Bertone ademas de entregar una provincia endeudada en dolares, sumado al megapase de mas de 500 funcionarios de su gabinete a planta permanente denunciado por la oposición suma otro condicionamiento a la economía de la provincia.
En esta oportunidad pretende avanzar junto a legisladores adictos con la expropiación de terrenos que costarían más de 250 millones de pesos.
Los mismos legisladores que aprobaron el ajuste a trabajadores y jubilados fueguinos, los que entregaron una reserva natural a un privado, los que aprobaron la toma de deuda por 10 millones de dolares para comprar un casino, los que aprobaron la emisión de deuda por 200 millones de dolares, son quienes seguirían dispuestos a complacer los deseos de Bertone.
Se trata de una ampliación de la ley 848 que en su momento estableció la expropiación de predios en el asentamiento, muchos de los cuales fueron judicializados y su situación aún es incierta.
Lo cierto que vencidos los plazos de esa ley, la gobernadora Rosana Bertone en plena campaña asumió el compromiso del envío de un nuevo proyecto de expropiación de los macizos del 63 al 69 de la sección K, proyecto que comienza a abordarse obviamente a pedido de la sociedad de chacareros que ocupan esos predios.
Pero el tema no es simple, esos macizos son en su gran mayoría propiedad de la Sociedad de Productores, gran beneficiada con este tipo de normas expropiatorias, pero otras son de la sociedad Pole Fueguina, envuelta en entuertos judiciales, de varios privados que no tienen ocupados sus predios, e incluso predios propiedad de la Municipalidad de Río Grande y hasta del IPV.
Además de la paradoja del Estado expropiándose a si mismo; también está que la tasación desde Nación a febrero de este año es de 210 millones de pesos para esos predios, lo cual actualizado podría incrementar el valor a invertir por el Estado Provincial en alrededor de 250 millones de pesos.
Esto comprende en sus fundamentos “fomentar la productividad” desde esta zona ya que están comprendidas algunas chacras de dudosa productividad, pero otros asentamientos de claros fines residenciales, todos envueltos en una situación compleja del punto de vista legal.
Desde el Gobierno electo ven con preocupación este avance sobre un tema a definir presupuestariamente desde la próxima gestión, con una gestión en retirada pero inmersa en plena campaña electoral.
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