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title: "Las pymes de biocombustibles buscan modificaciones en el proyecto de ley tras la renuncia de Daniel González"
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description: "La salida del secretario de Energía abre nuevas oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas del sector modifiquen el proyecto de reforma de la ley 27.640 en la Cámara de Diputados, con el objetivo de proteger miles de puestos de trabajo."
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# Las pymes de biocombustibles buscan modificaciones en el proyecto de ley tras la renuncia de Daniel González

![](https://media.letrap.com.ar/p/735b1fae67ef6a65385cedf692a0c237/adjuntos/349/imagenes/100/170/0100170680/1200x630/smart/biocombustibles-congreso.jpg)

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) de biocombustibles mantienen la esperanza de que la reciente renuncia de Daniel González a la Secretaría de Energía permita realizar cambios significativos en el proyecto de reforma de la ley 27.640, que actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. Fuentes del sector aseguran que esta situación podría ser clave para preservar aproximadamente 1.500 puestos de trabajo directos y 8.000 indirectos, que son vitales para la economía de las regiones donde operan.

La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (Cepreb), que agrupa a 25 compañías que fabrican biodiésel en provincias como Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, está reclamando que se les garantice el abastecimiento del 7,5% del corte obligatorio de biodiésel que se integra al gasoil que se vende en el país hasta el año 2041. Por esta razón, se oponen al proyecto que fue aprobado en el Senado y que comenzará a ser tratado mañana en un plenario de comisiones de la cámara baja, donde esperan que se escuchen sus demandas.

Las empresas del sector han expresado que se encuentran en una situación crítica, afirmando que se trata de "seguir trabajando o desaparecer". El texto con media sanción indica que las pymes van a perder gradualmente su participación garantizada en el abastecimiento de biodiésel en el corte obligatorio del gasoil. Según el proyecto, hasta finales de 2028 podrán abastecer el 6,5%; luego, el 5,5% hasta 2030 y el 5% hasta 2036; posteriormente, su participación se reducirá al 4% hasta 2037, momento en el cual el mercado se liberará completamente, lo que podría poner en riesgo la viabilidad de muchas de estas empresas.

La ley nacional que se busca reformar les otorga a las pymes de Cepreb la exclusividad para abastecer el biodiésel que actualmente se mezcla en un 7,5% en el gasoil que se comercializa en el país. Representantes de estas empresas consideran que en la Cámara de Diputados existen oportunidades para alcanzar consensos políticos que permitan modificar el proyecto que llegó aprobado desde el Senado, lo que podría ser un alivio para un sector que ha visto caer su producción un 11,9% en el último año y un retroceso del empleo sectorial del 5,6%.

La renuncia de Daniel González al cargo de secretario de Energía se produce en un contexto de frustración, ya que el proyecto de ley conocido como súper-RIGI se encuentra estancado y González enfrenta causas penales. Se sostiene que su salida limita el poder de influencia de las grandes aceiteras que promueven el proyecto en su forma actual. Según diversas fuentes, "González era el socio de las grandes aceiteras, fue el principal obstáculo para alcanzar un acuerdo más amplio, que incluya los pedidos de las pymes".

La controversia gira en torno a quién tiene la capacidad de producir y abastecer el biodiésel para las refinerías. Este conflicto representa un negocio de 700 millones de dólares anuales, que hasta ahora ha sido dominado por las pymes del biodiésel, mientras que las grandes aceiteras, que anteriormente exportaban su producción, buscan ingresar a este mercado tras haber perdido sus mercados de exportación y encontrarse con una gran capacidad de producción ociosa.

El proyecto que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados amplía el negocio del biocombustible, estableciendo que las naftas producidas por las petroleras del país deben contener un 15% de bioetanol y que el gasoil debe incluir un 10% de biodiésel.

Desde el PRO ya se ha manifestado la intención de solicitar modificaciones al proyecto. Facundo Correa Llano, presidente de la comisión de Energía en la Cámara de Diputados y exmiembro del Partido Demócrata, ahora en La Libertad Avanza, busca que la ley sea aprobada en los términos en que fue redactada en el Senado. Cristian Ritondo, presidente del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, adelantó: "Nosotros vamos a pedir cambios en la redacción y que vuelva al Senado". Fuentes del Congreso han indicado que el PRO solicitará que se reserve un cupo del 6% del corte obligatorio para las pymes hasta 2041, además de proponer un aumento del corte obligatorio de biodiésel hasta el 11%.

La provincia de Buenos Aires se encuentra entre las más afectadas por el proyecto que proviene del Senado, ya que alberga diez plantas en localidades como Pilar, Daireaux, Saladillo, Junín, Ramallo y Bahía Blanca.

