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title: "Melella, el gran responsable político de la estafa de Chacra VIII y su vinculo con Moliterno"
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description: "Doce años después, el Gobierno provincial destinará más de $1.400 millones para terminar las obras que nunca realizó el desarrollador privado. La pregunta sigue siendo la misma:  ¿Cómo pudo avanzar una operatoria de semejante magnitud sin que el Estado la detuviera cuando Gustavo Melella era intendente de Río Grande? El estrecho vinculo entre Melella y Moliterno podría ser la respuesta."
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date_published: "2026-07-04T14:19:00-03:00"
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tags:
  - "chacra 8"
  - "denuncias"
  - "estafa"
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# Melella, el gran responsable político de la estafa de Chacra VIII y su vinculo con Moliterno

![moliterno melella estafa chacra 8](/download/multimedia.normal.9c36f4f94352abd1.bm9ybWFsLndlYnA%3D.webp)

La historia de Chacra VIII no comenzó hoy. Comenzó hace más de una década, cuando cientos de familias confiaron sus ahorros para acceder al sueño de la vivienda propia en un emprendimiento privado que terminó convirtiéndose en uno de los mayores fracasos urbanísticos de Río Grande.

Hoy, el Gobierno provincial anunció una inversión superior a los **1.400 millones de pesos** para ejecutar las redes eléctricas que nunca realizó el desarrollador. La actual ministra Gabriela Castillo intentó presentar la noticia como una muestra del compromiso del Estado.

Pero la realidad obliga a formular una pregunta mucho más incómoda.

**¿Dónde estaba ese mismo Estado cuando el proyecto avanzaba?**Y, sobre todo, **¿Quién gobernaba Río Grande cuando se desarrolló esta operatoria?**La respuesta tiene un solo nombre.

## **Gustavo Melella.**

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## La responsabilidad política no desaparece con el paso del tiempo

Desde el Gobierno provincial insisten en presentar el caso como un conflicto entre privados, pero **la urbanización de cientos de lotes jamás es solamente un asunto privado.** **Todo desarrollo inmobiliario requiere controles públicos.**

**Requiere aprobación de proyectos.**

**Requiere mensuras.**

**Requiere habilitaciones.**

**Requiere fiscalización.**

**Requiere intervención municipal permanente.**

Si durante años cientos de familias compraron terrenos que luego no podían acceder a servicios esenciales, la pregunta ya no es únicamente qué hizo la empresa.

La pregunta es **qué hizo —o dejó de hacer— el Municipio de Río Grande mientras todo eso ocurría**. Porque **el Estado no es un mero espectador de la realidad como Gabriela castillo intenta burdamente presentar ante los fueguinos.**

Su función precisamente consiste en evitar que este tipo de situaciones sucedan y **Melella junto a su gabinete siendo autoridades municipales permitieron que la estafa se pueda concretar dejando al abandono por mas de una década a cientos de familias fueguinas.**

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## Hoy pagan todos los fueguinos

La paradoja resulta difícil de explicar, cuando los vecinos pagaban sus cuotas, el Estado de Melella y su gabinete miraba hacia otro lado, se hacían los distraídos mientras la estafa se concretaba.

Hoy, cuando el emprendimiento fracasó y la estafa finalmente se concretó, será toda la sociedad fueguina la que financiará las obras con recursos públicos.

Es decir: **Las pérdidas privadas y la complicidad del gabinete de Melella terminan socializándose entre todos los contribuyentes.**

Mientras tanto, las familias llevan doce años esperando, doce años de promesas, doce años de incertidumbre, doce años viendo cómo el sueño de la casa propia se transformó en frustración, de la mano de las mismas autoridades que debían controlar y evitar que esto sucediera.

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## Recursos sí había

El argumento de que "no había recursos" tampoco resiste demasiado análisis.

Durante estos años el Gobierno provincial encontró recursos para sostener una estructura política de gran tamaño, crear nuevos organismos, afrontar millonarios alquileres de edificios públicos y financiar programas cuya prioridad fue ampliamente cuestionada por distintos sectores.

Sin embargo, cientos de familias que habían invertido todos sus ahorros permanecieron durante años sin electricidad y sin infraestructura básica.

