Casi en simultáneo, la Justicia dispuso la intervención de la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia del presidente Mauricio Macri, y ordenó la elevación del expediente del concurso a la Corte Suprema por razones de “gravedad institucional”, donde podría permanecer hasta después de las elecciones generales del 27 de octubre.
La Cámara de Apelaciones en lo Comercial remitió el expediente al máximo tribunal, tras admitir el pedido del procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quien reclama más tiempo para definir si el Estado debe aceptar o rechazar la propuesta que presentó el Grupo Socma para cerrar el concurso dadas sus potenciales “graves consecuencias”.
La decisión de la Cámara ocurrió cuatro días antes de que la jueza de primera instancia del mismo fuero en lo Comercial, Marta Cirulli, dispusiera designar a un coadministrador del Correo Argentino SA ante lo que definió como “el reprochable ocultamiento de un pasivo posconcursal impensable”.
El coadministrador deberá colaborar con la sindicatura y presentar informes cada 30 días, ante lo que la jueza Cirulli calificó como “renuencia informativa” de los responsables de la empresa. “Enfatizo especialmente que el proceder evidenciado por la concursada luego de los requerimientos [de la Justicia] es el que me impone decidir del modo preanunciado”, remarcó.
En el Grupo Socma afirmaron que siempre colaboraron con la Justicia y plantearon que la decisión de la jueza responde a requisitorias de la fiscal de Cámara Gabriela Boquin “bastante extraños para lo que debe abordarse en un proceso concursal”.
“Nos sorprende la decisión porque lo único que hicieron los accionistas fue aportar fondos a la empresa para que continúe en marcha, bajo la premisa de que solo recuperarán esos fondos una vez que se paguen todas las deudas a todos los acreedores, incluyendo el Estado nacional”, indicó el presidente de la empresa, Jaime Cibils Robirosa, a LA NACION.
Así, mientras el coadministrador desembarcará en Correo Argentino SA, la Corte primero evaluará si se trata de un caso “de marcada excepcionalidad” y pasa a analizar el planteo de Saravia Frías -lo que podría tomar más allá de fines de octubre- o si, por el contrario, lo rechaza y devuelve al fuero en lo Comercial para que continúe el proceso judicial que comenzó en 2001.
El planteo central de la Procuración es que necesita otros 180 días hábiles para analizar la tercera y última “mejora de propuesta” que presentó la empresa y que los 15 días hábiles que le concedió la Cámara “por última vez” la resultaban un plazo demasiado exiguo y “arbitrario”.
“No puede obviarse -indicó Saravia Frías al pedir que intervenga la Corte- que este concurso preventivo ostenta características muy particulares. Los montos en juego y la complejidad de su evaluación, el tiempo transcurrido, la existencia de reclamos recíprocos, la cantidad de partes involucradas y, especialmente, la existencia de diversas causas penales en las que se investiga la conducta de funcionarios públicos intervinientes”, enumeró.
Con la firma de María Gómez Alonso de Díaz Cordero y de Matilde Ballerini, la Cámara rechazó que resultara arbitrario concederle 15 días hábiles en vez de 180 días, como en ocasiones anteriores. Pero abrió las puertas para llegar a la Corte porque, estimaron, “lo decidido podría comprometer las instituciones básicas de la Nación y su patrimonio”.
“Habida cuenta de que la decisión atacada es recurrida por el Estado nacional invocando estar en juego principios esenciales de orden social -cuyas consecuencias podrían proyectarse sobre instituciones básicas del sistema republicano de gobierno-, júzgase que, ante la duda y el carácter del recurrente, pudiendo entenderse que están en juego la defensa del interés de la sociedad nacional como un todo, corresponde eventualmente acceder favorablemente a lo pretendido”, completaron las camaristas.
Efecto dominó
La decisión de la Cámara implicó una nueva postergación para definir si el Estado nacional acepta o rechaza la propuesta de acuerdo que la empresa de la familia Macri presentó hace más de 31 meses.
¿Qué ofreció el Grupo Socma en su última oferta? Cancelar su deuda de $296 millones por el canon impago de la concesión, más los intereses acumulados desde julio de 2002, en un solo pago y al contado, en vez de cancelarla en 15 cuotas anuales. Segundo, aplicar la misma tasa de interés a esa deuda y a las acreencias que pueda reconocerle la Justicia en sus cuatros juicios contra el Estado. Tercero, aplicarle una quita a su deuda del 20% en vez del 30% planteado en la propuesta anterior. Y renunciar a cualquier juicio futuro contra el Estado por daños y perjuicios -en particular, lucro cesante- “por la quita de la concesión del servicio postal y la apropiación de sus activos”.
Sin embargo, el contrapunto entre el Grupo Socma y la fiscal Boquin alrededor del posible acuerdo derivó en un escándalo que forzó al presidente Macri a dar explicaciones en conferencia de prensa y conllevó la apertura de una investigación criminal en la que el juez federal Ariel Lijo ya indagó al entonces ministro de Comunicaciones Oscar Aguad.
Esa investigación también resultó afectada por la remisión del concurso a la Corte. Lijo había pedido que le remitieran el expediente, pero la misma jueza Cirulli que dispuso la coadministración del Correo Argentino SA debió indicarle a su colega que cumplir con su pedido “resulta imposible por el momento”, ya que el expediente se encuentra en el máximo tribunal.
Lijo había solicitado el concurso para que peritos contables determinaran si el primer acuerdo alcanzado por Socma y el Gobierno conllevaba una “quita abusiva” en detrimento de las arcas públicas, lo que niega la familia Macri. Ese informe deberá esperar ahora a la Corte.
Fuente: Lanacion
