Por: Moises Solorza
A nadie en nuestro país le queda dudas que en estos tres años y medio que gobierna la alianza “Cambiemos”, se aplicó a la población argentina un feroz y tremendo ajuste que muchos califican como “Tarifazo”. Yo, en particular, me animo a asegurar que se trata de un brutal y escandaloso saqueo energético que tiene varios objetivos; pero el mayor -a mi criterio- es adueñarse de las empresas del sector “energético” que cierra un circuito estratégico para sus casas matrices extranjeras como lo son:
- la producción de petróleo y gas en todas sus cuencas;
- parques eólicos;
- sistema eléctrico interconectado nacional;
- empresas que distribuyen energía en las grandes ciudades;
- las cooperativas eléctricas de todo el país en todas sus escalas, producción, generación, transporte y distribución.
Si ponemos el foco en particular en un segmento del negocio que aún permanece con vida, desde el punto de vista cooperativista (poca por cierto y poco saludable) es el sector que en la Patagonia argentina representan las cooperativas eléctricas regionales. Estas, en general, prestan diferentes servicios a las comunidades del interior de nuestra zona sur del país y llegan en muchos casos, a distribuir, telefonía, internet, servicios de sepelio etc. y son muy tentadoras para cerrar este círculo de negocios que le reclaman los amigos del poder a la Casa Rosada.
Para demostrar cual es la magnitud del negocio de la distribución eléctrica, en general, sólo nos hace falta evaluar los cuadros de ganancias de empresas como Edenor y Edesur que están muy ligadas al círculo íntimo de amigos del presidente Macri, además de contar con una escandalosa “condonación” de deuda de más de $35.000 millones de pesos. También les permitió computar esos montos a futuras inversiones, en lugar de devolverles dinero a los usuarios damnificados por mal servicio.-
¿Por qué debemos conocer cuál es el contexto global de las estrategias de las corporaciones que están apropiándose de empresas estratégicas en nuestro país? ¿Qué tienen que ver con los servicios públicos? La respuesta es porque son empresas que tienen que prestar un servicio dolarizado, continuo e imprescindible, y con el esquema actual tienen sus ganancias aseguradas en dólares a lo largo del tiempo.
Desde el apagón del domingo 16 de junio, los nombres de Transener y Marcelo Mindlin han sido los de mayor circulación en cuanta explicación se intenta dar, por lo que fue un “blackout” que generó miedo por la magnitud y consecuencias del impactante corte de energía, que afectó a 50 millones de personas. El “Señor Luz”, como se lo denomina en la Jerga eléctrica, estaría detrás del ahogo financiero que están sufriendo las cooperativas eléctricas de la Patagonia junto a un circulo de ministros y secretarios que provienen de estudios jurídicos contratados por Cammesa, y de vinculación con funcionarios del gobierno nacional, que podría llevarse hasta $600 millones en concepto de honorarios.
¿Cómo es esto posible? Aquí una de las explicaciones: La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) es la empresa que maneja la venta de energía a las distribuidoras (electricidades y gas para generación). El 80 % de sus acciones está en manos de agentes privados del mercado de electricidad, mientras que el 20 por ciento restante pertenece a la Secretaría de Energía, que tiene una fuerte incidencia en el manejo político de la empresa.
La empresa mayorista contrató al estudio Brons & Salas, (recuerden esta firma), un bufete de abogados con más de 50 años en el rubro y con fuertes vinculaciones con funcionarios del Gobierno Nacional, también reconocido por su especialización en Derecho Administrativo en actividades reguladas como la energía eléctrica, las telecomunicaciones, el transporte aéreo y el gas, entre otras.
Brons & Salas podría hacerse de esa multimillonaria suma porque se quedaría con al menos el 10% de la deuda que pagaría el Estado chubutense, por ejemplo, de hacerse cargo de las deudas de las cooperativas del Chubut, (según regula la Ley de Honorarios) y podría llegar al 18%, si es que se realiza un acuerdo extrajudicial.
A todas luces, un Negocio tentador entre varios que podrían ejecutarse si las cooperativas eléctricas de la Patagonia afrontaran el pago extra judicial o directamente se declaran en banca rota, lo cual, las llevaría a la devaluación de sus activos quedando prácticamente a precio de remate, justo lo que necesitan para lograr “comprar barato y vender caro”, regla número uno de los negocios.
La semana pasada, Cammesa envío cartas documento a las cooperativas de Trelew y Rawson, y preparan en masa, para que salden en cinco días una deuda conjunta de 1.735 millones (algo imposible de cumplir), a lo que sumó el embargo dispuesto contra la Sociedad Cooperativa Popular Limitada de Comodoro Rivadavia por más de $ 600 millones. A raíz de la situación, el Gobierno provincial de Chubut se vio obligado a realizar ayer una reunión con intendentes y directivos de las prestadoras para apurar el convenio y pagar toda la deuda.
Por otra parte, no son pocos los que sostienen que a este volumen de deuda se llegó por los tarifazos que el Gobierno nacional le autorizó a Cammesa, sumado al congelamiento tarifario de muchos años. Entre comienzos de 2016 y marzo de este año, las tarifas que Cammesa les cobra a las cooperativas aumentaron un 1.300% contra sólo un 300% de aumento de ingresos por tarifas que obtuvieron las prestadoras en el mejor de los casos y que son cuestionadas por los usuarios y consumidores (Con razón, a mi criterio).
Cabe destacar que en este primer informe voy a plantear el escenario que estamos viviendo en la Patagonia con respecto al servicio que prestan las cooperativas en las provincias, para luego abocarme a analizar la situación particular de la Cooperativa eléctrica de Rio Grande y la Dirección Provincial de Energía (DPE) de Tierra del Fuego AeIAS, ambas dependientes del Estado provincial en cuestiones tarifarias.
Para concluir esta primera etapa del denominado “Cuadro de situación” solo resta decir por qué afirmo que es un plan de negocios ejecutados desde las secretarias y ministerios del gobierno nacional. El año pasado, Ignacio Werner, ex Brons & Salas, fue designado en la Secretaría de Comercio Interior, un organismo clave en esta nueva etapa de “precios esenciales”
Werner realizó sus estudios en Derecho en la Universidad de Buenos Aires y en la función pública se desempeñó como asesor del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires en la gestión de Francisco Cabrera. A partir de 2015, continuó su trabajo en el Ministerio de Producción de la Nación y desde junio de 2017 era subsecretario de Comercio Interior. Finalmente, el 5 de septiembre del 2018 fue designado para reemplazar a Miguel Braun.
Werner desarrolló la mayor parte de su carrera profesional en el estudio Brons & Salas, por lo que las cooperativas denuncian “tráfico de influencias” en un negocio millonario que surge del litigio entre Cammesa y las distribuidoras.
No cabe duda alguna, que los denominados “Conflictos de intereses” son verdaderos planes de negocios, y que los funcionarios del gobierno actual son -en el mejor de los casos- personas que estuvieron o siguen participando de empresas multinacionales privadas y se me viene a la memoria, “El padre del Tarifazo”, me refiero a Juan José Aranguren, Ex CEO de Shell que estuvo en el devaluado Ministerio de Energía de la Nación.
Solo me resta agregar en este artículo, cuál es mi ideal sobre los recursos energéticos argentinos que están siendo saqueados a manos de intereses extranjeros y ejecutados por delincuentes de guantes blancos que operan y ejecutan a la perfección este plan, por todo lo expuesto, considero que necesitamos “Energía argentina, con costos argentinos, con mano de obra argentina, para el desarrollo argentino”.-
