El “IPV paralelo” de Bertone: Fiscalía de Estado detectó numerosas irregularidades en convenios para viviendas

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Fue a partir de una presentación de empleados del IPV Ushuaia a finales de la pasada gestión por una serie de irregularidades, a las cuales ayer la Fiscalía de Estado respondió demandando a la actual gestión, diversas correcciones e incluso posibles denuncias.

La presentación realizada por siete empleados del IPV Ushuaia tuvo la respuesta del Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, quien entre tantas irregularidades pidió “revisar” distintas convenios firmados por el anterior presidente, Gustavo Vázquez, con diversas asociaciones y entidades gremiales, sobrepasando por la demanda general de los listados de postulantes.

La resolución apunta a convenios como los firmados con gastronómicos de UTHGRA, aeronáuticos de APA, taxistas de SIPETAX, el UOYEP de plásticos y otros; en algunos de los cuales la fiscalía aseguró que se incluyeron beneficiarios de esas asociaciones que ni siquiera estaban anotados en los listados del IPV.

Asimismo cuestiona el convenio firmado con la cooperativa “Nuestro Techo” para la construcción de 29 viviendas por más de 76 millones de pesos, afectando suelo que ya estaba comprometido con la urbanización del sector II del barrio Río Pipo.

En todos los casos los convenios firmados en plena campaña electoral no tuvieron dictámenes de las áreas Técnica, ni de la Legal, obviando el normal circuito administrativo del ente.

Asimismo cuestiona en la convocatoria a planes de ahorro previo para obtener un lote que se convocó a los beneficiarios de la demanda general hasta el 31 de diciembre de 2008 y a los de las asociaciones; “pertenecer a un colectivo (sindicato o asociación) se emplee con fines encubiertos o bien acabe por enervar de un modo irrazonable las posibilidades de un individuo o una familia que no pertenecen a él para obtener un hábitat”.

Allí ratifica una vez más el fiscal de Estado, “algunas de las personas incluidas en los listados de asociaciones y mutuales firmantes… no estaban previamente inscriptas”
Otro dato contundente del dictamen es que de los listados de la demanda general se convocaron a 116 familias solamente, y de los convenios suscriptos con las organizaciones, 226.
“Los convocados de la demanda general llegaron a los inscriptos desde el año 2008, es decir hace casi 12 años, mientras que algunos de los individuos asociaciones ni siquiera se habían alistado en los padrones del instituto al momento de ser propuestos por su colectivo”.
El fiscal finalmente reclama que a partir de estos convenios el IPV para la autogestión de soluciones habitaciones “ejerza su rol de contralor sobre los listados” y que las respuestas habitaciones sean “equitativas” y “en un tiempo razonable”.

Viabilidad del proyecto Cabo de Mar
Asimismo entre los numerosos cuestionamientos técnicos apuntaron también a la licitación privada del proyecto de urbanización Cabo de Mar en la margen sur de Río Grande para más de 2500 soluciones habitacionales.

En septiembre del año 2019 se llamó a licitación privada para el estudio de impacto ambiental, en una decisión que no contó con avales técnicos y legales desde adentro del Instituto.

El Fiscal de Estado pidió revisar esa medida y convocar a esas áreas a fin de que emitan una opinión al respecto del carácter “privado” de esa licitación.

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