Los ajustes de la actual gobernadora de Tierra del Fuego tienen varios capítulos, el primero de ellos se desencadena apena asume sus atributos como tal.
Enviando a la legislatura provincial que hoy funciona como una mera escribanía del gobierno de turno el denominado paquete de leyes de ajuste.
Esa madrugada del 9 de enero de 2016 sospechosamente se corta el enlace de internet en la provincia impidiendo el acceso a información de miles de fueguinos ante los acontecimientos que se estaban desencadenando.
Las leyes aprobadas impactan en el sector estatal y en los trabajadores por medio de la licuación de la deuda del gobierno con la Caja Previsional Estatal de aproximadamente 15.000 millones de pesos, ahorros de los aportes de los trabajadores que el Gobierno había usado para créditos a amigos del poder, dinero que nunca se devolvió; desmembramiento de la Obra Social, desregularizando la actual obra social de los estatales, quedando con una obra social destruida y con la opción de irse a una prepaga; el aumento de los años de la edad jubilatoria en 5 años, y en algunos casos en las mujeres, entre 10 a 15 años; pérdida del 82% móvil que regía en la Caja Provincial, estableciendo una nueva forma de cálculo que cuenta los últimos 120 meses en lugar de los 24 meses como era antes, bajando considerablemente la jubilación resultante a un 60% del sueldo en actividad en lugar del 82% actual; pérdida de la representación y del poder de decisión de los trabajadores al modificar la autonomía y autarquía de la Caja y Obra Social; la rebaja del salario a los trabajadores activos y a los jubilados que mediante un aporte solidario, que es en realidad un impuesto a la ganancia fueguino, le imponen rebajas que están en el 1%, el 3% y el 4,5%, de acuerdo a la edad en el caso de activos y de acuerdo al ingreso en el caso de los jubilados; y del descuento a los pensionados por discapacidad RUPE el 5%, quienes hasta la sanción de estas leyes, eran atendidos por la Obra Social del IPAUSS y el Ejecutivo debería reponerle a la Obra social estatal los gastos generados, esto nunca lo hizo y así el Gobierno acumuló más deuda con el IPAUSS, con estas leyes, es el pensionado discapacitado RUPE el que va a pagar lo que el ejecutivo nunca pagó.
Inmediatamente luego de estas circunstancias se despliegan medidas de fuerza por parte de los trabajadores que fueron sometidas a represión y un operativo de desgaste por parte del gobierno y mientras tanto en el sector industrial se sucedían una ola de despidos que dejo al sector de 13000 empleos a solo 9000, despidos que fueron tapados por los graves acontecimientos que se daban en el día de día del programa de lucha sindical que hasta llego al extremo del corte en el acceso a la ciudad capital de la provincia.
Luego del desgaste hubo un periodo de normalización y dirigentes gremiales entregados al poder de turno y otros que optaron por seguir en la lucha en desigualdad de condiciones.
Siguieron los despidos encubiertos en el sector industrial llamando al “ARREGLO” a trabajadores y delegados en distintas plantas industriales, y las autoridades provinciales dando cuenta de la excelente relación con el gobierno nacional y lo bueno que sería para Tierra del Fuego la diversificación de la matriz productiva que nunca nadie supo explicar ni en términos, ni condiciones de desarrollo.
Mientras tanto y luego del proceso electoral de medio término que le valió una gran victoria al oficialismo nacional y una tremenda derrota a la mandataria provincial Rosana Bertone. El gobierno nacional se sentía con los ánimos de avanzar a toda marcha con un plan de reformas convocando a los gobernadores al lanzamiento de los consensos básicos al que acudió Rosana Bertone y asentía con la cabeza a cada paso del discurso del presidente Macri.
Vendrían tras ese anuncio protocolar el anuncio real, las reformas y el pacto fiscal que sería anunciado por el propio ministro de finanzas de la nación Dujovne en el que mostraba una placa que disminuía los impuestos internos a los productos importados que actualmente se fabrican en Tierra del Fuego y eso encendió la mecha que Bertone aprovecho para convocar a todo el arco político de la provincia, proporcionándole el mejor escenario para mostrarse como una gran víctima del gobierno nacional. Sin embargo nadie reparo en la aclaración ese mismo día en palabras de Dujovne que todas las medidas seria de implementación gradual.
