Los agresores habían atacado en grupo a la víctima delante de su marido, que estaba atado de pies y manos. Ocurrió mientras la pareja hacía montañismo en la provincia de Khorasan Razavi.
Los agresores fueron identificados por la policía de la localidad de Fariman como Ruhollah Javidi Rad, Mohammad Sayadi Baghansgani, Mohammad Hosseini y Mohammad Watandoost. Fueron acusados de secuestro y violación de una mujer y de amenazas de violencia contra un hombre, según el diario británico The Daily Mail.
El Tribunal Penal de Khorasan Razavi envió el caso al Tribunal Supremo, donde los cuatro hombres fueron condenados a muerte en la horca y luego ejecutados en la prisión central de Mashhad.
Las leyes iraníes están hechas para disuadir a las víctimas de denunciar los casos de abuso sexual. Según el código penal islámico adoptado por este país, la violación debe ser confirmada por varios testigos y el acto solo se considera como tal después de un cierto grado de penetración por parte del agresor. Si no hay suficientes testigos, las condenas solo pueden lograrse mediante la confesión o el “conocimiento del juez”.
Además, muchas veces las propias víctimas enfrentan cargos de adulterio, indecencia o comportamiento inmoral después de denunciar una agresión sexual. La legislación iraní disuade también a las víctimas de presentar una denuncia debido a la gravedad de la condena impuesta al acusado: la pena de muerte.
Irán es el segundo país en el ranking internacional de países que practican la pena de muerte después de China, según la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El país ejecutó al menos a 251 personas en 2019, según cifras extraoficiales recogidas por la ONG. Las ejecuciones se llevan a cabo principalmente mediante la horca.
Irán ocupa el primer lugar en ejecuciones de niños: de septiembre de 2009 a septiembre de 2020, se documentaron al menos 67 casos. La pena de muerte se suele imponer a menores, pero se espera que tengan 18 años para ejecutarlos.
