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title: "La problemática del acoso callejero en El Salvador y los desafíos legales para las víctimas"
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description: "En El Salvador, el acoso callejero se ha convertido en una práctica común que afecta la seguridad de muchas mujeres, quienes a menudo se sienten desprotegidas y carecen de información sobre cómo proceder legalmente."
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# La problemática del acoso callejero en El Salvador y los desafíos legales para las víctimas

![](https://www.infobae.com/resizer/v2/MTQS33777ZHFLLMAEDZM3JMH7M.png?auth=06480915491381ee0c272297eabddb150a1c1fd1b24aaa0426758dfb5a7cf8aa&smart=true&width=1200&height=630&quality=85)

En las calles y el transporte público de El Salvador, el acoso callejero se manifiesta como una realidad cotidiana que pone en riesgo la seguridad de miles de mujeres. Muchas de ellas optan por permanecer en silencio, ya sea por la falta de orientación sobre los procedimientos legales o por el desconocimiento de las normativas vigentes que castigan estas conductas. La normalización de situaciones como tocamientos, persecuciones y expresiones verbales obscenas en espacios públicos crea un ambiente de indefensión, que se ve agravado por la desconfianza hacia la respuesta de las instituciones y la escasa cantidad de denuncias formales presentadas ante las autoridades competentes.

En este contexto, el abogado salvadoreño Edward Alexander Benavides compartió con Infobae información sobre los aspectos relevantes y las lagunas en la legislación penal del país, así como los mecanismos de prueba disponibles y los retos procesales que enfrentan las víctimas al intentar acceder a la justicia. Benavides explicó que el acoso callejero se encuentra regulado de manera general en el artículo 165 del Código Penal, que establece sanciones para quienes realicen conductas sexuales indeseadas, incluyendo frases, tocamientos y señas. La pena prevista oscila entre tres y cinco años de prisión; sin embargo, si la víctima es una persona menor de 15 años, la sanción se incrementa a un rango de cuatro a ocho años de cárcel, además de multas que van de 100 a 200 días.

Además, se encuentra en vigor la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), que aborda los delitos cometidos contra mujeres por razones de género, incluyendo las formas de violencia descritas en el artículo 55. En cuanto a la distinción entre un comentario verbal y una conducta que constituya un delito penal, Benavides destacó que existe una línea compleja en términos de prueba y percepción social. Legalmente, cualquier acto de connotación sexual no consentido puede ser considerado una falta o un delito, dependiendo de su gravedad. Sin embargo, en el ámbito de las palabras o gestos en la vía pública, la valoración depende del impacto que estos tengan en la persona afectada y del criterio del juez.

Cuando una mujer decide presentar una denuncia, su declaración activa la intervención de las autoridades policiales, lo que requiere una evaluación precisa de la intencionalidad y el contexto de los hechos para evitar decisiones arbitrarias. En situaciones donde no hay testigos, las víctimas pueden enfrentar dificultades adicionales para probar su caso, lo que resalta la importancia de contar con mecanismos de prueba efectivos que respalden sus denuncias.

Las situaciones que se presentan en el transporte público o en vehículos de plataformas particulares a menudo carecen de testigos dispuestos a declarar. En estos casos, el peritaje psicológico realizado por el Instituto de Medicina Legal (IML) se convierte en la prueba fundamental. A través de evaluaciones técnicas, los especialistas determinan la veracidad del testimonio de la víctima y las afectaciones emocionales que derivan del hecho. La jurisprudencia reconoce la validez del testimonio de la víctima cuando está respaldado por este informe pericial.

Las grabaciones obtenidas con teléfonos celulares y cámaras de seguridad tienen plena validez procesal. En situaciones donde una persona sufre una agresión ilícita en la vía pública, la ley salvadoreña permite el registro de los hechos para utilizarlos como evidencia en el proceso. La Fiscalía General de la República está facultada para solicitar judicialmente la extracción forense de datos telefónicos, así como imágenes o vídeos, con el fin de fortalecer el expediente acusatorio ante los tribunales.

En cuanto a la respuesta de las autoridades tras la presentación de una denuncia formal, la recomendación técnica es realizar la denuncia directamente en la sede fiscal para facilitar la apertura del expediente. Sin embargo, el sistema judicial salvadoreño enfrenta una saturación que puede extender los tiempos de citación e investigación por meses e incluso hasta un año. Esto se ve modificado en casos donde las víctimas son menores de edad, ya que en estas situaciones el aparato estatal tiende a actuar con mayor rapidez.

Los jueces tienen la autoridad para emitir medidas cautelares de protección, las cuales prohíben el acercamiento del agresor a la denunciante mientras el proceso judicial sigue su curso. En relación con la posibilidad de que el aumento de las penas erradique esta problemática en los espacios públicos, se considera que el incremento de las condenas de cárcel no aborda el origen del problema. La solución para transformar una sociedad con conductas machistas arraigadas radica en la educación ciudadana y en la prevención temprana, en lugar de enfocarse únicamente en el castigo penitenciario posterior.

La psicóloga enfatiza que "quedarse callada no significa aceptar lo que sucede", refiriéndose al impacto del acoso callejero en El Salvador. Para muchas mujeres en el país, transitar por las calles se ha convertido en una experiencia repleta de dificultades, que incluye cambiar de ruta, evitar salir solas, estar atentas a quién las sigue o elegir su vestimenta con el objetivo de pasar desapercibidas.

En un contexto donde la violencia de género es un tema crítico, se ha anunciado la construcción de una nueva planta potabilizadora en Ilopango, la cual beneficiará a más de 250 mil salvadoreños. Este proyecto metropolitano, que cuenta con financiamiento de cooperación internacional, incluirá ocho pozos de captación, reservorios de emergencia y tuberías de gran diámetro, lo que permitirá distribuir agua a miles de hogares en la región.

En un desgarrador testimonio, cinco mujeres salvadoreñas comparten sus experiencias sobre la violencia del acoso callejero, la cual comenzaron a sufrir desde la niñez, a partir de los 11 años. Sus relatos revelan un patrón alarmante en el que el acoso sexual en espacios públicos no solo coexiste con la indiferencia social y la revictimización de quienes son testigos, sino que también se ve agravado por el abandono de las autoridades policiales ante las denuncias presentadas.

La situación del acoso callejero en El Salvador ha generado un clima de intimidación tanto en las aceras como en los autobuses, lo que afecta directamente la movilidad diaria de las mujeres. Los reportes institucionales corroboran que el acoso callejero, junto con la falta de iluminación en las vías públicas, limita la libre circulación de la población femenina, creando un ambiente de inseguridad constante.

En otro orden de noticias, Estados Unidos ha extraditado a El Salvador a un hombre acusado de asesinar a su expareja y de abandonar a su hijo menor de dos años. La entrega, que fue confirmada por la Fiscalía Federal del Distrito Central de California, marca un hito, ya que se trata de la primera extradición de un ciudadano estadounidense para enfrentar en territorio salvadoreño acusaciones por delitos que supuestamente cometió en ese país.

Fuente original: [Infobae América](https://www.infobae.com/el-salvador/2026/10/29/es-posible-denunciar-y-ganar-un-caso-de-acoso-callejero-sin-testigos-y-pruebas-en-el-salvador/).

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