Bertone aprovecho al revuelo mediático para convocar a todos los actores políticos, gremiales y económicos de la provincia en casa de gobierno para la foto de unidad y sorpresivamente apenas unos días más tarde y sin consultar a ninguno de ellos firmaba la entrega llave en mano de la provincia a las autoridades nacionales, puntualmente al sector industrial congelamiento de salarios mediante.
Luego de la entrega, el gobierno nacional decide seguir avanzando aún más sobre Tierra del Fuego quitando las licencias no automáticas para celulares que hasta ese momento era la única medida no arancelaria que permitía controlar el ingreso indiscriminado de productos que se fabrican en Tierra del Fuego. Esta medida genero un retroceso de los dirigentes dela UOM de Rio Grande a la homologación del acuerdo firmado con afarte que promueve el polémico congelamiento de salarios por dos años, los dirigentes de UOM entregados a los caprichos de la gobernadora Bertone siguieron la obsecuencia y refrendaron el mismo.
Más tarde ingresa el tratamiento en el senado de la nación de la Reforma Previsional, instrumento de garantía del acuerdo por el pacto fiscal entre el gobierno nacional y las provincias, que luego de presiones de gobernadores a sus senadores avanza a la cámara de diputados donde avanza con dictamen de comisión pero fracasa en su tratamiento por escándalos, disturbios en el congreso y represión a manifestantes y diputados.
En la antesala a una nueva maniobra en la legislatura provincial el Superior Tribunal de Justicia de la provincia emite un fallo que perjudica a los municipios en virtud de un reclamo de la provincia a los mismos por el impuesto inmobiliario, no olvidemos que la propia Bertone se encargó personalmente de gestionar los medios económicos necesarios para construir un suntuoso edificio para el superior tribunal de justicia provincial por la módica suma de 90 millones de pesos.
No obstante Rosana Bertone envía otro duro paquete de leyes al parlamento para consolidar el ajuste en la provincia, lo que la ubica como la reina del ajuste a nivel nacional.
El paquete de leyes aprobado en la Legislatura y que solo conto con la negativa de los legisladores del MPF incluyo el consenso fiscal firmado días atrás entre la gobernadora Rosana Bertone y los intendentes Walter Vuoto (Ushuaia) y Claudio Queno (Tolhuin).
El acuerdo estipula reformas impositivas, previsionales y programas de retiro voluntario en el Estado.
El consenso fiscal entre el Gobierno y los municipios plantea, entre otros aspectos:
-Reafirmar la decisión de sostener en el ámbito provincial el sistema de previsión social para servidores públicos. A tal efecto se acuerda impulsar las reformas necesarias a los fines de encausar la situación de emergencia previsional (ley 1068) y las previsiones del artículo 23 de la ley 1070, previendo los recursos necesarios para garantizar la sustentabilidad del sistema de acuerdo a las proyecciones actuariales vigentes.
En este punto se detalla que el déficit proyectado por el presupuesto trianual presentado por la Caja de Previsión Social de Tierra del fuego ronda los $2.600 millones, por lo que se prorrogó a dos años la emergencia del sistema jubilatorio.
Asimismo, se establece un aporte compensatorio para los beneficiarios que hayan accedido a la jubilación con menos de 10 años de aportes efectivos en actividad a la caja de la provincia; así como la creación de un fondo de sustentabilidad compuesto por el 15% de la remuneración de aquellos trabajadores activos y pasivos que ganen más del sueldo de la Gobernadora.
Del mismo modo, el consenso fiscal establece que el haber inicial jubilatorio “se determinará como el 82% de los últimos 120 meses cuando se computen 25 años de aportes efectivos al sistema provincial”, manteniendo en 70 años el acceso a la jubilación por edad avanzada.
“La provincia y los municipios se comprometen a suscribir el convenio previsto en el artículo 22 de la Ley Provincial 1068, para aquellos que aún se encuentre en proceso de determinación de deuda con la Caja de Previsión Social”, agrega el acuerdo.