Martín Ardohain, diputado pampeano del PRO, se opone al proyecto en su forma actual. Asimismo, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, ha expresado su preocupación por el riesgo que corren las dos plantas de su provincia: Pampa Bio, ubicada en General Pico, y Enresa, en Catriló.

Claudio Poggi, gobernador de San Luis, también ha manifestado su desacuerdo con el proyecto oficialista. En esta provincia se encuentra Diaser, una empresa agroindustrial que emplea a 250 personas y produce biodiésel, bioetanol y sus derivados. En la Cámara de Diputados, la mayoría de los representantes de San Luis tienen previsto votar en contra de la iniciativa.

El Gobierno ha presentado un proyecto que propone una desregulación en el sector de biocombustibles, permitiendo que las refinerías adquieran biodiésel al mejor precio disponible, utilizando la paridad de importación como referencia. Sin embargo, el texto actual del proyecto protege los intereses de las empresas productoras de bioetanol, que se obtiene de la caña de azúcar en los ingenios de Tucumán, Salta y Jujuy, así como del maíz en destilerías principalmente ubicadas en Santa Fe y Córdoba.

La propuesta que ha llegado a la Cámara de Diputados establece un aumento del corte obligatorio en las naftas al 15%, manteniendo un cupo dividido en dos segmentos: un 6% destinado al bioetanol de maíz y otro 6% al bioetanol de caña de azúcar, vigente hasta 2041. Los tres puntos adicionales se podrán negociar libremente entre las refinerías y los productores. De esta manera, ambas industrias se ven beneficiadas: la caña de azúcar mantiene su participación en el mercado, mientras que el maíz tiene la oportunidad de expandirse. Por esta razón, existe un consenso total en el sector del bioetanol entre las empresas, las provincias y los bloques legislativos.

Las 25 pequeñas y medianas empresas (pymes) que operan en cinco provincias se sienten amenazadas por esta situación, ya que generan 1500 puestos de trabajo directos y 8000 indirectos. Estas pymes compran el 20% del aceite a aproximadamente 400 pequeñas extrusoras de soja ubicadas en el interior del país, que son emprendimientos de productores agrarios que buscan agregar valor a su producción, generando aceite y harina de soja.

Si las pymes de biodiésel pierden su negocio, las extrusoras se verán en una situación complicada frente a las grandes aceiteras. El mercado interno, que representa alrededor de 1,2 millones de toneladas con un corte del 10%, es la única salida viable para esa capacidad ociosa. Sin embargo, este mercado ya está dominado por las 25 pymes que lo han desarrollado en el interior del país, conforme a lo estipulado por la ley actual. "Para que las aceiteras se queden con el mercado interno, las pymes tienen que desaparecer", advirtió un empresario de la provincia de Buenos Aires.

La ley 27.640 prohíbe que las grandes aceiteras, agrupadas en la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), abastezcan al mercado interno, exigiendo que su actividad se limite exclusivamente al mercado de exportación.

No obstante, Argentina ha perdido una parte significativa de los mercados internacionales a los que solía exportar combustibles de origen vegetal. Durante el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos implementó aranceles antidumping que cerraron un negocio que alcanzaba los 1.200 millones de dólares. Además, la Unión Europea también impuso restricciones a las compras de estos productos.

Las grandes empresas del sector oleaginoso-aceitero, como Bunge, Cargill, Viterra, Syngenta y Aceitera General Dehesa (AGD), se han visto afectadas, quedando con una gran capacidad ociosa y prácticamente con sus plantas inactivas. La situación actual del sector de biocombustibles refleja una crisis que se ha profundizado en el contexto de cambios regulatorios y de mercado.

En este marco, el Gobierno ha tomado medidas para mitigar el impacto en las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector, aprobando reformas que benefician a las cerealeras. Sin embargo, las pymes han logrado reunir una mayoría que llevó a la suspensión de una sesión por parte de Patricia Bullrich.

La industria enfrenta desafíos adicionales, como el cierre de una planta de químicos por parte de un importante jugador del agro y el anuncio de una automotriz que adelantó sus vacaciones. Por otro lado, Paraguay se ha consolidado como el cuarto origen de las importaciones de soja, mientras que en Córdoba, el repunte en la producción de maquinaria agrícola fue breve, con una caída del 21,7%. Además, el gobernador Pullaro ha decidido postergar para 2028 el pago único de acceso a los puertos, advirtiendo que la alternativa será incrementar los peajes.

Fuente original: [Letra P](https://www.letrap.com.ar/letrae/agro-industria/las-pymes-biocombustibles-esperan-cambios-el-proyecto-ley-la-renuncia-daniel-gonzalez-n5427740).

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