron a dos personas y cinco imputados fueron alojados en un penal federal, todos acusados de formar parte de una red de narcotráfico y lavado de activos supuestamente liderada por Lázaro Báez desde la cárcel."
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# Detención de cinco individuos vinculados a una red de lavado de activos y narcotráfico en Río Gallegos

![](https://www.infobae.com/resizer/v2/VDMYWF5Q2FGBBEZ6WBIGWCFZRM.jpg?auth=a769ab212696276f46dad8fe57da001125aadfb145f43f0b6f0c53cf922b07fa&smart=true&width=1200&height=630&quality=85)

Durante este sábado, se llevaron a cabo varios operativos en distintos sectores de la capital santacruceña, donde se concretaron las detenciones. En uno de los procedimientos, realizado en la calle Provincias Unidas, entre Entre Ríos y Estrada, se arrestaron a dos individuos. En otro operativo, en la intersección de Banciella y 20 de Julio, los investigadores requisaron un automóvil, aunque no se especificaron los detalles sobre el contenido de la requisitoria.

Ante la sospecha de que la organización criminal estaba gestionando una red de tráfico de drogas, se decidió la intervención de Moira, una perra entrenada para detectar narcóticos. Según trascendió, la canina habría señalado rastros de sustancias que serán sometidas a pericias para determinar su naturaleza y composición, lo que podría ser clave en el desarrollo de la investigación.

Además, según información obtenida por La Opinión Austral, las fuerzas provinciales y federales llevaron a cabo un rastrillaje en un establecimiento rural ubicado en el paraje Kiri Kaike, sobre la Ruta Provincial N° 53. En este predio, se encontraron tres vehículos de carga de gran porte que estaban abandonados, lo que generó nuevas líneas de investigación sobre su posible uso en actividades ilícitas.

La investigación busca establecer si estos camiones tenían alguna vinculación con la presunta estructura dedicada al traslado de cocaína desde el norte del país hacia Río Gallegos. Según consta en la causa, esa modalidad habría utilizado vehículos pertenecientes a empresas de transporte al menos desde diciembre del año pasado, lo que sugiere una operación más amplia y organizada.

El hallazgo de los vehículos también podría aportar información relevante para la pesquisa por lavado de activos, que intenta reconstruir un supuesto mecanismo para administrar, explotar y poner en circulación maquinaria y otros bienes relacionados con Báez, con el posible objetivo de evitar los decomisos ordenados por la Justicia, lo que podría complicar aún más la situación legal del empresario.

Alrededor de las 17 horas, los cinco imputados fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria Federal N° 15 de Río Gallegos, donde quedaron detenidos de manera preventiva. La llegada de la comitiva movilizó a familiares que se concentraron frente al establecimiento penitenciario, lo que refleja el impacto social y familiar de estas detenciones en la comunidad local.

Antes de que los detenidos ingresaran a la unidad, el personal del Servicio Penitenciario llevó a cabo la preparación del alojamiento correspondiente y una médica realizó los controles clínicos de rutina. Los acusados fueron trasladados junto a sus pertenencias personales, que incluían colchones, mantas, yerba y alimentos.

La mayoría de los imputados optó por no hacer declaraciones ante la prensa. Sin embargo, uno de ellos se proclamó “inocente políticamente” antes de su ingreso a la unidad. Otro de los detenidos se dirigió a su madre, quien aguardaba en las cercanías, y le expresó: “Perdón, mami”.

Los cinco acusados habían comparecido días atrás ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, donde decidieron no declarar, siguiendo el consejo de sus defensores. Con estas nuevas detenciones, permanecen privados de libertad Lázaro Báez, quien se encuentra alojado en el complejo penitenciario de Ezeiza; su pareja, Claudia Insaurralde; Cristian Ibáñez, apodado “Budín”; y Óscar Núñez, quien está detenido en la Unidad Penitenciaria N° 2 de Río Gallegos.

La Justicia Federal investiga si Lázaro Báez habría liderado desde la cárcel una supuesta organización destinada a administrar y explotar bienes embargados o decomisados, eludiendo el control de los tribunales que intervienen en sus causas. La pesquisa abarca movimientos que superan los $400 millones, así como contratos relacionados con estancias, alquileres de propiedades y el uso de vehículos pertenecientes a empresas de su grupo.

La acusación fue formalizada ante el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, a raíz de una investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal local y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Durante la audiencia que se celebró este jueves, el fiscal Julio Zárate atribuyó al empresario el presunto liderazgo de una asociación ilícita orientada al lavado de activos. Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, Báez impartía directivas desde su celda a través de una línea telefónica registrada a nombre del Servicio Penitenciario Federal.

