Al mejor estilo CAMBIEMOS: El actual gobierno culpo al anterior por las 10 Mil Hectáreas

El ministro de Gobierno con pobres argumentos señaló que “nos duele mucho esta desidia del gobierno de Fabiana Ríos de consentir explícitamente en no apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo”. De esta manera desesperadamente buscaron culpar al gobierno anterior.

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El ministro Álvarez desesperadamente intento argumentar de manera muy endeble que la decisión de ceder 10 mil hectáreas de una reserva natural son responsabilidad del gobierno anterior y lamentó que “la resolución del Supremo Tribunal de Justicia provincial quedó firme en el 2015. La sentencia según lo manifiesta el ministro obliga a la provincia a adjudicar, cumpliendo con el imperio de la ley 1184.

Sin embargo desde el gobierno omitieron decir que los legisladores tenían la potestad de defender el derecho de la mayoría de los ciudadanos fueguinos por sobre el derecho arbitrario de apenas un solo ciudadano y es por ello que el poder legislativo es soberano ante este tipo de decisiones.

Pero por el condicionamiento expuesto por el ministro, la provincia procedió a pasar el decreto de adjudicación a la Legislatura, para su ratificación, como si la legislatura provincial se tratara de una mera escribania, como si este fuera un acto de mero control.

El gobierno se justifico diciendo, no es una decisión del Ejecutivo, es una sentencia judicial que obliga al Gobierno a cumplir con la manda judicial, por la decisión explícita y la desidia del gobierno de Ríos. 

Este gobierno se está haciendo cargo de los desaguisados que dejó el gobierno del PSP y que todavía estamos pagando las consecuencias. No se trata de un desorden aislado, ya que son múltiples los descalabros que dejó dicha gestión. Tampoco hizo juicios por la restitución del 15 por ciento y dejó prescribir años, entre otros perjuicios para la provincia”.

“Nos duele mucho esta desidia del gobierno de Fabiana Ríos de consentir explícitamente en no apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo. En consecuencia, a nosotros solo nos queda cumplir la sentencia firme. El pase por la Legislatura obedece a un requisito previsto por la ley 1184, pero ya no podía revertirse el fallo, porque estaba firme. Si no lo cumplíamos, se trataría de un delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, con responsabilidad penal por desobediencia sobre los legisladores”, destacó Álvarez.

Por último, el ministro se refirió a la posición esgrimida por la oposición al señalar que ahora se hacen los desentendidos  los representantes del PSP y el intendente Gustavo Melella. El legislador Löffler, quien en la actualidad es socio político de la ex gobernadora Ríos, tendría que pedirle explicaciones a ella, de por qué esto no se resolvió antes. Melella tendrá que pedirle justificaciones a Fabiana Ríos respecto de por qué decidió no ir a la  última instancia, porque el fiscal de Estado en su dictamen, dice claramente que es “dificultoso”, pero no dice que es “imposible”.

Entonces daba la posibilidad de instar a un recurso superior. En el peor de los casos, si nos iba mal en la justicia federal, perdíamos las costas de un juicio. Hay responsabilidad política de Fabiana Ríos, hay responsabilidad política del PSP y del vicegobernador de ese entonces Crocianelli, quien compartió el criterio con la Legal y Técnica. Pero la máxima responsabilidad política es de Fabiana Ríos”.

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