Nuevos actores en la gestión de servicios públicos en Buenos Aires

En los próximos meses, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y su conurbano enfrentarán una situación sin precedentes en más de tres décadas: deberán abonar sus facturas de luz, gas y nafta a la misma empresa. Además, un grupo empresarial busca hacerse cargo del servicio de agua y cloacas.
Economía16/09/2026PoloSurPoloSur

La consolidación de Edenor y Metrogas

José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti son desde 2021 los propietarios de Edenor, la principal distribuidora de energía eléctrica en el norte y oeste del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Adquirieron la compañía por 100 millones de dólares a Pampa Energía durante la pandemia, en un contexto de tarifas congeladas y perspectivas inciertas. Su estrategia se centró en lograr aumentos tarifarios y renegociar la deuda de la empresa con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), objetivos que finalmente alcanzaron.

Con la llegada de 2024 y el nuevo gobierno de Javier Milei, los empresarios reformaron su estatuto social para diversificarse en actividades relacionadas con el sector energético. Actualmente, Edenor tiene un valor de mercado superior a 550 millones de dólares y ha adquirido el 70% de las acciones de Metrogas, compradas a la petrolera YPF por 780 millones de dólares. Sin embargo, esta transacción está sujeta a la autorización del Gobierno para extender la concesión de Metrogas hasta 2047.

La búsqueda de AySA

En un movimiento estratégico, Filiberti ha presentado ofertas para adquirir el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), completando así su portafolio de servicios públicos. Filiberti, propietario de Transclor, proveedor de cloro para AySA, se encuentra en una posición privilegiada, ya que su empresa es uno de los principales consumidores industriales de la distribuidora de agua.

La concentración de servicios públicos en manos de un mismo grupo empresarial no se había visto en esta magnitud desde la década de 1990, cuando estos servicios estaban bajo control estatal. Aunque la integración vertical está prohibida, la participación de estas empresas en múltiples segmentos del mercado energético plantea interrogantes sobre la dinámica del sector.

Fuente original: Clarín Economía.

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