Y agrega: “Las partes se comprometen a reunirse en un plazo no mayor a 120 días corridos a los efectos de consensuar la modalidad de cobertura sobre la estimación del remanente del déficit aproximado estimado en $150.000.000 para el ejercicio 2018”.
-Programas de retiro: impulsar programas de retiro y/o prejubilación de empleados públicos provinciales y municipales. Los mismos serán financiados en parte por la Nación a través de las líneas de crédito especiales, e incluirán capacitaciones e incentivos para la reinserción laboral.
–Impuesto Inmobiliario: promover la adhesión al organismo federal de catastro, constituido por las provincias y la CABA, a los fines de determinar los procedimientos y metodologías de aplicación para todas las jurisdicciones, a fin de lograr valuaciones fiscales que reflejen la realidad de mercado inmobiliario y la dinámica territorial. Adoptar para el cálculo y determinación de las valuaciones fiscales de los inmuebles los procedimientos y metodologías de evaluación uniformes establecidas por el organismo federal.
–Tasas: promover la adecuación de tasas, de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable proporcionalidad con el costo de dicho servicio, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Nacional. Crear una base pública, en la provincia, en la que consten las tasas aplicables, que contenga hechos imponibles, bases imponibles, sujetos alcanzados, alícuotas, etc. y la normativa vigente al respecto. Impulsar un sistema único de liquidación y pago de tasas aplicable.
–Impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos: presentar a la Legislatura una reforma al código fiscal respecto a la tarifaria de acuerdo al anexo 1 del Consenso Fiscal firmado entre Nación, CABA y Provincias (El proyecto de reforma fiscal se trataba hoy también la última sesión ordinaria de la Legislatura).
-Fondo Federal Solidario: distribuir los recursos del Fondo Federal Solidario Decreto Nacional N° 206/2009 (aprobado por medio de la Resolución N° 1697/2009 emitida por la Cámara de Diputados de la Nación) y su par Decreto Provincial N° 636/2009, o la norma que el futuro lo remplace, entre los municipios que adhieran y cumplan el presente consenso, de acuerdo con la ley de coparticipación vigente, acrecentando proporcionalmente su participación sobre la de los municipios que no participan, por no haber adherido al consenso.
–Subsidios de gas domiciliario: acordar una reestructuración del valor del subsidio provincial priorizando a los beneficiarios con menor capacidad económica para lo cual provincia y municipios se comprometen a aportar las bases de datos necesarias para identificar a los mismos y trabajar articuladamente para avanzar en el tendido de redes de gas natural.
–Competencias concurrentes entre gobierno municipal y gobierno provincial: en el marco de ordenar y eficientizar el gasto público, a los fines de promover la actividad económica, la inversión y el empleo, el consenso fiscal establece un compromiso de las partes para relevar aquellas actividades que se realizan en forma concurrente, y evaluar la forma más eficaz y eficiente de realizarlas, de modo tal que no se superpongan competencias entre sí.
–Modificación de la Ley de Impuesto a las Ganancias: La Provincia y los Municipios establecen que los importes equivalente al recibido por la Provincia en el marco de los incisos b y d del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias que deberán ser destinado a obras públicas y programas sociales administrados por las provincias, será coparticipable a las Municipalidades que adhirieron al consenso en los índices de coparticipación de recursos nacionales establecidos en la legislación provincial vigente, debiendo mantener su afectación, pudiendo acrecentar proporcionalmente su participación sobre la de los Municipios que no participan (por no haber adherido o por no cumplir con el consenso).
-Compensación de Deudas Comunes: La Provincia y las Municipalidades que adhieran al consenso se reunirán en un plazo no mayor de 15 días corridos a los efectos de compensar las deudas mutuas que mantengan, comprometiéndose a la suscripción de acuerdos, pudiendo cancelar el saldo que resulte remanente en las cuotas que se convengan en cada caso.
“La Provincia se compromete, en el ámbito de su incumbencia, a acompañar a las Municipalidades al momento que estas soliciten autorización de endeudamiento y en los trámites que se encuentren pendientes ante la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior y Vivienda de la Nación y a requerir ante el Ministerio de Educación de la Nación el reconocimiento del FONID sobre los establecimientos educativos a cargo de las Municipalidades que adhirieron al consenso”, agrega el acuerdo.
