Un compendio de 18 correos electrónicos hallados en la secretaría privada de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) ofrece una especie de foto de la llamada “mesa judicial” que operó durante el gobierno de Cambiemos para desplegar su influencia en causas judiciales, además de poner y sacar jueces/zas y fiscales/as a gusto. Basta con ver los nombres de los destinatarios que eran convocados a reunirse, aunque quizá una de las sorpresas mayores es quién y adónde convocaba, porque las invitaciones provenían del ex jefe de gabinete, Marcos Peña –a veces con una tarjeta adjunta inclusive– que reunía a todos en su despacho. Y porque en algunos casos se anunciaba especialmente la presencia del expresidente Mauricio Macri en el cónclave. El fiscal Ramiro González pedirá el material para incorporarlo al expediente donde investiga si el grupo en cuestión cometió delitos, según informaron allegados al caso.
“Invitación coordinación de Justicia”, decía el encabezado que se repetía en la mayoría de los correos electrónicos en cuestión. Se trata de convocatorias a reuniones entre el 15 de noviembre de 2017 y el 28 de enero de 2019. ¿A quién le llegaban? A las secretarías privadas del ministerio de Justicia, que encabezaba Germán Garavano, la del extitular de la AFI, Gustavo Arribas, también al exjefe de asesores de Presidencia, José Torello, y el exsecretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas. Todo lo encontrado fue entregado por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a la Comisión Bicameral del Congreso que fiscaliza las actividades y organismos de inteligencia.
Aparecen ocho direcciones de correo entre las que se distribuía el mensaje. Habrá que determinar a las casillas de quién o de qué dependencia pertenecen las que aún no fueron identificadas. La llamada “mesa judicial”, además, habría sido más amplia e incluyó otros nombres como Juan Bautista Mahiques, que fue representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el ex procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías y operadores como Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y el ex presidente de Boca, Daniel Angelici. De hecho todos ellos están siendo investigados en la causa que tiene a cargo el juez Sebastián Ramos pero está delegada en el fiscal González.
Todo surgió después que la camarista de Casación Ana María Figueroa contara por radio que había sido presionada por un funcionario del ministerio de Justicia para apurar una sentencia sobre la validez del Memorándum con Irán. Cuando le tocó declarar como testigo. La jueza dijo que el enviado había sido Mahiques y que luego fue perseguida con publicaciones periodísticas que eran traducidas en pedidos de juicio político ante el Consejo, que nunca prosperaron.
Los tres aspectos más llamativos de los mails de “coordinación de justicia”, son:
* La existencia de un comando conjunto que coordinó jugadas en la justicia, armado de causas falsas, operaciones de inteligencia, grabaciones clandestinas, es decir el uso del aparato político-judicial-mediático contra la oposición.
* Quien convocaba era Peña. En alguna ocasión se informó sobre la suspensión del encuentro porque Arribas y Torello estarían de viaje, pero luego hay marcha atrás porque el extitular de la AFI sí estaría y, al parecer, su presencia se consideraba fundamental. Otro correo pedía especial atención porque en la reunión prevista estaría presente Macri, quien también está denunciado penalmente.
* Es probable que además de ser más amplia de lo que reflejan los correos, la “mesa judicial” haya operado desde antes en el tiempo. En 2017, donde se sitúan los primeros mensajes, la mesa fue clave en la ofensiva que desató el macrismo en sociedad con el Poder Judicial, contra la oposición política y en particular contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue, además, el año de la renuncia de la exprocuradora Alejandra Gils Carbó, unos días antes del primer encuentro que figura en los correos y tras una operación de desgaste fenomenal con denuncias y publicaciones periodísticas, empujadas por organizaciones asociadas al gobierno como el Colegio de Abogados de la Calle Montevideo y la ONG Usina de Justicia. Fue también el año de la destitución del camarista Eduardo Freiler. Y el de la “doctrina Irurzun” que facilitó las detenciones de unas 70 personas, muchos exfuncionarios y empresarios, y la ingeniería para promover la existencia de “arrepentidos”.
Con el tiempo vendrían otras maniobras y formas de presión para sacar del camino a otros camaristas (como Jorge Ballestero y Eduardo Farah) y presionar, entre otros, a Alejo Ramos Padilla –que investigó las maniobras de Marcelo D’Alessio y una banda de la AFI— y la fiscal Gabriela Boquin –que denunció el intento de licuar la deuda del Correo de los Macri–.
Los ataques a jueces laborales también fueron parte de ese escenario. Uno de ellos, el camarista Luis Raffaghelli, presentaría pronto las respuestas de su declaración testimonial ante el fiscal González. “Teníamos la espada de Damocles sobre el cuello”, dijo Raffaghelli en la Radio 750. El magistrado mencionó algunos de los casos en que sufrieron presiones “el de los bancarios, cuando el Ministerio de Trabajo no quería homologar el aumento y los doctores Enrique Arias Gibert y Graciela Marino lo intimaron, legitimando el aumento pactado, y eso determinó una denuncia ante el Consejo”. También “hubo casos muy graves” como “el de la doctora González Bullrich, jueza de primera instancia, que reincorporó a un trabajador de Vialidad arbitrariamente despedido y fue denunciada”. Recordó además cuando la fallecida jueza Dora Temis “ordenó que se respetara la ley de la Paritaria Nacional Docente y fue vilipendiada públicamente”.
El resumen del papel de la mesa judicial figura en la ampliación de la denuncia que hicieron los diputados y senadores del Frente de Todos: “Macri creó la mesa judicial y es el primer responsable de su existencia y del sistema de cooptación violenta del sistema judicial que se desarrolló”. En ese marco, los denunciantes detallaron que “la mesa judicial de Cambiemos operaba como una fuerza de tareas ilegal, al margen de toda institucionalidad, que en función del cumplimiento de sus fines dispuso de todos los resortes de la administración pública para alcanzar sus objetivos ilegales y tuvo como brazos ejecutores principales a las autoridades del Ministerio de Justicia, la Agencia Federal de Inteligencia y el Ministerio de Seguridad, en claro desvíos de poder”.
