En el transcurso de los dos primeros años de gobierno, CAMBIEMOS replicó a nivel Nacional algunas herramientas operativas propias de la gestión pública administrativa que se venía utilizando en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas, el Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), con el fin de digitalizar todos los trámites y comunicaciones de gobierno: denuncias, licitaciones, resoluciones, registro civil, locación de obras y servicios, auditorías, entre otros.
Uno de los organismos que incorporó esta modalidad es la Inspección General de Justicia (IGJ) en lo atinente a la creación del nuevo tipo societario Sociedades Por Acciones Simplificadas (SAS). Como bien sabemos, a través de la sanción de la Ley de Emprendedores N° 27.349 que prevé su reglamentación, el oficialismo pretendió mover indirectamente la maquinaria del trabajo interno ante la carencia de inversiones extranjeras.
La realidad es que como toda nueva implementación “rápida”, al principio posee fallas. Grupos de emprendedores que iniciaron el proceso de constitución a través del sistema TAD (Trámites a Distancia) se encontraron con “la burocracia tecnológica”, en criollo: cuando remitían el trámite de constitución a la IGJ, por mal funcionamiento del sistema SADE se generaban errores en los estatutos, como omisión de los socios, domicilios, lo cual suscitaba un nuevo problema: la subsanación. Algunas veces esta última era inmediata, mientras que en otras se debía solicitar intervención al Ministerio de Modernización, y el trámite “exprés” ya no era tan exprés.
Ante la consulta de Nexofin, fuentes internas de la IGJ aseguraron estar realizando un relevamiento estadístico de las SAS en cuanto a diversos puntos: certificaciones, cantidad de unipersonales, elección de estatuto modelo, etc. y reconocieron estar teniendo “algún tipo de inconveniente”. Sobre este punto, afirmaron estar actuando en conjunto con el Ministerio de Modernización y el Ministerio de Producción en la búsqueda de soluciones globales. Asimismo, contaron estar trabajando junto con los diversos Colegios Profesionales para atender las distintas consultas que van surgiendo, sabiendo que en muchos casos los emprendedores consultan a los mismos.
La realidad en números, tal como el Ministro Francisco Cabrera celebró en el día de ayer bajo su cuenta oficial de Twitter, es que desde su implementación se crearon 500 SAS. No estamos hablando de PYMES o grandes empresas, sino de emprendimientos de baja envergadura que no generan impacto en el ámbito laboral.
Tributariamente hablando, es necesario destacar en forma positiva que la inscripción de una SAS en Ingresos Brutos/Convenio Multilateral, se realiza totalmente por internet a través del Sistema Padrón WEB sin necesidad de concurrir ni presentar formulario o documentación alguna en la dependencia más cercana de AGIP. Excelente iniciativa.
Por su parte, la AFIP informó que aquellas SAS inscriptas en dicho organismo estarán exceptuadas de cumplir con los requisitos establecidos en el Tïtulo I de la RG 1575 para la habilitación para emitir comprobantes “A”. Esto quiere decir que no están obligados a la presentación de formularios y documentación respaldatoria de sus bienes o cuenta bancaria.
Otro rasgo positivo es la eliminación de cualquier cepo informativo, tratándose la IGJ de un Registro público. Cualquier ciudadano puede consultar su base de datos a distancia bajo TAD con un pedido de informe que posee el valor de $ 360. Se aportó a la plataforma de Gobierno Abierto todos los datos de las sociedades e inscripciones realizadas del año 2013 a la fecha.
La iniciativa propuesta por el Gobierno Nacional, en cuanto a lograr revestir con un marco de legalidad a aquellos pequeños emprendimientos, es exitosa, pero en el apuro de poner en marcha este nuevo tipo societario, no se consideraron fallas que saltan a la vista al momento de usar este instrumento. Asimismo, no creo que la reciente creación de 500 SAS implique un impacto laboral, atento al público a quién se encuentra dirigido.
