A principios de este mes, la filial de grupo recibió una notificación del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 14 del Departamento de Mar de Plata en la que se le avisa de la acción emprendida por Consumidores Alerta Asociación Civil (Consal) contra las prácticas llevadas a cabo en distintos productos comercializados a sus usuarios.
Según el escrito, la demanda reclama que se declare ilegal y nula la conducta del banco para “disfrazar mediante un único contrato diversos productos (tarjeta de crédito, descubierto en cuenta corriente y préstamos personales) con el fin de cobrar precios diferenciados por cada uno, cuando solo existiría un único producto o servicio ofrecido y contratado”.
En la denuncia, que está siendo tramitada por el juzgado, se solicita la ordenación de la devolución a los consumidores de lo percibido de más, incluyendo intereses de demora, y la aplicación del daño punitivo para cada caso.
BBVA Francés, la franquicia del grupo español, está analizando el contenido de la demanda y el perjuicio que podría ocasionar una resolución desfavorable, aunque sostiene que la acción no clarifica un monto determinado. La entidad, por ello, sostiene que es “materialmente imposible” determinar la cuantía de tal efecto, aunque matiza que “no tendrá un impacto significativo en su patrimonio y actividad”.
La denuncia se produce en un momento en que el país atraviesa por una situación complicada, en la que ha tenido que solicitar ayuda al FMI. Este entorno afectará a los resultados del banco español y se suma a las consecuencias de la depreciación de la lira sobre la contribución de Turquía, su tercer mayor mercado.
En las últimas semanas, el que será presidente del grupo a partir de enero de 2019, Carlos Torres, ha quitado hierro al efecto de la crisis argentina, al igual que de la turca. En este sentido ha limitado a un 3 o 4% el eventual recorte de los beneficios en el país sudamericano. Destaca, asimismo, la diversificación de BBVA y la autonomía tanto en liquidez como capital.
El año pasado, el banco inyectó en su franquicia argentina 400 millones de euros para potenciar su crecimiento y avanzar en el plan de transformación digital.Asimismo, tiene diseñado un plan de desinversiones, algunas de las cuales ya se han materializado. Así, en julio de este año se deshizo de una serie de inmuebles en Buenos Aires por unos 19 millones de dólares y tiene en marcha la venta de su participación en Prisma Medios de Pago, operación que previsiblemente se cerrará antes de finales de 2018.
La demanda argentina se produce en un momento en que el banco se expone, como el resto del sector en España, a las consecuencias de una resolución del Tribunal Supremo contraria a los interés del sistema financiero sobre quién debe sufragar el coste del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD) tras la sentencia de hace diez días, en la que eximía a los prestatarios de las hipotecas del pago de este gravamen y se lo imponía a las entidades. La decisión se conocerá el 5 de noviembre, previsiblemente.
