El dramático pronostico llevó a postergar nuevas sanciones a Rusia. Los gobiernos europeos temen una reacción social explosiva.
Josep Borrell aseguró que las sanciones contra Rusia no son un error, pareció una justificación ante el fuerte debate interno que atraviesa la Unión Europea. Lo dijo durante una reunión con los ministros europeos de Asuntos Exteriores que tuvo lugar este lunes, en medio de la incertidumbre por el potencial corte del suministro de gas desde Rusia y una posible recesión en Alemania. El jefe de la diplomacia intenta levantar el ánimo en el continente, pero el consenso para nuevas sanciones se está resquebrajando.
El próximo paquete apunta al oro ruso, cuando en realidad se suponía que tras el bloqueo al petróleo se avanzaría sobre el gas. Sin embargo, esa discusión fue descartada. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que si Europa no logra almacenar suficiente gas para este invierno el escenario será crítico, mientras que un informe del FMI publicado este martes destaca que la crisis energética provocará una caída del PBI de entre el 3 y el 6% en Alemania, Austria, Italia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Países Bajos y Polonia.
Las diferencias a la hora de acordar medidas para mitigar el aumento de los precios ya pusieron en jaque al gobierno de «unidad nacional» de Mario Draghi en Italia, y otros líderes se preguntan hasta cuándo podrán garantizar el apoyo a Ucrania antes de que el malestar social se torne explosivo. Un síntoma de ese agotamiento es que Bruselas acaba de aprobar el desembolso de 500 millones de euros -2500 millones en total desde el inicio de la invasión- para financiar al Ejército ucraniano, el mismo día en que el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, sostuviera que la guerra está lejos de terminar.
«La UE no previó en ningún momento la invasión, o lo hizo a último momento, cuando Alemania y Francia intentaron frenarla, pero ya era tarde. No se tomaron en cuenta contramedidas porque, al igual que los rusos, los europeos creían que Ucrania iba a caer rápido. Las sanciones están perjudicando a los países de la UE por la dependencia de la energía rusa y ahora les ha pillado el toro y tienen que tomar medidas rápidas porque puede haber una reacción por parte de la población, es decir, estallidos sociales por la crisis», dice a LPO Pablo Del Amo, historiador por la Universidad Complutense de Madrid.
Por otro lado, las tropas de Vladimir Putin siguen avanzando en el Donbás ocupado y las propias reservas de armamento de los países de la UE están agotándose por la ayuda militar a Ucrania. «Es posible que ante una posible conquista total del Donbás veamos negociaciones para un alto el fuego. En ese sentido, Europa tiene poco para decir, no puede mediar entre los dos países porque apoya a Ucrania y es parte de la guerra. Si la crisis energética pega muy fuerte, Alemania, Francia e Italia ya no apoyarán tan claramente a Ucrania, lo que podrían generar un gran daño, si bien la asistencia viene principalmente de EEUU, Polonia y los países bálticos», afirma el analista.
El ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, pide armas para su país y más sanciones contra Rusia como si se tratara de las primeras semanas de la invasión. Pero Borrell sabe que el descontento dentro del bloque excede a Hungría. De cierta forma, el conflicto no solo supone un precio político para los mandatarios europeos, sino una postergación de sus planes para el bloque. El caso más emblemático es el de Emmanuel Macron, que volvió a reflotar la idea de «autonomía estratégica» durante el desfile militar del 14 de julio.
La iniciativa del presidente francés perseguía una defensa europea propia antes de la campaña para su reelección. En el medio, la guerra se interpuso, Macron logró un segundo mandato con un resultado ajustado frente a Marine Le Pen y la OTAN recobró impulso, dejando la «autonomía estratégica» en segundo plano. Ni siquiera pudo promoverla desde la presidencia pro tempore del Consejo de la UE. El problema, para Del Amo, es la visión «cortoplacista» que domina entre los países del bloque.
«De la cumbre de Madrid ha salido un realineamiento total con las posturas de la OTAN. El problema es pensar que esto sucede porque está Joe Biden en la presidencia de EEUU. Él ha apostado por reforzar el vínculo transatlántico o euroatlántico, pero en el momento en que llegue al poder otra vez un Donald Trump se volverá al periodo 2016, cuando la OTAN estaba en muerte cerebral. No hay que poner todos los huevos en una sola cesta. La UE peca mucho al no tener un plan a largo plazo y guiarse por lo que dicen otras potencias», apunta.
En el plano más urgente, las previsiones de crecimiento a la baja conspiran contra los consensos. Viktor Orbán logró condicionar el bloqueo al petróleo ruso y las sanciones terminaron saliendo. Esta vez los funcionarios europeos reconocen que no hay margen para medidas contraproducentes. Los gobiernos europeos no quieren verse en el espejo de Draghi. En España, por ejemplo, pese a que Pedro Sánchez adoptó un paquete anticrisis más ambicioso que el de su todavía par italiano, el PP aparece en las encuestas como el partido más favorito para las próximas generales.
El talón de Aquiles de Europa, la economía alemana, definirá con seguridad la estrategia de la UE en los próximos meses. Los industriales del país advirtieron que la producción está en riesgo sin energía abundante. Michael Kretschmer, uno de los líderes de la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, pidió hoy «congelar» la guerra. «Si sigue así, se corre el riesgo de perder la fuerza económica necesaria para organizar la seguridad y seguir siendo competitivos», deslizó. Al mismo tiempo, desde Moscú, el expresidente ruso Dmitri Medvédev, tildaba a EEUU y la UE de «políticamente impotentes».
Una muestra de la flexibilidad a la que tendrá que apelar la UE es la decisión de desbloquear fondos de bancos rusos para destrabar el comercio de alimentos y fertilizantes. En Europa no quieren cargar con la responsabilidad de frenar recursos vitales para los países africanos y asiáticos. La propuesta debe ser aprobada, pero en la práctica supone suavizar las sanciones y deja entrever una estrategia más pragmática.