Organizaciones de mujeres y feministas volverán a insistir con la presentación del proyecto de ley que busca legalizar el aborto, esta vez con algunas modificaciones. Se busca que a partir de la renovación de las cámaras este año, el proyecto pueda finalmente ser aprobado.
Después de un 2018 en donde el movimiento de mujeres consiguió la media sanción del proyecto de ley de Interrupción Legal del Embarazo, este año se buscará seguir marcando la agenda sobre el debate del aborto y aspirar a que la conformación de un nuevo Congreso termine por aprobar la iniciativa.
Este 28 de mayo, un conjunto amplio de organizaciones de mujeres y feministas volverá a insistir con el proyecto que despenaliza y legaliza el aborto en las primeras 14 semanas de gestación y también cuando corre riesgo la vida de la mujer, y en casos de violación.
Pero el nuevo proyecto tendrá modificaciones, a raíz de los extensos debates que se dieron a lo largo de la Cámara de Diputados y de Senadores, así como también de observaciones que el mismo movimiento de mujeres hizo.
En ese sentido, se incluirá un capítulo especialmente dedicado a reafirmar la obligación del Estado en la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI), así como también de proveer “asesorías para las mujeres o personas gestantes”, en donde se pueda realizar un debido acompañamiento.
Por otro lado, el nuevo proyecto también avanzará en enfatizar penas para las autoridades de instituciones médicas –públicas o privadas- que impidan un aborto legal, así como a su personal médico. En este punto, se fijan penas de prisión de 3 meses a 1 año e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena a la autoridad o profesional de un hospital o institución de salud que “dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados”. A su vez, eleva hasta 5 años la pena de prisión “si resultara la muerte de la mujer o persona gestante”.
También, el nuevo texto eliminará el punto de la posibilidad de abortar frente a la causal de “graves malformaciones fetales”, luego de que se escuchara atentamente la perspectiva de las organizaciones que trabajan por los derechos de las personas discapacitadas.
Por último, también se detallará con mayor precisión las edades en donde la persona puede aplicarse un aborto. Según el nuevo proyecto, si se trata de una persona menor de 13 años, “se requerirá su consentimiento informado con asistencia de al menos uno de sus progenitores o representantes legales”.
Por su parte, entre los 13 y los 16 “se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar debido consentimiento”.
