El Gobierno quiere saber qué quiere la gente y qué piensa de su gestión. En rigor, ya lo venía haciendo. Pero con los cambios en el organigrama debió aggiornar la estructura de Jefatura de Gabinete para cubrir el área. Por eso decidió armar, bajo la batuta de Marcos Peña, una nueva “unidad ejecutora especial temporaria”.
Mediante la resolución 46/2018 se creó la “Unidad de Opinión Pública” para “conocer y analizar las demandas de la población”.
Estas unidades no pueden durar más de dos años, a menos que sea autorizada explícitamente en el Presupuesto. En la resolución, indica que la fecha de disolución será el 31 de diciembre de 2019 o cuando cumpla su objetivo.
La unidad será conducida por Mora Ximena Yazbeck Jozami, de 41 años, y muy cercana a Marcos Peña, quien venía desempeñándose como coordinadora de Seguimiento y Análisis de la Opinión Pública. Es la ex mujer de Fulvio Pompeo, secretario de Asuntos Estratégicos de Jefatura de Gabinete, pero trabajaba junto a Mauricio Macri antes que su exesposo. “Mora está en este proyecto desde 2002 y es una de las personas más valiosas del equipo de comunicación y tiene sobradas muestras de idoneidad para ejercer el cargo”, la defendió el secretario general de Presidencia Fernando de Andreis, al término de la reunión de Gabinete, en diálogo con Clarín. La hija de Aníbal Jozami tendrá nivel de subsecretaria.
Entre sus objetivos, la nueva unidad tendrá que elaborar un plan de seguimiento de la opinión pública que permita monitorear la gestión del gobierno y conocer las demandas de la población como insumo para el diseño y la implementación de las políticas públicas.
Además, tendrá que “recabar información sobre las principales demandas y problemáticas de los ciudadanos”; evaluar el nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre las políticas del Gobierno; coordinar la implementación de estudios de opinión pública y “asistir y asesorar en la materia a los ministerios y organismos que lo requieran”.
El uso de datos de la opinión publica había traído cierta polémica a mediados de 2016 el Gobierno cuando dictó una resolución que permitía a la Anses ceder sus bases de datos a la Secretaría de Comunicación Pública con el supuesto fin de enviar información más segmentada a la población. La movida fue criticada por la oposición que vio una intención del Gobierno de utilizar los datos en forma política y electoral.
Fuente:Clarin
