La Cámara Federal porteña avaló la investigación del juez Ariel Lijo en la causa en la que se analizan supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino -que estuvo bajo control de la familia Macri- al Estado Nacional.
El tribunal de apelaciones confirmó los rechazos dispuesto por el juez a los planteos de nulidad y los planteos de excepción por falta de acción formulados por las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
Tras el fallo de la Cámara, el juez Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cuatro imputados a los que ya indagó: el ministro Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino, Jaime Cibils Robirosa, y del abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.
El Correo estuvo bajo el control de la familia del actual presidente Macri desde 1997 hasta la concesión le fue rescindida por el gobierno de Néstor Kirchner debido a la supuesta falta de pago del canon comprometido en el contrato.
Entonces se comenzó una causa judicial por una deuda de u$s296 millones, que continuó hasta mediados de 2016. En ese momento, el presidente Mauricio Macri benefició a la empresa con una propuesta de quita del 98,87% de la deuda. Al revelarse esta información, se generó una polémica que hizo retroceder sobre sus pasos a Macri, quien retiró la propuesta. La causa se inició en 2017 a raíz de un dictamen de la fiscal en lo comercial Gabriela Boquín, que hablaba de un acuerdo abusivo entre el Estado y la empresa para saldar una millonaria deuda.
Más allá de allanarle el camino para que avance con la investigación, los jueces Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que dada las versiones contrapuestas que existen en el expediente sobre el monto actual de la deuda se requerirá la “producción de estudios” para contestar los distintos interrogantes.
Los imputados cuestionaron el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado –en el concurso de acreedores de la firma- al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.
“Existen versiones y pretensiones contrapuestas, cuyo tenor requerirá de la producción de los estudios correspondientes con miras a contestar los interrogantes planteados a raíz de las posiciones de las partes sobre los puntos en debate, para luego expedirse en alguno de los sentidos que prevé la ley”, sostuvieron Bruglia e Irurzun.
Uno de los planteos que llegó a manos del tribunal de apelaciones había sido formulado por la defensa del presidente del Correo Argentino y del abogado de la compañía, quienes solicitaron la nulidad del dictamen con el que el fiscal federal Gerardo Pollicita había solicitado sus respectivas indagatorias.
Ese planteo fue rechazado por Lijo y este miércoles la cámara confirmó el rechazo al sostener que “el acusador efectuó un relato de los hechos y de las pruebas colectadas, valorando la participación que en ellos tuvieron -a su entender- los investigados”, siempre según fuentes judiciales.
“Más allá del acierto o no del criterio allí expuesto y de lo que, luego de producidos los estudios correspondientes sobre los aspectos en debate, pueda definir el juez en la oportunidad pertinente, la sanción de carácter restrictivo propuesta deviene improcedente”, sostuvieron los camaristas Irurzun y Bruglia.
Las defensas de los representantes del Correo, de Aguad y de Mocoroa, también habían reclamado que se declare por vía de “excepción de falta de acción” la inexistencia de delito en la causa, hecho que fue rechazado por Lijo y confirmado hoy por la Cámara Federal Porteña.
Los cuatro imputados fueron indagados en marzo por el juez Lijo a pedido del fiscal Pollicita, quien había dictaminado que los acusados son responsables de promover un acuerdo que incluía una “quita abusiva” en la deuda de la empresa postal con el Estado, decisión que habría perjudicado a la Administración Pública.
Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino, y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.
El fiscal sostuvo que “se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa” que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados “obligaron abusivamente” a la Administración Pública “con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino”.