La decisión de destinar ahora más de **$1.400 millones** demuestra precisamente que los recursos aparecen cuando existe voluntad política.

La pregunta es por qué esa voluntad tardó doce años.

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## La deuda sigue siendo política

La ministra Castillo afirmó que el Estado está "subsanando lo que el privado no cumplió". Sin embargo lo cierto que ese incumplimiento ocurrió mientras el propio espacio político hoy gobernante administraba el Municipio de Río Grande.

Por eso la discusión ya no pasa solamente por las responsabilidades civiles o comerciales del desarrollador.

La discusión también alcanza a las responsabilidades políticas de quienes debían controlar que un emprendimiento de esta magnitud cumpliera con todas las condiciones necesarias antes de comprometer el patrimonio de cientos de familias y en ese momento todo el gabinete de Melella en pleno miraba para otro lado.

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## Las familias siguen esperando respuestas

Lo que sigue faltando es una explicación convincente sobre cómo se permitió llegar a este punto.

Porque mientras el Estado destina hoy miles de millones para reparar el daño, las familias continúan esperando respuestas sobre lo ocurrido durante todos estos años. Y porque detrás de cada lote sin servicios no solo existe un incumplimiento privado, existe también una pregunta institucional que sigue sin respuesta:

**¿Cómo pudo avanzar durante tanto tiempo un desarrollo inmobiliario de semejante dimensión sin que el Estado actuara con eficacia para prevenir el perjuicio que hoy termina pagando toda la sociedad fueguina?**

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**El estrecho vinculo de Melella con Moliterno**

La historia de Moliterno no comenzó con el conflicto de Chacra VIII. **En julio de 2016, durante la gestión de Gustavo Melella como intendente de Río Grande, la Justicia penal inició una investigación sobre la adjudicación de obras públicas a las firmas Moliterno Emprendimientos Inmobiliarios S.A.— y Constructora Patagonia SRL.**

La causa se originó tras una denuncia presentada por el abogado Francisco Giménez, según la denuncia judicial, **ambas compañías habrían sido reactivadas a partir de 2012 y registraron un crecimiento patrimonial extraordinario coincidente con la obtención de importantes contratos municipales, comprobándose la estrecha relación vía obra publica entre la empresa Moliterno y Gustavo Melella y gabinete municipal.**

**Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue el caso de Moliterno. De acuerdo con la documentación incorporada a la denuncia, la empresa pasó de declarar un activo cercano a 18 mil pesos al cierre de 2012 a superar los 32 millones de pesos apenas un año después.**También incrementó exponencialmente su patrimonio, su facturación y la incorporación de bienes de uso, pese a que, según la presentación judicial, hasta entonces prácticamente no registraba actividad.

La investigación también analizó presuntos delitos de defraudación contra la administración pública, enriquecimiento ilícito, peculado y violación de los deberes de funcionario público, aunque como toda investigación penal esas hipótesis debían ser acreditadas durante el proceso judicial.

A ello se sumaba otro elemento mencionado en la denuncia: supuestos vínculos entre integrantes de Constructora Patagonia y personas cercanas políticamente a la gestión municipal, aspecto que también formó parte de las medidas probatorias solicitadas por la Fiscalía.

**Las preguntas siguen abiertas**

A casi una década de aquella investigación, la empresa Moliterno vuelve a ocupar el centro de la escena pública, esta vez por el fracaso del desarrollo urbanístico de Chacra VIII a expensas de la “distracción del gabinete de Melella” que tenía estrechos vínculos con la empresa desarrolladora.

La diferencia es que ahora no solo existen cientos de familias que continúan esperando una solución después de más de doce años, sino que además será el propio Estado provincial el que deberá destinar más de 1.400 millones de pesos para ejecutar obras que originalmente correspondían al emprendimiento privado.  
Esa decisión vuelve a instalar interrogantes políticos que nunca terminaron de responderse.

¿Cómo fue posible que una empresa que años atrás había quedado bajo investigación judicial continuara desarrollando un emprendimiento de semejante magnitud?

¿Qué controles ejerció el Estado municipal durante la gestión de Gustavo Melella?

¿Se realizaron auditorías, inspecciones o medidas preventivas cuando comenzaron a evidenciarse los incumplimientos?

Son preguntas que todavía esperan una explicación convincente.

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