El eje central de la denuncia que ahora investiga la Justicia es que ambas centrales (cuyo resultado operativo financiero fue positivo para el Estado) serían privatizadas partiendo de una tasación que estaría u$s400 millones por debajo del valor real de ambas usinas. Eso sumado a que el Estado rescindió los contratos de construcción que tenían IECSA e Isolux abonando una compensación de $1.600 millones para sacarlos de la obra antes de tiempo. Esa rescisión fue firmada por aprobada por Enarsa en diciembre de 2016 y negociada entre Balboa y Calcaterra por orden de Aranguren. La Unión Transitoria de Empresas había solicitado -con el cambio de Gobierno- una redeterminación de precios por la obra adjudicada durante el kirchnerismo en 2010, de casi $9 mil millones. Enarsa acordó pagarle más de $500 millones y comprarle material para terminar la construcción por otros $1.100 millones. No hubo penalidades por obra inconclusa.
Brusco y Piccinini saltaron de IECSA al gabinete de Aranguren y quedaron en el comité de revisión de las redeterminaciones y en lo concerniente a las termoeléctricas. El proceso licitatorio donde Caputo pasó al frente incluye -además de las centrales- los contratos de venta de energía con Cammesa, el personal y la deuda por el financiamiento obtenido para la finalización de su construcción. Todo ello se puso en marcha con la firma del Decreto N° 882/2017 firmado por Macri el 1 de noviembre de 2017. Iguacel modificó los pliegos de condiciones eliminando la exigencia de asociarse con un “Operador Técnico” si las empresas licitantes no eran generadores en actividad de energía, lo que abrió el juego a inversores de amplio espectro. También suprimió el plazo de 14 meses para culminar obras pendientes. Y modificó los “montos mínimos” a pagar en efectivo según la nueva tasación de las centrales. Eso redundó en que Barragán fue tasada por el Estado en u$s305,9 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de u$s229 millones, mientras que para Brigadier López, la valuación oficial fue de u$s207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de u$s155 millones. Lo que no era en efectivo podría acreditarse mediante los bonos de deuda que ofrece Cammesa conocidos como LVFVD (Liquidaciones de Venta con Fecha de Vencimiento a Definir). Caputo es uno de los grandes tenedores de esos bonos y avanza como favorito para ambos emprendimientos.
El dilema con el precio de Tasación es que equivale a tres años de resultados operativos como los obtenidos en 2017 antes de impuestos (u$s121 millones para Barragán y u$s62 para Brigadier López). Por esto, la Justicia deberá decidir primero si concede una medida cautelar para frenar la privatización si la considera conectada a otra causa que avanza por el proceso de construcción de las centrales y determinar si existió una maniobra orientada a la venta de activos estatales estratégicos a “precio vil”, lo que equivale a una defraudación al Estado.
