A mediados de la década de 1960, Gran Bretaña se encontraba en pleno proceso de desmantelamiento de su imperio. Pero en 1965, el mismo año en que renunció a Gambia y las Maldivas, también creó una nueva colonia. Durante las negociaciones con Mauricio sobre su independencia, Gran Bretaña se hizo con 58 islas remotas, conocidas como el archipiélago de Chagos. Se convirtieron en el Territorio Británico del Océano Índico (BIOT, por sus silgas en inglés). Entre 1968 y 1973 se expulsó a la población de las islas.
Detrás de estas decisiones estaba la guerra fría. Las islas Chagos, situadas a poca distancia del este de África, Oriente Medio y el sudeste asiático, eran un punto estratégico desde el que mantener una presencia en el océano Índico. Diego García, la más grande, fue cedida por los británicos al gobierno estadounidense para su uso como base militar. Tras los atentados terroristas del 11-S, Estados Unidos utilizó la base para lanzar ataques contra Afganistán e Irak; es probable que su importancia aumente a medida que se intensifique la competencia geopolítica de Estados Unidos con China.
En un principio, los habitantes de las islas fueron trasladados a Mauricio y las Seychelles, donde aún viven muchos de ellos. En 2002, Gran Bretaña concedió la ciudadanía a los nacidos en Chagos y a sus hijos; en 2022 se incluyó también a sus descendientes. Alrededor de 3.000 chagosianos viven ya en Crawley, cerca del aeropuerto londinense de Gatwick, al que llegaron los primeros emigrantes; las autoridades de la zona se preparan para la llegada de hasta 5.000 más ahora que se ha generalizado la oferta de ciudadanía. Pero Gran Bretaña ha negado reiteradamente su derecho a regresar a Chagos. Esta postura y la reclamación británica de las islas son cada vez más difíciles de mantener.
En 2017, las Naciones Unidas votaron a favor de remitir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un caso que cuestionaba si la descolonización británica de Mauricio era completa. Solo 15 países respaldaron a Gran Bretaña. En 2019, el CIJ emitió una opinión consultiva en la que afirmaba que la administración continuada de Chagos por parte de Gran Bretaña constituía un “acto ilícito” y que tenía la obligación de ponerle fin “lo antes posible”.
En 2021, pronunciándose en una disputa entre Mauricio y las Maldivas, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar argumentó que “la soberanía de Mauricio sobre el archipiélago de Chagos puede inferirse de las determinaciones del icj”. La onu ha modificado su mapa oficial del mundo, que desde 2020 muestra Chagos como parte indiscutible de Mauricio. La cuestión es irritante en otros contextos. Cuando los diplomáticos británicos intentaron recabar apoyos en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, los líderes africanos cuestionaron por qué Gran Bretaña debería tener derecho a desalojar a las fuerzas rusas mientras ocupaba ilegalmente Chagos.
Gran Bretaña ha dicho en el pasado que sólo cedería la soberanía cuando Diego García dejara de ser necesario para fines de defensa. Pero la línea del gobierno está cambiando. En septiembre, durante su breve mandato como primera ministra, Liz Truss se reunió con Pravind Jugnauth, primer ministro de Mauricio. En noviembre, el ministro de Asuntos Exteriores, James Cleverly, anunció que a principios de año Gran Bretaña resolvería el “ejercicio de la soberanía” sobre las Chagos “sobre la base del derecho internacional”.
Desde entonces se han celebrado dos rondas de conversaciones. Las deliberaciones son secretas, pero muchos esperan que Gran Bretaña renuncie a su reclamación sobre Chagos. Mauricio ha ofrecido garantías sobre el “funcionamiento sin trabas” de la base estadounidense; esas garantías incluyen un nuevo contrato de arrendamiento de 99 años. El propio Reino Unido podría mantener una presencia militar en Diego García hasta que expire su actual contrato de arrendamiento con Estados Unidos, en 2036.
Un acuerdo de este tipo puede no ser el final. En 2019, Jugnauth calificó el trato británico a los chagosianos de “crimen contra la humanidad”. La organización benéfica Human Rights Watch afirma que los isleños tienen derecho a una indemnización por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos. Si Gran Bretaña renuncia a las Chagos, no podrá enterrar también la historia.