Con anterioridad a esto, los investigadores llevaron a cabo un allanamiento en el lugar, donde secuestraron documentación y analizaron comunicaciones que, según su criterio, evidencian instrucciones sobre sus propiedades y empresas.

La causa también involucra a Claudia Insaurralde, pareja de Lázaro Báez, y a Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, quienes son considerados por la Fiscalía como figuras clave en la supuesta organización delictiva. Ambos fueron arrestados en el aeropuerto de Ezeiza tras haber llegado desde Río Gallegos, y se está investigando un posible intento de fuga.

Según los investigadores, Insaurralde e Ibáñez habrían estado a cargo de la gestión de establecimientos rurales, así como del cobro de alquileres y la distribución de fondos. En las comunicaciones que se han incorporado al expediente, los implicados se refieren a Báez como “el tío” y a Insaurralde como “la tía”.

Una de las líneas de investigación se centra en la actividad ganadera. La Fiscalía ha encontrado contratos de locación y capitalización que fueron firmados a través de Austral Agro S.A. Entre los documentos secuestrados se encuentra un contrato de alquiler de la estancia La Entrerriana a favor de Ibáñez por un monto de $2 millones mensuales. Sin embargo, las planillas halladas en la celda de Báez indican que el imputado acumulaba una deuda de $12 millones.

La investigación también incluye un convenio relacionado con 7.000 ovejas en la estancia Coronel Guarumba. Según la acusación, dos personas vinculadas a este acuerdo transfirieron un total de $26,2 millones a Ibáñez entre abril y octubre de 2026. Parte de esos fondos habría sido posteriormente enviado a cuentas de Insaurralde y de Fausto Devetac, cuñado de Ibáñez.

Además de lo anterior, los fiscales están analizando la gestión de departamentos en el edificio Koonek, ubicado en Río Gallegos, cuyos derechos de propiedad fueron decomisados y transferidos a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La acusación sostiene que Ibáñez realizó indagaciones para determinar quién estaba recibiendo los alquileres de esas unidades.

En otro aspecto de la causa, se investiga el presunto uso de camiones y maquinaria pertenecientes a Austral Construcciones. Uno de los vehículos fue interceptado en Caleta Olivia en julio de 2025, mientras transportaba estructuras metálicas y maquinaria desmantelada. Meses después, de acuerdo con la investigación, el mismo camión fue fotografiado en una propiedad relacionada con Ibáñez y posteriormente fue secuestrado cerca de Guer Aike.

Ibáñez también está señalado como imputado en otra investigación que indaga sobre una supuesta organización dedicada al transporte de cocaína en camiones, actividad que se habría llevado a cabo desde diciembre de 2025. Este caso se considera uno de los antecedentes que condujeron a la investigación sobre la presunta red de lavado de activos relacionada con Lázaro Báez.

En otras noticias judiciales, la Cámara Civil confirmó la sentencia contra dos inquilinos y una garante, quienes deberán indemnizar a la propietaria de un departamento en Vicente López. La decisión se tomó tras constatar daños en los pisos de madera del inmueble, así como fallas eléctricas y problemas de humedad que la empresa dueña del lugar logró acreditar después de la devolución del mismo.

En otro caso, una ciclista que sufrió lesiones al caer en unas vías en desuso demandó al Estado, pero su reclamo fue rechazado por la Justicia. La mujer había solicitado una indemnización argumentando que la rueda de su bicicleta se había quedado atrapada en una canaleta adyacente a antiguos rieles en septiembre de 2020.

Además, una aerolínea fue condenada por la Justicia tras cancelar un vuelo a Florianópolis y continuar cobrando las cuotas del pasaje a los pasajeros. Los afectados denunciaron que la compañía les notificó un mes antes de la fecha del viaje que había dejado de operar esa ruta, a pesar de seguir cargando los pagos de los pasajes que nunca pudieron utilizar.

En el caso del vacunatorio VIP, se inicia la etapa final de indagatorias que involucra a Eduardo y Chiche Duhalde, Jorge Taiana y Hugo Curto. Esta causa investiga la posible participación de 34 imputados en el presunto desvío de dosis de vacunas contra el Covid-19, que estaban destinadas a grupos prioritarios durante la pandemia.

Por último, en el caso Hotesur-Los Sauces, se está reconstruyendo el circuito del dinero que habría fluido hacia los hoteles de la familia Kirchner, supuestamente para lavar fondos provenientes de la defraudación en la obra pública en Santa Cruz. Actualmente, se está llevando a cabo el juicio por Hotesur, que involucra a Cristina Kirchner y su hijo, Máximo.

Fuente original: [Infobae Judiciales](https://www.infobae.com/judiciales/2026/11/15/detuvieron-a-cinco-acusados-de-integrar-la-red-de-lavado-y-narcotrafico-que-habria-liderado-lazaro-baez-desde-la-carcel/).

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