Lo que tenemos que definir es si nos interesa tener una industria electrónica o no”. Frente al debate abierto acerca de los costos y beneficios de mantener el régimen promocional de Tierra del Fuego, Gustavo Castelli, CEO de BGH, plantea el mayor interrogante que atraviesa hoy a las empresas que producen en el país una amplia gama de electrónicos bajo un gran esquema de subsidios y con escasa competitividad. El Gobierno pretende resolver ambas cuestiones, pero reconocen que “es un problema complejo” porque el polo industrial tiene 10.800 empleados directos y 8.100 indirectos (el 26% del empleo privado total) y representa el 35% de los ingresos del Estado provincial.
Creado en 1972, el régimen promocional fueguino se estableció por ley (19.640) y desde entonces fue eje de controversias. Por lo pronto, el Gobierno limitará sus alcances permitiendo fabricar únicamente televisores, celulares y acondicionadores de aire. El resto de los productos (equipos de audio, codificadores de TV, microondas y computadoras, por ejemplo) se podrían importar sin restricciones vía licencias automáticas. Por otro lado, y con el objetivo de bajar los precios al consumidor, está prevista una baja del 35% al 16% en los aranceles a la importación de laptops, netbooks y tabletas.
Esa doble intención oficial, bajar el costo fiscal y los precios de los electrónicos, fue expuesta con crudeza por Oscar Aguad hace dos semanas. El ministro de Comunicaciones culpó al régimen de promoción fueguino por el atraso tecnológico en el país y la baja competitividad de la industria local. “Necesitamos tener la última tecnología al precio más barato posible porque hoy, con todas las prerrogativas que tiene Tierra del Fuego, este teléfono (aludiendo al iPhone) sale casi un 100% más caro que en los EE.UU.”, dijo.
Desde la isla lo cruzaron casi todos, desde la gobernadora, Rosana Bertone, hasta legisladores radicales. Igual, esas declaraciones causaron tal conmoción que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, viajó la semana pasada a Tierra del Fuego para anunciar obras. Y al ser consultado sobre la continuidad del régimen, tranquilizó: “La verdad es que la promoción industrial tiene su sentido, tiene que quedarse y tiene que mejorar”. Pero agregó que “tenemos que mejorar las políticas públicas permanentemente. La promoción tal cual está alcanza para algunas cosas, pero es evidente que no alcanza para otras”.
Los dichos encierran una encrucijada. Tiene una importancia crucial para la economía fueguina, sobre todo para los 75.000 habitantes de Río Grande. Pero sostener al régimen (los fabricantes no pagan IVA, Ganancias ni derechos de importación) este año representará $30.114 millones. La cifra surge del presupuesto 2016, donde es posible evaluar el esfuerzo fiscal de varios proyectos de promoción, como el de fomento a las pymes ($1.622 millones), a la investigación y desarrollo científico y tecnológico ($120 millones), a la educación técnica ($340 millones), y por la ley del software ($673 millones).
“Tierra del Fuego depende del régimen. Somos conscientes de eso y todo proceso de cambio hay que hacerlo con cuidado, en forma progresiva, consensuando con todos y teniendo en cuenta a los trabajadores. Pero hay que hacerlo”, dijo a iEco el subsecretario de Industria, Martín Etchegoyen. El funcionario, de todos modos, aclaró que se están evaluando alternativas para diversificar la matriz productiva de la isla para bajar el costo fiscal, como la petroquímica, energía, pesca, producción maderera, entre otras. “Hay que explorar otras vías, esto no es un problema binario y hay que encararlo, algo que nunca se hizo”, advirtió.
A los fabricantes fueguinos, las críticas de Aguad los puso en alerta. Algunos creen que, en realidad, es el pensamiento fiel del presidente Mauricio Macri. “Una declaración así es algo oficial, y preocupa porque es la opinión de un ministro”, dice Castelli, de BGH. El ejecutivo destaca que la opinión de Aguad “no tiene fundamento real del tema y niego rotundamente que estemos atrasados tecnológicamente”. Por otro lado, reconoce que los precios de la producción local son altos, pero “esto no es un problema sólo del régimen, sino de toda la industria en general, que no es competitiva”, sentenció.
El régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego acaba de cumplir 44 años. Inicialmente, su objetivo fue atraer inversiones productivas para poblar una isla que, en 1972, tenía apenas 7.000 habitantes, en su mayoría chilenos. Hoy viven allí más de 140.000 personas, distribuidas principalmente entre Ushuaia y Río Grande. El dilema de la fabricación electrónica, coinciden los industriales, es que funciona en base a subsidios y es muy difícil modificar esa situación. “La electrónica se produce de este modo en todo el mundo”, dicen.
Contra los cuestionamientos El Gobierno provincial defiende el modelo y sobre todo al régimen promocional. “Las críticas provienen de gente que no conoce Tierra del Fuego. Trabajamos para mejorar la competitividad, como le pasa a toda la industria nacional. Pero de nada sirve malograr lo que se consiguió con tanto esfuerzo”, explica Ramiro Caballero, el ministro de Industria fueguino. En este aspecto, el funcionario remarca que existen coincidencias con el Gobierno nacional. Y con respecto a los cuestionamientos al régimen, Caballero señala “que sin producción no hay costo fiscal, y eso perjudica al mercado argentino”.
Desde la AFARTE (la entidad que agrupa a los fabricantes de electrónica, entre ellos NewSan, BGH, TPVision (Philips), Mirgor, Iatec y Brightstar) aceptan con resignación las limitaciones al régimen. “El objetivo de poblar la isla se cumplió. Ahora nos piden un plan de reconversión del perfil productivo y estamos de acuerdo con eso, pero para que sea a una escala que incluya 12.000 empleos se necesita tiempo”, señaló un ejecutivo de esa cámara empresaria.
En el sector existe incertidumbre por el futuro de la industria electrónica. Aunque el Gobierno dejó aclarado que la continuidad del régimen no está en duda, “lo que pedimos es reglas de juego claras, porque como empresa necesitamos un horizonte seguro cuanto antes para decidir si invertimos o no”, señaló Luis Galli, presidente del grupo NewSan. El alto ejecutivo coincide en que la falta de competitividad no es exclusiva de la industria fueguina, porque “cualquier industria en la Argentina es más cara. Esto pasa con los jeans, con los autos. Reconocemos eso, es verdad que tenemos que mejorar temas como la logística, la productividad, la mano de obra, pero no alcanza con eso. También está el costo argentino y los temas tributarios”, enumera Galli.
Fuente: Clarin
