La decisión del presidente Alberto Fernández de llevar adelante una reforma en los tribunales de Comodoro Py, que son los encargados de investigar las causas judiciales contra la Casa Rosada, ya comenzó a generar fuertes ruidos dentro de la Justicia y en especial con los jueces. Sobre todo luego de que la propia ministra de Justicia, Marcela Losardo, remarcó en la cena de la Asociación de Magistrados que el Gobierno tiene pensado en avanzar hacia una reforma integral.
En el esquema que maneja Fernández se barajan ciertas claves. La primera es licuar el poder que tienen los magistrados de Comodoro Py al fusionarlo con los juzgados del fuero Penal Económico. Luego, procurar avanzar con el código acusatorio en la Ciudad, en donde los fiscales son los que conducen la investigación (no los jueces); esto ya se encuentra en plena aplicación para la Ciudad será el último distrito en donde se ponga en funcionamiento.
La forma actual apunta a hacerlo en “modo prensa¨ confluyendo al mismo tiempo del norte y el sur hacia el centro. El tercer punto tiene el objetivo electoral de larga data de Fernández: le jefatura de Gobierno de la Ciudad. En la lógica de los equipos judiciales del Presidente, conformado por todos dirigentes porteños, saben que cualquier señal de aumentar la autonomía de la Capital es bien vista por sus habitantes.
El juicio oral que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa conocida como Vialidad Nacional es un claro ejemplo de los tiempos que se vendrán adelante en Comodoro Py. Luego del discurso político que entonó los tres jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 comenzaron a tener charlas en otro tono entre ellos. Después de los cruces que hubo a principio de año con la decisión de no suspender el juicio se avanzó hacia una unidad.
