Pasó el referido funcionario por el Congreso de la Nación. Sus explicaciones sobre el colapso total del Sistema Argentino de Interconexión (SADI) no conformaron a nadie. La culpa no es del chancho sino de quien le da de comer. El principal responsable es el Poder Ejecutivo Nacional y, por tanto, el presidente Macri por ser su máxima autoridad. Debajo suyo, sigue en orden de responsabilidad el señor Lopetegui, por ser el encargado de la política energética argentina.
Las fallas de las líneas operadas y mantenidas por Transener las conocíamos desde el mismísimo domingo 16. El lunes a primera hora las divulgamos en un comunicado publicado en nuestro portal. Allí destacábamos, además, el insólito despacho desde CAMMESA que priorizó el costo de generación por sobre la seguridad del sistema. En efecto, y como explicamos oportunamente, el despacho estaba concentrado en la hidroelectricidad del corredor Litoral, con las térmicas al mínimo técnico y los aportes desde el Comahue muy reducidos. Es decir, el despacho concentrado no solamente en una única zona, sino precisamente en la zona más vulnerable de todo el sistema. ¿Por qué? Porque tenía una línea fuera de servicio y otra funcionando al límite desde hacía 45 días, como el mismo Lopetegui informó.
Es decir, la decisión de minimizar los costos de generación es política, y viene desde hace meses -como mínimo-. Se ahorran el gas y lo reservan para exportar, evitando aumentar las importaciones por cuestiones electoralistas (hicieron un gran show con el tema de los buques de GNL). Pero lo cierto es que de este ahorro el pueblo argentino no sólo no ve un centavo, sino que paga cada vez más cara la electricidad y el gas de red. Todo peso que ahorre esta gestión -lo mismo para la multa que perciban las empresas por el colapso- se destina a cubrir el blindaje del FMI, blindaje cuyos objetivos son financiar la fuga de capitales y la campaña a Macri.
De la exposición de Lopetegui surgió que el ENRE será la autoridad encargada de emitir las penalidades y montos de las multas. A propósito, el titular del ENRE, Andrés Chambouleyron, fue al menos 10 veces testigo de parte de transportistas y distribuidoras de la electricidad, entre 2002 y 2015, en sus demandas contra la República Argentina ante el CIADI. Si hubiéramos estado en los zapatos de los y las senadores le hubiéramos preguntado al Secretario: ¿Está Ud. al tanto de esto? ¿Qué medidas tomó Ud. para evitar conflictos de intereses? ¿Quién actúa en lugar de Chambouleyron cuando están involucradas empresas, accionistas, sociedades controlantes, etc. vinculadas directa o indirectamente a las firmas por él asesoradas? Como sea, el ENRE no puede decidir penalidades. Por eso nosotros propusimos crear una Comisión Bicameral del Congreso de la Nación. Inclusive, volver a auditarlo todo, recurriendo no solamente a una Universidad sino a varias.
El colapso es un síntoma de la política energética neoliberal. Como el apagón de La Plata, el apagón del 22 de enero que afectó a Edenor y a Edesur, como con los cortes por problemas en la distribución que empeoran todos los veranos desde que Macri asumió. El colapso es producto de la desregulación absoluta del sector, de la anarquía de mercado, de la cooptación empresarial de los entes reguladores (¿no sabía el ENRE que desde 2015 los técnicos de Transener estaban al tanto de los problemas con la torre 412?) y del abandono de obras de infraestructura, como por ejemplo las líneas del interconectado que hubieran evitado la asincronía del 16 de junio y que Macri paralizó ni bien asumido. Recordemos, no construyeron ni un kilómetro de líneas de alta tensión. Tiraron por la borda el Plan Federal de Transporte Eléctrico que venía ejecutando el Ministerio de Planificación y que fue récord histórico en expansión de la red. En fin, el colapso fue una consecuencia directa de la mercantilización de la energía y su transformación en un negociado VIP para un puñado de amigos/socios/parientes del presidente Macri, incluyéndolo al propio presidente también.
