Después de mucho tira y afloje, y de los conflictos por la reforma previsional, con un costo interno altísimo para el Gobierno en su relación con los bloques parlamentarios más cercanos a sus necesidades, la reforma laboral no se debatirá en febrero.
Desde la Casa Rosada consideran que la única forma de “salvarla” es si la CGT, que participó en la redacción final del proyecto que está en el Parlamento y luego se despegó, realiza una defensa de la propuesta que impulsa el oficialismo. Anteayer, Héctor Daer, uno de los jefes cegetistas, dijo que los gremios no traccionarán la iniciativa.
“Necesitamos un nivel de consenso que sea explícito, mucho mayor al que tenemos hoy”, dijeron fuentes de la Casa Rosada.
Según informó La Nación, también quedó descartada la posibilidad de dividir la iniciativa, algo que pretendían desde Cambiemos. Desde el oficialismo en el Congreso aconsejaron subdividirla para aprobar algunos puntos sobre los cuales no hay discusión, como los planes para favorecer el blanqueo de trabajadores informales o beneficios como extender licencias por paternidad. Pero esta opción fue descartada por la sencilla razón de que la oposición solo avalaría los puntos que le son beneficiosos y el resto de la reforma no se trataría más.
Otro de los argumentos para enfriar la norma, que incluye la reducción del tiempo para demandar al empleador (pasará de dos años a tan solo uno de plazo) y la exclusión de las horas extras en el cálculo de las indemnizaciones en caso de despido, era evitar forzar aún más el vínculo con los gobernadores, sobre todo con los dialoguistas que “dieron una mano” para alcanzar la nueva ley previsional.
“Necesitamos armar acuerdos parlamentarios que no impliquen acuerdos de gobernabilidad con los mandatarios provinciales”, describieron fuentes oficiales.
En el Gobierno confían en que los nuevos plazos para la negociación ayudarán a generar un mejor marco y que se colaborará con el proceso de unificación que lleva adelante la CGT.
